Para el representante Jim McGovern y el exsenador Patrick Leahy, ambos demócratas, el presidente de Estados Unidos debería sacar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de acuerdo con un artículo que publicaron en el diario The Boston Globe.
“Casi todos los funcionarios de inteligencia y diplomáticos de las administraciones demócrata y republicana están de acuerdo con esto: la designación no tenía mérito”, escriben sobre la decisión tomada durante los últimos días de la administración Trump.
“En Washington es un secreto a voces que Cuba no pertenece a la lista y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas”, subrayan.
Sin embargo, ya ha transcurrido más de la mitad del mandato del presidente Biden, y Cuba sigue incluida en esa lista. La industria privada, los grupos religiosos, las ONG, las universidades e incluso los gobiernos extranjeros, dicen, corren el riesgo de ser perseguidos por casi cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión o comercio con ciudadanos cubanos.
Ambos coinciden en que las políticas estadounidenses han ayudado a crear una crisis humanitaria en la isla, combinadas con la mala gestión del Gobierno y las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la COVID-19.
“Y ahora, como resultado de la grave escasez de alimentos, medicinas, combustible y otras necesidades, un número sin precedentes de cubanos está huyendo de la isla. En 2022, más de 313 000 cubanos indocumentados solicitaron la admisión a Estados Unidos, más del doble que en la flotilla del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994 juntas”.
La solución, enfatizan, es el compromiso de Estados Unidos con Cuba, lo que “nos permite defender mejor los derechos y aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.
Según sostienen, Biden debería renunciar al Título III de la Ley Helms-Burton, un intento equivocado de intimidar a otros países para que se unan involuntariamente a los esfuerzos de castigar al pueblo y a los empresarios cubanos, “incluso cuando nada tienen que ver con el Gobierno”.
Ambos políticos conminan a ampliar el diálogo diplomático con La Habana en temas como migración, seguridad marítima y protección del medio ambiente, y facilitar la exportación de productos agrícolas estadounidenses.
Por último, abogan porque más estadounidenses viajen a Cuba para apoyar al sector privado, lo que necesitaría el restablecimiento de la licencia general para viajes educativos individuales de persona a persona. Sería “un gran impulso a las empresas privadas”, concluyen.
