La colaboración entre diplomáticos canadienses y funcionarios estadounidenses en Cuba durante los primeros años de la investigación sobre el llamado Síndrome de La Habana ha vuelto a centrar la atención sobre uno de los episodios más controvertidos de la diplomacia internacional reciente.
Una exclusiva publicada por el diario canadiense The Globe and Mail y replicada por la agencia española EFE, asegura que representantes de Canadá recopilaron información en la isla y la compartieron con agentes estadounidenses entre 2016 y 2018, cuando comenzaron a registrarse los misteriosos problemas de salud denunciados por diplomáticos de ambos países.
Las revelaciones emergen además en un contexto en el que las propias agencias de inteligencia estadounidenses continúan sin haber podido verificar de manera concluyente el origen de los incidentes.
Una red de intercambio de información
Según el periódico canadiense, que cita a dos fuentes cuya identidad no revela, un diplomático canadiense obtuvo información de fuentes humanas en Cuba y, en determinadas ocasiones, la transmitió directamente a funcionarios estadounidenses destacados en La Habana.
La publicación también sostiene que personal canadiense utilizó equipos de comunicación vía satélite que habrían sido introducidos de forma encubierta en Cuba por Estados Unidos.
La tecnología viajó por vía marítima a finales de 2016. Al tratarse de paquetes diplomáticos, las autoridades cubanas no podían abrir los contenedores en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Según esta fuente, los equipos fueron instalados en el techo de la Embajada de Canadá y en viviendas de algunos diplomáticos de ese país. Las antenas, explicó la fuente, “podían utilizarse para cualquier cosa: podías usarlas para acceder a internet, podías usarlas para lo que sea que quisieras”.
De acuerdo con una de las fuentes citadas, la información recopilada era enviada tanto a la División de Seguridad e Inteligencia del Ministerio de Exteriores canadiense como al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS).
Los datos también habrían sido compartidos con los socios de Canadá en Five Eyes, la alianza de intercambio de inteligencia integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
Las revelaciones ofrecen una mirada inédita a las actividades desarrolladas por funcionarios canadienses en la isla durante uno de los momentos de mayor tensión diplomática entre Washington y La Habana en las últimas décadas.
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Ottawa niega actividades de espionaje
La respuesta oficial canadiense ha sido rechazar las acusaciones. Global Affairs Canada aseguró a The Globe and Mail que sus diplomáticos no compartieron inteligencia con agentes estadounidenses y defendió que el Programa Global de Informes de Seguridad (GSRP) recopila información de manera abierta y legal.
Según el organismo, el programa no debe ser considerado una estructura de inteligencia ni una operación de espionaje. Sin embargo, la controversia no es nueva.
En 2023, la entidad responsable de supervisar las actividades de seguridad nacional en Canadá concluyó que el GSRP operaba en una “zona claramente gris”, al tiempo que reconoció que algunos de sus integrantes mantenían contactos con agencias extranjeras de inteligencia.
Esas observaciones alimentaron el debate sobre los límites entre la recopilación de información diplomática y las actividades tradicionalmente asociadas al trabajo de inteligencia.
Un caso abierto a las especulaciones
El llamado Síndrome de La Habana surgió a finales de 2016, cuando diplomáticos estadounidenses destacados en la capital cubana comenzaron a reportar síntomas inusuales, entre ellos mareos, vértigo, dolores de cabeza, problemas cognitivos y molestias auditivas.
Con el paso de los años se notificaron incidentes similares en otros países, involucrando a personal diplomático, funcionarios gubernamentales y familiares de empleados estadounidenses.
Desde el inicio del caso surgieron especulaciones sobre la posible utilización de armas de energía dirigida o tecnologías desconocidas capaces de causar daños neurológicos. Algunas investigaciones periodísticas apuntaron a una eventual participación rusa, mientras otras hipótesis sugirieron explicaciones médicas o ambientales.
Sin embargo, ninguna de esas teorías ha sido demostrada de forma concluyente y La Habana, que por separado hizo su propia investigación, pero que no tuvo acceso a las hojas clínicas de los presuntos afectados, negó y niega cualquier involucramiento oficial en el episodio.
Por su parte, Canadá, cuyos diplomáticos también reportaron afectaciones de salud durante su estancia en Cuba, concluyó oficialmente en 2024 que no existían pruebas de que los síntomas fueran consecuencia de una acción maliciosa ejecutada por una potencia extranjera.
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Las dudas dentro de la inteligencia estadounidense
La posición de Estados Unidos ha sido más compleja y, en ocasiones, contradictoria.
Durante años, la mayoría de las agencias de inteligencia estadounidenses coincidieron en considerar poco probable que un adversario extranjero estuviera detrás de los incidentes de salud anómalos. Esa valoración se apoyaba en la ausencia de evidencias verificables que demostraran la existencia de un ataque coordinado o el uso de una tecnología específica.
No obstante, el consenso nunca fue absoluto.
Según funcionarios estadounidenses citados anteriormente por diversos medios, cinco de las siete principales agencias de inteligencia concluyeron que era muy improbable la responsabilidad de una potencia extranjera, mientras que otras dos mantenían abierta la posibilidad de que se hubiera desarrollado o utilizado algún tipo de arma novedosa.
Más recientemente, evaluaciones que descartaban la implicación de un actor extranjero fueron retiradas y sometidas a una nueva revisión, reflejando que el debate continúa abierto dentro de la propia comunidad de inteligencia estadounidense.
Nuevas investigaciones y litigios
El caso también sigue teniendo consecuencias legales y políticas. Un grupo de diplomáticos canadienses y familiares afectados mantiene una demanda multimillonaria contra el Gobierno de Canadá, al que acusan de no haber respondido adecuadamente a los problemas de salud sufridos en Cuba.
En paralelo, Ottawa recurrió en 2025 a mecanismos especiales de seguridad nacional para limitar la divulgación pública de determinados materiales relacionados con el proceso judicial, argumentando que su publicación podría perjudicar la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales del país.
Mientras tanto, nuevas informaciones mantienen vivo el interés sobre el caso. A comienzos de 2026, CNN reportó que una división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había adquirido mediante una operación encubierta un dispositivo considerado potencialmente relevante para la investigación. El equipo continúa siendo analizado y ninguna autoridad ha confirmado que guarde relación con los incidentes denunciados desde 2016.
A casi una década de los primeros reportes surgidos en La Habana, el llamado síndrome sigue envuelto en incertidumbre.
Las nuevas revelaciones sobre la cooperación entre diplomáticos canadienses y estadounidenses añaden una dimensión geopolítica al asunto, pero no resuelven la pregunta central que ha acompañado el caso desde sus inicios: qué provocó realmente los síntomas reportados por decenas de funcionarios en distintos países y por qué, pese a años de investigaciones, ninguna agencia ha logrado demostrar de forma concluyente su origen.










