Desde su inauguración presidencial en enero de 2017, Trump rechazó profundizar las periódicas conversaciones heredadas de la Administración Obama. Washington evitó trabajar con Cuba en la solución del impasse diplomático de los alegados ataques sónicos. Trump optó por usar esos incidentes para reducir el personal diplomático en ambas embajadas, generando incumplimientos de los acuerdos migratorios de 1994-1995 sobre el otorgamiento de por lo menos veinte mil visas anuales.
Por motivos electorales, o quizás de su relación con la bancada republicana en el Congreso, Trump ha entregado al senador Marco Rubio la política hacia Cuba. Inmediatamente se hicieron notar los efectos de esta decisión en, al menos, tres dimensiones:
- Sin una mínima exploración de contactos con buena voluntad, es difícil dilucidar dónde Cuba y Estados Unidos podrían llegar a acuerdos, qué temas son intratables, y en cuáles podría focalizarse un acercamiento.
- La comunicación con Cuba privilegia como interlocutores a partidarios del desmantelamiento inmediato del gobierno cubano, comprometiendo cualquier credibilidad de independencia en una oposición cubana, renuente en su mayoría a expresarse con claridad contra la intervención indebida en los asuntos internos de su país.
- La conversación sobre Cuba con terceros actores internacionales, como América Latina, Canadá y la Unión Europea, coloca el tema en un callejón sin salida al requerir la aceptación por ellos también de esas posturas maximalistas. Justo en la víspera del anuncio por el embajador John Bolton en Miami sobre la próxima activación de los Capítulos III y IV de la Ley Helms-Burton, las comisionadas para las relaciones exteriores Federica Mogherini, y comercio Cecilia Maelstrom, secundadas por el ministerio español de relaciones exteriores, se declararon a favor de entablar litigio legal contra EE.UU. en la organización mundial de Comercio. Luego la ministra canadiense de relaciones exteriores, Christya Freeland, se sumó a la posición.
Ante la ausencia de socios relevantes para su agenda maximalista, no solo entre el gobierno, sino incluso en la sociedad civil cubana y el sistema internacional, la administración Trump elevó la retórica agresiva, amenazando con sanciones que tienen el propósito de enrarecer el clima inversionista en la isla y dificultar el ritmo, alcance y posibilidades de las nuevas estructuras pro mercado.
El personal es la política
El acto mismo celebrado en Miami con el embajador Bolton para anunciar las nuevas represalias contra Cuba, llevó la chapucería y falta de profesionalidad de la administración a límites desconocidos.
Para empezar, la cantante a cargo de entonar los himnos nacionales de Estados Unidos y Cuba alteró la letra del cubano, cambiando el sentido de versos claves. Luego de ese desaguisado, comenzó un mitin electoral, en el que el congresista Mario Díaz-Balart, en un ejercicio de “perfiles de coraje” al revés, la emprendió contra el presidente Kennedy, a quien acusó de “débil” y –¡vaya ingratitud!– de ser responsable de la derrota de la Brigada 2506, cuando cincuenta años atrás ese cuerpo expedicionario que invadió Cuba y fue derrotado por el gobierno cubano y las milicias revolucionarias afines, lo hizo organizado y subordinado al gobierno estadounidense.
Desde junio de 2017, la Administración Trump hizo retornar la política hacia Cuba a la estrategia de cambio de régimen impuesta desde Washington, aprobada en la ley Helms-Burton de 1996.
Esta visión cuajó en 2018 con los ascensos neoconservadores de Mike Pompeo a secretario de Estado y John Bolton a consejero de seguridad nacional.
En enero de 2019, el equipo sumó, como encargado de Venezuela, a Elliott Abrams, quien había sido rechazado como subsecretario de Estado por sus insultos a Trump durante la primaria republicana.
Con este personal a cargo de la política hacia Cuba, la crisis en Venezuela sin signos de ser resuelta y de cara al calendario electoral de 2020 en Estados Unidos, el pronóstico es de acrecentamiento de la hostilidad.
John Bolton
John Bolton empezó su trayectoria política en la oficina de Jesse Helms. En 2005, el senado lo removió como embajador a las Naciones Unidas por acosar a analistas profesionales del Departamento de Estado y la CIA sobre Cuba. Bajo la administración Reagan, Abrams obstaculizó diálogos con Cuba dentro de la mediación norteamericana sobre los conflictos en África Austral. Tras recibir ofertas de Fidel Castro sobre la situación en Angola, donde Cuba tenía más de treinta mil hombres, Abrams tupió la transferencia de información al secretario de Estado, George Shultz. La disposición cubana probó ser constructiva para un arreglo en el que los intereses norteamericanos salieron exitosos, cuando el entonces jefe de la Oficina de Intereses estadounidenses en Cuba, se comunicó directamente con la división de asuntos africanos, circunvalando a Abrams, para enojo de este último.
Para Bolton, Pompeo y Abrams, la prioridad no son los intereses nacionales de Estados Unidos, sino satisfacer al exilio cubano intransigente en la Florida. Su agenda es alinear la política norteamericana con las ansias revanchistas y de reclamación de propiedades. No se trata de promover la economía de mercado, o siquiera la democracia liberal para Cuba, sino de imponer en el poder a aquellos actores cubanos favoritos del exilio intransigente. Esos actores son hoy irrelevantes en el contexto cubano. No importa cuán fantasiosa pueda parecer la promesa “el año que viene en La Habana”. En el peor de los casos, la idea moviliza votos y recursos cubano-americanos, que las mayorías a favor de la negociación con La Habana nunca darían a Trump, por otras discrepancias.
Perdiendo oportunidades de influencia en una coyuntura crítica
La incapacidad de la política estadounidense para jugar algún papel constructivo en Cuba, se manifestó en la coyuntura crítica del ascenso de un nuevo Presidente en la isla, y el debate y aprobación por referendo de una significativa reforma constitucional.
En lugar de abrir espacios para reformas más profundas, la administración Trump elevó la retórica hostil contribuyendo a agrupar a significativos sectores de la población cubana en torno al patriotismo.
De cara a una Cuba con un nuevo liderazgo, y una Constitución mucho más abierta al mercado, la propiedad privada y algunos derechos humanos, aunque todavía lejana del modelo de la Declaración Universal, Estados Unidos desperdició la oportunidad dorada de resetear la relación, y sacudirse del fardo que la demonización de la era Castro representó en la percepción y el actuar estadounidense bajo la Ley Helms-Burton.
La brecha entre el diseño neoconservador y las realidades cubanas quedó demostrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba estuvo representada por el nuevo mandatario, Miguel Díaz-Canel. El presidente cubano tuvo encuentros con homólogos o cancilleres de Rusia, China, la Unión Europea, España, Argentina y otros actores internacionales; procuró aperturas con los sectores de negocios estadounidenses, la comunidad cubano-americana, y los sectores educacionales, culturales y religiosos, principales actores de los intercambios pueblo a pueblo. Todos menos Washington tantearon la nueva generación de líderes cubanos, pronosticada a regir los destinos del país en la próxima década.
Al momento de la votación anual de la AGNU sobre la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba”, el equipo estadounidense procuró incluir diez enmiendas condenatorias a La Habana, justificando la política de Washington en términos de derechos humanos. El resultado fue once derrotas (una por cada enmienda rechazada y otra por la resolución final, 189 contra dos (EE.UU. e Israel), sin siquiera reflejar el giro a la derecha en América Latina.
Varios aliados de EE.UU. explicaron su voto, argumentando que, aunque coincidían con Washington en las críticas al régimen cubano en áreas de derechos, la política de hostilidad contra Cuba no se justificaba en tales normas internacionales y era contraproducente a las mismas.
Elementos de distensión que resisten
El año 2018 también demostró los límites del lobby pro-embargo. Con partidarios de sus posturas en todas las posiciones claves de política exterior, incluyendo su principal alabardero, Mauricio Claver-Carone, en el directorio de América Latina en el consejo de seguridad nacional, el susodicho grupo se ha tragado la cooperación favorecida por los servicios profesionales en seguridad, protección costera y aplicación del orden.
Ha continuado el intercambio iniciado en administraciones anteriores en interdicción de narcóticos, tráfico ilegal de personas, y conversaciones entre militares para manejar el perímetro de la base naval de Guantánamo, evitando incidentes. En un caso sin precedentes el fiscal de West Palm Beach, Florida, participó en el procesamiento judicial y condena por un tribunal habanero a Marcos Yánez, un cubano emigrado que escapó a Cuba tras cometer un homicidio en la Florida.
En agosto, una operación coordinada con las agencias federales estadounidenses de seguridad, el Ministerio del Interior cubano capturó y extraditó a Joseph Mahmoud Dibee, acusado de arsonismo y terrorismo desde una agenda radical de protección animal, prófugo de la justicia estadounidense por doce años.
Una nota positiva, pero cancelada luego en abril de 2019 por la Casa Blanca, fue la firma de un acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de EE.UU. (MLB) en diciembre de 2018. El acuerdo, con similitudes a los firmados con varios países asiáticos –Japón, Corea del Sur– permitía la contratación de peloteros cubanos por los equipos estadounidenses, sujeta a una compensación a la Federación cubana por la preparación del atleta.
Varios peloteros en Cuba, Miami y las ligas mayores alabaron el convenio por legalizar la contratación, cerrando el camino al tráfico humano, y evitando riesgos que en el pasado habían puesto en peligro a los atletas, limitados por las regulaciones tanto de Cuba como de EE.UU.
Este rayo de distensión y normalización de relaciones en el deporte nacional de ambos países, fue denunciado por el senador Marco Rubio y otros representantes del exilio cubano intransigente. De todas formas, se ha creado un positivo precedente para el futuro.
Lo sucedido con el acuerdo entre las las ligas de béisbol es un buen punto para preguntarse qué pudo hacerse diferente desde el 17 de diciembre de 2014, en Cuba y en los sectores anti-embargo, para que el desmontaje de las políticas de distensión no ocurriese o tuviese menores impactos.
El acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas era legalmente posible desde octubre de 2016. En los primeros años de la Administración Trump, el equipo de John Kelly como jefe de gabinete, H.R. McMaster en seguridad nacional, y Tillerson en el Departamento de Estado, se comportó con bastante frialdad ante las demandas del senador Rubio y los congresistas cubano-americanos.
¿Qué hubiese pasado si se hubiese madrugado a la administración Trump con un acuerdo entre las ligas en febrero o marzo de 2017? ¿Qué era más importante y afín a los intereses de Cuba? ¿Marcar puntos ideológicos intrascendentes contra Obama y sobre “la pelota [profesional] esclava” o marcar la diferencia política poniendo sobre la grama de los estadios estadounidenses a peloteros cubanos bajo condiciones negociadas realistamente? El tiempo es una variable política en el que la asimetría cuenta. David no tiene los mismos tiempos que Goliath. Su ventana para usar la honda se abre y se cierra.
Otra dinámica constructiva fue la aprobación por el Congreso de la Ley de Agricultura (2018 Farm Bill), en la que legisladores anti-embargo incluyeron una enmienda que abre fondos para dos programas federales de promoción comercial (Market Access Program (MAP) and Foreign Market Development (FMD) en el mercadeo de productos alimentarios estadounidenses en Cuba. Cada vez que ha confrontado a los agricultores, desde el medio-oeste donde Trump tiene una importante base, el lobby pro-embargo ha sido derrotado. Queda por verse si Cuba capitaliza esa fractura en el muro de hostilidad.
Contra la reforma económica y los nuevos sectores emergentes en Cuba
Ya en 2019 el equipo neoconservador continuó tensando la tenaza, probando cuánto puede apretar la política de asfixia. Las nuevas restricciones anunciadas este 17 de abril por Bolton y Pompeo eran una tragedia por venir desde que el Departamento de Estado anunció la cancelación de las visas de entrada múltiple de hasta cinco años.
Hay en Cuba, un grupo de empresarios, artistas, líderes religiosos, intelectuales, periodistas independientes, de carácter más reformista que opositor, que explican muy bien una lógica no confrontacional, por la cual los cambios económicos, la ampliación de derechos a la libertad religiosa, la propiedad privada, el reforzamiento del papel de la ley y otros temas, llevarán por su propio desarrollo a aperturas políticas a mediano plazo. Estos sectores, dentro de una Cuba en reformas, habían desarrollado un activo intercambio con EE.UU. a tenor de las aperturas de Obama. Contra ellos, como rivales en ciernes, están dirigidas fundamentalmente las nuevas medidas de Bolton.
La visión evolutiva de reformas puede ser óptima para Cuba, pero no goza de ningún apoyo en la actual administración en EE.UU. El director de seguridad nacional para América Latina en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, ha dejado clara su perspectiva opuesta al desarrollo de una economía mixta y una sociedad civil más abierta en Cuba, si eso no implica la implosión del sistema unipartidista.
Una Cuba en desarrollo, a través de una reforma pacífica, cancela la posibilidad de un retorno victorioso de los sectores desplazados del poder por la Revolución de 1959 y el sueño de una restitución de propiedades. Son esos sectores los que recibieron a Bolton en el convite de la Brigada 2506.
Más que contra el gobierno cubano, la reducción de las visas y las restricciones a los viajes y remesas golpea directamente las oportunidades de contacto y aperturas asociadas a las visitas a EE.UU. de miles de cubanos, tras la flexibilización por Cuba de su política migratoria y de viajes en 2013 y las visitas de norteamericanos a Cuba.
Eliminación de las visas de 5 años: un mini bloqueo para el sector privado cubano
Es curioso cómo los mismos congresistas cubano-americanos que no son capaces de persuadir a sus votantes de la importancia de no viajar a Cuba, empujan a la administración Trump a poner nuevas restricciones de viaje contra el resto de los estadounidenses. Esta contradicción, que trata a los estadounidenses sin familia en Cuba como ciudadanos de segunda clase debe ser explotada más por el cabildeo anti-embargo. El propio senador Marco Rubio se interrogó una vez sobre la moral de los cubano-americanos pidiendo restricciones a los viajes a Cuba para otros estadounidenses cuando los vuelos desde Miami salían llenos de personas de la misma comunidad.
Un reto para los sectores emergentes en el ámbito privado, el arte autónomo, la intelectualidad librepensante es entender que, además de sus conflictos con las restricciones derivadas de la preferencia por el control social, derivada del carácter unipartidista del gobierno cubano (como el Decreto 349 o las limitaciones a la expansión de la propiedad privada), tienen que lidiar con una visión desde la administración Trump que es antagónica a sus valores e intereses.
Lamentablemente, esa claridad faltó en muchos de quienes representando a ese sector visitaron Washington a tenor de la apertura de Obama. Con la idea reconciliadora en los labios, desperdiciaron oportunidades en tanques pensantes y otros foros para golpear a sus adversarios dentro de la derecha exiliada. Muchas veces en Washington denunciaron más los problemas que los aquejan en Cuba, que los que tenían con quienes cabildean en Washington para asfixiar a la economía cubana toda. Perdieron la oportunidad, cuando tuvieron el podio, para denunciar a los congresistas cubano-americanos, los que apoyan el bloqueo, que no los representan en nada.
De cara al ciclo electoral
El reforzamiento de la hostilidad contra Cuba tiene una importante dimensión electorera, que se centra en la importancia de la Florida en el colegio electoral estadounidense y el papel de los cubanos de derecha como el único sector latino con el cual la candidatura de Trump puede contar.
A menos de una semana de los comicios de medio término de noviembre, John Bolton viajó a Miami para denunciar la “troika tiránica” (Cuba, Venezuela, y Nicaragua). En adelanto de la narrativa electoral del candidato Trump para las elecciones presidenciales de 2020, el asesor de seguridad nacional agrupó a los tres países como una amenaza a la libertad en el hemisferio. Nada original. Si suena como el discurso de Bush sobre el “eje del mal” es porque es mera copia haragana de la misma retórica.
El hecho de que parte de la emigración cubana haya apoyado a Trump y no se haya distanciado de él en este aspecto, profundiza las brechas de separación entre las partes de la nación cubana a ambos lados del Estrecho de la Florida.
Con el objetivo de ahuyentar posibles inversionistas de otros países y atemorizar a posibles inversionistas cubano-americanos que tantean el terreno a partir del nuevo plan económico y las declaraciones favorables del presidente Díaz-Canel sobre la comunidad emigrada, el Departamento de Estado desactivó la posposición del título III de la Ley Helms-Burton contra alrededor de doscientas empresas cubanas y ha anunciado la aplicación plena de ese apartado y del IV.
La activación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton consiste en una apertura de las cortes judiciales estadounidenses a reclamaciones sobre “tráfico con propiedades robadas” contra entidades cubanas o en asociación económica con Cuba que incluyan entre sus activos propiedades perdidas por ciudadanos estadounidenses al momento de las nacionalizaciones, o cubanos que se hayan nacionalizado norteamericanos con posterioridad. Esto último es una aplicación retroactiva de la ciudadanía estadounidense a ciudadanos que, cubanos al momento de las nacionalizaciones, deben buscar remedio en tribunales de Cuba a un problema en el que Estados Unidos no tiene jurisdicción. Esa aplicación retroactiva de la ciudadanía estadounidense es una violación, sin precedentes, de principios fundamentales del derecho.
Al abrir la caja de Pandora del Título III de la Ley Helms-Burton, la administración Trump rompe con antecedentes establecidos por todos los gobiernos demócratas y republicanos desde la aprobación de la legislación en 1996.
El acto es simbólico pues desde que Helms presentó su proyecto de ley, el Departamento de Estado avisó al Congreso de la contradicción entre este y el derecho internacional.
Tal como previeron los abogados de Foggy Bottom, la legislación puso a EE.UU. en conflicto con sus propios aliados, algunos de los cuales pasaron legislaciones antídoto contra la aplicación extraterritorial de leyes norteamericanas.
Entre los efectos inmediatos de la medida se pueden contar:
1) una nueva distracción política a aprovechar por el gobierno cubano cuando, ante la transición generacional en la presidencia, la población cubana demanda cambios imprescindibles en la economía y la política para adaptar el país al siglo XXI. No es que la urgencia de cambios desaparezca, pero la matriz desde la que se discuten permite un agrupamiento patriótico, donde la amenaza externa cuenta, y las expectativas bajan,
2) el sembrar temor golpea fundamentalmente a los potenciales inversionistas desde Estados Unidos y sus aliados Canadá, Europa y América Latina. La medida, por tanto, abre espacios para una interacción más activa con poderes no asociados a una reforma comprensiva hacia el mercado y un modelo político más abierto, rivales de EE.UU. como Rusia, China, e Irán,
3) el conflicto con las normas del derecho internacional de llevar ante las cortes estadounidenses a entidades que, operando en Cuba, no violan leyes cubanas, ni de sus países, ni internacionales; lo cual expresa la paradoja hegemónica de un EE.UU. con una política imperial en conflicto con un orden liberal desarrollado bajo su égida. “Donde las dan, las toman”. Los poderes rivales de Estados Unidos utilizan ya la acción ilegal norteamericana para justificar su propia subversión de la lógica internacional liberal, en términos de sanciones y otras áreas.
Todo lo anterior constituye un drenaje al capital político y los intereses estadounidenses a largo plazo, tanto en Cuba como a nivel global. Pero es de esperar, dada la matriz ideológica antiliberal del equipo de Trump, que el ciclo de acrimonia continúe. De cara a la campaña electoral de 2020, el enfrentamiento a Cuba gana en simbolismo electoral pues se presenta como extensión en lo internacional del rechazo al Partido Demócrata, al que se acusa de imponer “el socialismo” al pueblo norteamericano.
Trump va a seguir usando el fantasma de la “amenaza roja” para movilizar a una porción decisiva de la base republicana que no comparte su visión hacia la migración, pero votaría por él, asustada por un Partido Demócrata, supuestamente radicalizado. En la medida en que el calendario electoral se llena, es de esperar que Trump visite más Miami y procure hacia Cuba más sanciones y retórica hostil.