La Unión Europea (UE) señaló este miércoles que considerará «todas las opciones a su alcance» para proteger a las empresas europeas en Cuba, entre ellas la de prohibir la aplicación de sentencias de tribunales estadounidenses contra compañías comunitarias implantadas en la isla.
«La UE considerará todas las opciones a su alcance para proteger sus intereses legítimos, entre ellas aquellas relacionadas con sus derechos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a través del uso del ‘estatuto de bloqueo’ de la UE», dijeron en una nota la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
EEUU no renueva la exención de aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton (Ley Libertad) de 1996: la UE reitera su oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba por ser contrarias al derecho internacional https://t.co/o7KkcogOpX
— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) 17 de abril de 2019
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy la activación desde mayo, por primera vez en la historia, de una medida que permitirá endurecer el embargo económico a Cuba y reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana.
El «estatuto de bloqueo» de la UE prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III de la ley Helms-Burton Act dentro del territorio europeo, explicaron.
También permite a las compañías europeas demandadas en los tribunales de Estados Unidos recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas, agregaron.
En otro comunicado de Mogherini y Malmström, junto a la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, lamentaron la decisión de EE.UU. y consideraron que tendrá un «importante impacto en operadores legítimos europeos y canadienses en Cuba».
Señalaron que la aplicación de medidas unilaterales extraterritoriales a Cuba es «contraria a la ley internacional» y que ambas partes trabajarán juntas para «proteger los intereses de nuestras empresas en el contexto de la OMC y prohibir la aplicación del reconocimiento de sentencias extranjeras basadas en el Título III».
Aseguraron que sus respectivas leyes admiten contrademandas a cualquier demanda estadounidense, de manera que la decisión de EE.UU. de permitir denuncias contra empresas extranjeras «solo puede llevar a una espiral innecesaria de acciones legales».
La medida anunciada hoy por EE.UU. podría generar denuncias contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España.
Mogherini advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE.UU. ante la OMC si Washington implementaba esa medida.
La UE ya demandó a EE.UU. ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero retiró esa querella una vez que la Casa Blanca accedió a dejar en suspenso ese capítulo del texto.
Desde entonces todos los presidentes estadounidenses han mantenido, en notificaciones regulares al Congreso, la suspensión del Título III, hasta que Trump lo puso en duda este año en el marco del recrudecimiento de su política hacia Cuba.
España apela al derecho internacional
El Gobierno español advirtió este miércoles de que el endurecimiento del bloqueo económico a Cuba anunciado por Estados Unidos perjudica el proceso democratizador en la isla y va contra el derecho internacional.
Con un comunicado del Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo reaccionó así al anuncio estadounidense de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no renovará el próximo mayo la suspensión de Título III de la Ley Helms-Burton.
Este artículo de la Ley castiga las relaciones comerciales con Cuba, incluidas las que mantengan empresas no estadounidenses.
Gobierno español «respaldará absolutamente» a empresas de España en Cuba
España consideró que la aplicación de esa norma «no contribuye al objetivo común de seguir promoviendo la democracia, la apertura política y los derechos humanos en Cuba».
Por ello, el Gobierno español expresó «su tajante rechazo a esta decisión de la Administración estadounidense» y le invita «a seguir trabajando conjuntamente con España y con la Unión Europea en favor de la reforma política y democrática en Cuba», según el comunicado.
Para España y la Unión Europea, «disuadir y penalizar» el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla «atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana», según el Ministerio de Exteriores.
El comunicado también subraya que la aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al derecho internacional y «dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que enturbiarán la relación económica transatlántica».
Además, apunta que la UE «trabaja activamente» para adoptar las «medidas oportunas en foros multilaterales» que permitan defender los intereses y el futuro de las empresas españolas y europeas en Cuba.
Este miércoles, la Comisión Europea aseguró que «está preparada» para proteger los intereses de las empresas de la UE activas en Cuba, a la vez que reiteró «su fuerte oposición a la aplicación extraterrirorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al derecho internacional».
