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Marina Arismendi fue dos veces ministra de Desarrollo Social de Uruguay en los gobiernos de Tabaré Vázquez y es una figura histórica del Partido Comunista. En una entrevista con TV Ciudad el pasado 14 de octubre, rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre supuesto trabajo forzoso de los médicos cubanos que operan en el Hospital de Ojos José Martí. También contradijo el discurso oficial de que Montevideo no ha recibido presiones.
“Para mí, que me digan que se tienen que ir porque están por tal cosa de la OIT es una presión total”, afirmó. Lo dijo una semana después de que el canciller Mario Lubetkin diera por cerrado el diferendo con Washington.
Inicios de la polémica
A principios de septiembre, el semanario Búsqueda difundió un informe del Departamento de Estado sobre el supuesto “trabajo forzado” de médicos cubanos. El documento incluía a Uruguay entre los 15 países que pagarían directamente al Gobierno cubano por la presencia de trabajadores sanitarios de la isla.
Según fuentes del Ejecutivo citadas por Búsqueda, Washington comunicó la inclusión de Uruguay en el informe a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores mediante un non paper, una comunicación diplomática no oficial. Según The Rio Times, el informe se envió al Congreso estadounidense a fines de agosto y contabilizaba 21 trabajadores cubanos en Uruguay.
Poco después, el periodista Gabriel Pereyra, de Radio Sarandí, dijo que Estados Unidos amenazó con incluir a Uruguay en una “lista negra” de países que usan mano de obra esclava si seguía contratando a los profesionales cubanos, y con afectar la cooperación militar bilateral.
Lubetkin negó haber recibido una comunicación oficial con ese contenido, aunque admitió que “hay un diálogo” sobre el tema y defendió además la experiencia “extraordinaria”, porque los especialistas cubanos “le han dado vista a mucha gente”.
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, precisó entonces que en el hospital trabajan “unos 15 profesionales”, entre médicos y otros técnicos.
El hospital forma parte del Centro Hospitalario Saint Bois y su director, Alejandro Fischel, informó que allí se realizan unas 40 intervenciones diarias y que su laboratorio óptico produce unos 30 lentes al día, en su mayoría para niños del Programa de Salud Visual Escolar.
El 22 de septiembre, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, subió el tono: “Los uruguayos hacemos lo que consideramos que es mejor para el país, sin aceptar órdenes ajenas”. Sánchez calificó el aporte de los médicos cubanos como “una deuda que tenemos con ellos” y cifró en más de 100 mil los uruguayos que recuperaron la visión en dos décadas.
El acuerdo con Washington
El 7 de octubre, Lubetkin anunció un entendimiento con Estados Unidos y Cuba. Los 20 profesionales seguirán en el país, pero el Banco de Previsión Social (BPS) dejará de transferir los fondos a La Habana y les pagará el estipendio directamente.
“El cambio sustancial es que, en vez de pagar a este país, lo que hacemos es protección social y pago del estipendio al profesional”, explicó el canciller.
Lubetkin sostuvo que el Gobierno solo actualizó acuerdos “como habría que haberlos actualizado” y criticó la política de presión de Washington sobre la isla: “No es con la asfixia”.
Según The Rio Times, el BPS aporta unos 250 mil dólares anuales para estipendios y pasajes.
El caso uruguayo forma parte de una ofensiva regional por parte de EE. UU. En el último año, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago modificaron sus acuerdos con Cuba tras presiones estadounidenses, aunque varios mantuvieron a los profesionales bajo nuevas modalidades.
En julio, el Departamento de Estado sancionó al ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y a la empresa que se encarga de comercializar Servicios Médicos Cubanos.
Un proyecto de ley en el Parlamento
El mismo día del anuncio, la diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera, del Partido Nacional, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes en el que exige que los extranjeros que trabajan en Uruguay mediante convenios de cooperación cobren mensualmente, en el país, a su nombre y por vías trazables.
El texto también les garantiza conservar sus documentos de identidad y de viaje, prohíbe las represalias y pone el control en manos del Ministerio de Trabajo.
Aguilera ocupa desde marzo la banca del diputado titular Pablo Abdala y es la primera legisladora de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo.
Nació en Holguín en 1983, es ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica y se especializó en electromedicina. En Santiago de Cuba supervisaba los equipos del servicio de oftalmología del Hospital Juan Bruno Zayas.
En 2010 llegó a Uruguay como parte de la brigada médica cubana, encargada del equipamiento y, según su relato, poco después La Habana la hizo regresar con el pretexto de un curso que nunca existió, porque no la consideraba “persona confiable”.
Pudo volver a Montevideo porque conservaba su pasaporte y la cédula de residente temporal que Uruguay había exigido para todos los brigadistas, como garantía contra la retención de documentos. De aquella experiencia ha dicho que le “sacaban casi todo” lo que cobraba y “había control”.
La diputada reconoció los resultados de la Operación Milagro, aunque aclaró que su objetivo no es cerrar programas, sino “clausurar una zona gris”. Además, pidió informes al Ejecutivo sobre el costo y las condiciones del convenio, y sobre las donaciones enviadas a Cuba desde 2020.
Listas de espera “brutales”
Frente a ese debate, la exministra Arismendi reivindicó el origen del programa de solidaridad encabezado por profesionales cubanos de la salud.
En 2005, durante el Plan de Emergencia, los equipos del recién creado Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) recorrieron los hogares casa por casa, contó. Y en esas visitas encontraron personas en la indigencia que no veían por cataratas o pterigión, y listas de espera “brutales” en los hospitales.
“Encontramos gente joven, porque uno piensa que las cataratas son de gente mayor; encontramos hasta algún niño”, recordó. Según su relato, Vázquez la llamó desde Europa para preguntarle si se animaba a “meter 20 personas arriba de un avión” para operarlas en Cuba.
Los primeros pacientes viajaban vía Buenos Aires y se alojaban en Tarará, al este de La Habana, el mismo lugar que había acogido a los niños de Chernóbil. Arismendi calculó que unos 3 mil uruguayos viajaron a la isla antes de que se inaugurara el Hospital de Ojos en 2007.
La exministra contó que el MIDES pactó con la Sociedad de Oftalmología que los médicos uruguayos operaran a los pacientes de las listas de espera, pero ese compromiso no se cumplió.
Según las cifras que presentó, el programa suma unas 123 mil cirugías y 956 mil pesquisas, con 160 brigadistas a lo largo de más de 20 años de esta colaboración.
“Mi mamá anotaba lo que decía la gente. Anotó de un niño que decía: ‘El cielo es azul’. Eran cosas tremendamente emocionantes.”
Una ley de Lacalle y vacunas con Sanguinetti
Arismendi recordó que todos los convenios sanitarios con Cuba se apoyan en la Ley 16.290, que asienta el convenio de cooperación económico-industrial y científico-técnica entre ambos países. Cuando entró en vigor en 1992, gobernaba el país Luis Alberto Lacalle Herrera, del Partido Nacional, el mismo partido de la diputada Aguilera.
Arismendi mencionó también un convenio de 1996 entre los ministerios de Salud de ambos países para la compra de la vacuna pentavalente cubana, firmado bajo el segundo gobierno del colorado Julio María Sanguinetti. Con esos antecedentes, sostuvo que la cooperación con La Habana atraviesa gobiernos de distinto signo político.
Alojamiento, estipendio y pasajes
Sobre las condiciones de los médicos, Arismendi explicó que el convenio de 2007 garantiza alojamiento amueblado, comida y transporte. A eso se suman el estipendio y los pasajes de ida y vuelta, con sobreequipaje cuando visitan a sus familias. Todo ello, dijo, se pagaba a través del BPS.
La entrevistadora le preguntó por el testimonio radial de una exbrigadista cubana que denunció la retención de documentos y la falta de derechos laborales y sindicales.
Arismendi lo negó: “No es así”. Sin nombrarla, se refirió a Aguilera. Para la exministra, la libertad de movimiento de los cooperantes queda probada por el hecho de que “esta señora es diputada suplente” en Uruguay y su caso “pasó sin pena ni gloria”. También descartó que el país estuviera en falta con los derechos laborales de los médicos.“Nosotros no manejábamos esa plata, era todo a través del BPS, como tiene que ser.”
Paradójicamente, en el relato de la propia Aguilera, fue la exigencia uruguaya de documentar a los brigadistas lo que le permitió escapar del control de la misión. Según Arismendi, esa garantía demuestra que no hubo explotación; para Aguilera, la explotación salarial y la vigilancia existían igual, aunque los papeles estuvieran en orden.
“Esto es una tranquilidad que hay que darle a los jubilados y a los pensionistas: que la brigada se queda, que Cuba va a seguir cumpliendo y que no vamos a retroceder en este tema. El gobierno uruguayo no va a retroceder en este tema”, afirmó Arismendi.
Las declaraciones de Arismendi coinciden con un momento de acercamiento de Montevideo a La Habana. El 10 de octubre, Lubetkin abogó en Folha de S. Paulo por una negociación “franca” entre Cuba y Estados Unidos y por un diálogo dentro de la sociedad cubana. En esa misma entrevista ofreció enviar paneles solares a la isla, después de la donación de leche en polvo que Uruguay hizo junto con México.
