Eric Caraballoso
Ocho meses atrás Cuba dio un paso trascendental en su ordenamiento jurídico: la aprobación del nuevo Código de las Familias. Lo hizo en las urnas, el pasado 25 de septiembre de 2022, a través de un referendo popular en el que, según los datos oficiales, el texto fue refrendado con el 66,85 % de los votos válidos.
De esta forma, la normativa se convirtió en la única del proceso de renovación legislativa, derivado de la aprobación de la actual Carta Magna, que necesitó el voto de la población para respaldarse. A este punto se llegó luego de que se transfiriese a ella la decisión sobre temas aun polémicos para la sociedad cubana —como el matrimonio igualitario—, que habían avivado la controversia durante la consulta de la Constitución.
Finalmente, luego de 25 versiones, otro proceso de consulta popular, cambios, enmiendas y opiniones de expertos, y una intensa campaña comunicacional en la que el gobierno y los medios estatales se posicionaron a favor del “sí”, el Código fue validado por la Asamblea Nacional. Poco después, por los electores cubanos. Con ello, se puso fin a la vigencia de la anterior normativa, que databa de 1975.
No obstante, el referendo no fue precisamente un “paseo”. Evidenció las diferencias y contradicciones existentes sobre las propuestas del nuevo texto. Entre los temas más peliagudos, además del matrimonio entre personas del mismo sexo, también se cuentan otros, como la adopción por parejas LGBTIQ+, la gestación solidaria o subrogada, y la autonomía progresiva de los menores.
De acuerdo con el Consejo Electoral Nacional (CEN), si bien casi el 67 % de los cubanos que acudieron a las urnas votaron a favor del Código —unos 3,9 millones—, casi 2 millones (33.15 %) confirmó su desaprobación. A ello habría que agregar que más del 5.7 % de las boletas fueron anuladas o quedaron en blanco, en tanto más de 2,1 millones de personas no fueron a votar, con lo que la abstención se situó en el 25.88 %, una cifra nada despreciable dentro panorama electoral cubano.
Aún así, la aprobación de la normativa por una sociedad que convive con un machismo fuertemente enraizado, con una preocupante emergencia de tendencias conservadoras y fundamentalistas, y en medio de una severa crisis económica —que alentó la matriz del referendo como una especie de plebiscito a la gestión del gobierno—, resultó un hecho de indiscutible significación y resonancia. Y aún lo sigue siendo.
“Un punto de partida”
La noticia de la aprobación del Código fue celebrada por muchos dentro y fuera de la isla. Estas personas han resaltado no solo la amplitud de miras y modernidad de la norma, lo que hace de ella una de las más avanzadas de su tipo en el mundo, sino también su aprobación como un acto de justicia con determinados sectores y grupos poblacionales, como la comunidad LGBTIQ+. En este sentido, es visto como un necesario reconocimiento a los derechos de estas personas y una justa respuesta a reclamos históricos internacionales.
Con este enfoque se celebran las XVI Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, las primeras organizadas desde el referendo. Se desarrollan en la isla hasta este 20 de mayo bajo el lema “Por todas las familias, el amor es ley”. Precisamente, como parte de su programa, por estos días han tenido lugar varias actividades relacionadas con el tema. Por ejemplo, un panel sobre la implementación del Código, un foro virtual y una Mesa Redonda, transmitida por la radio y la televisión.
Justamente en este programa, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) —institución organizadora de las Jornadas y una de las más fuertes promotoras de la aprobación del Código—, enfatizó que lo sucedido “es un paso importante hacia una mayor igualdad y reconocimiento de los derechos de todas las familias en Cuba, independientemente de su composición”.
Además, acerca de la situación particular de las personas LGBTIQ+ Castro Espín consideró “fundamental” que “se logre flexibilizar la comprensión del género en la sociedad cubana”. También estimó que la normativa ya vigente “está dando herramientas muy valiosas para instituir valores importantes y sobre todo asegurarlos”.
De esa forma lo había resaltado también varios días antes, durante la conferencia de prensa de apertura de las Jornadas, en la que se abordaron algunos de los avances de estos últimos meses. Entre estos, se confirmó que hasta el cierre de marzo se habían efectuado 745 matrimonios entre personas del mismo sexo —462 de ellos entre hombres y 283 entre mujeres—, en tanto se oficializaron 35 uniones de hecho afectivas.
“Eso demuestra que la ley respaldó una necesidad y permitió satisfacer un reclamo justo”, consideró entonces la directora del CENESEX.
Celebrados en Cuba más de 700 matrimonios entre personas del mismo sexo
No obstante, la propia especialista reconoció que “falta mucho por hacer todavía”. Además, opinó que los resultados del referendo deben verse también como “un punto de partida”, tanto desde el punto de vista jurídico y normativo, como en lo que respecta al trabajo comunicativo, la educación y la sensibilización de la sociedad en su conjunto.
“Desde que se aprobó el Código de las Familias, yo digo que terminamos un proceso y comenzamos otro, porque realmente no hemos parado de trabajar”, respondió Castro Espín a una pregunta de OnCuba durante la apertura de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, celebrada en La Habana. Al respecto, destacó la importancia que tiene la comunicación para enfrentar “cuestionamientos” e “incomprensiones” que persisten, aun después de aprobada la normativa.
En este sentido, dijo, “hemos venido trabajando en la organización de otros procesos ya más específicos, en la formación de actores sociales, tanto desde la sociedad civil como de las organizaciones e instituciones del Estado, para seguir ampliando la información sobre el Código, seguirla desmenuzando desde lo emocional, desde el testimonio, desde los argumentos, para ampliar su conocimiento y su comprensión, incluso entre quienes votaron a favor”.
Para Castro Espín, aun con el porcentaje de aprobación obtenido en las urnas “todavía es necesario ayudar a entender diferentes cuestiones (del Código)”. Además, la experta enfatizó en la importancia de insistir en “el respeto a la pluralidad familiar, la orientación sexual y la identidad de género de cada persona”. Asimismo, en la necesidad de enfrentar “todas esas discriminaciones que se siguen reproduciendo”, a partir del “apego a la ley”.
Las leyes que vienen
En opinión de la directora del CENESEX, tanto para su institución como para las entidades del Estado y otros actores sociales, quedan “muchas tareas todavía por delante para garantizar los derechos establecidos en la Constitución y el Código de las Familias, sobre todo las relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ+”.
Entre estas tareas por delante se encuentran acciones sociales, de capacitación, investigativas y de naturaleza jurídica y legal, líneas de trabajo promovidas y acompañadas desde el CENESEX, según Castro Espín y otros directivos.
Sobre esta última dirección, la subdirectora del centro, Ivonne Calaña, explicó a la prensa que actualmente existe “un grupo de leyes en las que se está trabajando y sobre las que estamos ofreciendo asesoramiento jurídico a los organismos encargados”, y se mostró optimista de que “los avances puedan verse pronto, en correspondencia con lo que establece la Constitución”.
Calaña destacó que en el ámbito jurídico “hay un principio de progresividad y los derechos deben ir en ascenso”, y estimó como dos de las normas “más trascendentales” en las que actualmente se trabaja, las próximas leyes de Salud y del Registro Civil, con un impacto particular para el caso de las personas trans.
Acerca de la segunda, la directiva precisó que para realizar un cambio de género en la identificación oficial de las personas actualmente está establecido en Cuba un proceso judicializado. Esto “implica que la persona trans tiene que acudir ante un tribunal, con una carga amplia de pruebas”. Ello, consideró, “realmente no está a tono con los principios que defendemos, porque la identidad de género es una cuestión de cada persona, y en función de eso se debería simplificar el proceso para que sea un proceso registral, como sucede con el cambio de nombre, sin tener que acudir a la vía judicial”
Sobre esta misma norma, Mariela Castro Espín confirmó que la intención “es que se reconozca el derecho de las personas trans a cambiar su identidad legal sin pasar por trámites burocráticos y procesos de transformación corporal”, a tono con leyes aprobadas ya en otras naciones, como España, aunque no sin controversias, desacuerdos y enconados debates, tanto a nivel parlamentario como de sociedad.
Además, añadió que su institución está “proponiendo cuestiones muy importantes en las que no se ha avanzado lo suficiente en el ámbito educativo y escolar”. Entre ellas, la experta se refirió a otro aspecto no menos polémico: “la actualización del reglamento escolar siguiendo lo establecido en la Constitución, en el respeto a las infancias, adolescencias y juventudes trans”, las que, dijo, “necesitan un tratamiento adecuado”.
“Para ello —comentó— hemos venido tomando experiencias, incluso en las mismas acciones académicas previstas dentro de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, sobre cómo se aborda a nivel social, educativo, familiar y de salud, la atención a las infancias, adolescencias y juventudes trans. Porque también a nivel académico existen contradicciones en esa temática, pero nosotros creemos que lo principal es escuchar a quienes están dentro de esos cuerpos, para poderlos ayudar.”
En cuanto a la ley de Salud, cuya aprobación estaba inicialmente prevista para 2022, adelantó que debe incluir “elementos más específicos que benefician a las personas trans”. “Hay cosas que tienen que ver con los cuidados de la vida y la atención integral de salud a estas personas, que están ya siendo contempladas en la propuesta del proyecto de ley”, dijo, sin ofrecer más detalles.
Ley de Salud Pública y derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+
Otros cambios
Acerca de otros cambios y normativas en los que se ha venido trabajando, la subdirectora del CENESEX apuntó que, a la par de los proyectos ya mencionados, “existen otras normas, ya no con un rango legislativo de ley, pero sí a modo de reglamentos, de resoluciones, que también tienen que ir acompañando y complementado las cuestiones y derechos refrendados en la Carta Magna, relacionadas con las personas LGBTIQ+ y, en particular, las personas trans”.
Entre estas, Ivonne Calaña mencionó el reglamento de la ley de instrucción penal. Aseveró que este “también se tiene que pronunciar sobre determinados elementos que tienen que ver con la presencia y el tratamiento de las personas con transidentidades en los establecimientos penitenciarios”.
Al respecto, Mariela Castro Espín explicó que el CENESEX ha venido trabajando sobre este tema con la dirección de prisiones del Ministerio del Interior. Apuntó que “se han hecho encuestas a las personas trans; estamos escuchando sus criterios, sus sentimientos, sus puntos de vista, para que cuando estén en el ámbito penitenciario, en situaciones de privación de libertad, se puedan respetar también allí sus derechos”.
Se trata, sin duda, de un aspecto complejo, que despierta susceptibilidades y genera polémica no solo en la isla, donde, por demás, ha ganado connotaciones políticas y mediáticas a raíz del caso de Brenda Díaz, una mujer trans condenada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas sociales del 11 de julio de 2021.
Pero más allá de Brenda, cuya historia la directora del CENESEX consideró “sobredimensionada y llena de fantasías”, la población trans requiere, en opinión de los especialistas, un tratamiento específico en los centros penitenciarios, acorde a su identidad y características, que reconozca sus derechos y no refuerce sus vulnerabilidades. Para ello, según Castro Espín, se está “dialogando con la dirección de prisiones, para atender también esas necesidades”.
Finalmente, los directivos del centro no quisieron pasar por alto algunos cambios ya vigentes. Entre ellos, las penalizaciones establecidas en el nuevo Código Penal contra la incitación a la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, u otros delitos cometidos por homofobia o transfobia.
También, la publicación de la resolución que oficializa la gestación solidaria o subrogada en Cuba por parte del ministerio de Salud Pública, a lo que se une el reciente reconocimiento de derechos como la baja por maternidad a las gestantes contempladas en esta situación.
“Sobre el caso del embarazo solidario, se está trabajando de manera más específica desde la ley de Salud. Ya el procedimiento está elaborado y ahora se está sintonizando con el proyecto de actualización de esta normativa”, especificó sobre el tema Castro Espín. Señaló además que “con relación a la adopción (por parejas LGBTIQ+) estamos trabajando también”. “Se está armando la norma paso a paso, atendiendo a los requerimientos del proceso, en vinculación con varias entidades y organismos, sobre todo con el ministerio de Educación”, agregó.
En general, reiteró la directora del CENESEX, “hay un grupo de cosas que se están discutiendo, y en las que estamos trabajando a partir de lo que se aprobó para que puedan ponerse en práctica”. “Hemos venido analizando lo que no estaba funcionando hasta ahora, y poniéndolo en sintonía con lo que establece la Constitución y lo normado en el Código. Falta mucho por hacer todavía, hay muchas cuestiones que atender, pero nuestra intención es seguir trabajando para garantizar la felicidad de todas las personas, más allá de su orientación sexual y su identidad de género”, concluyó.
