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El viceprimer ministro Eduardo Martínez reconoció que los programas sociales en Cuba atraviesan un deterioro significativo como consecuencia del recrudecimiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos, agravadas por el llamado “cerco energético” impuesto en 2026.
“Los indicadores sociales en nuestro país se han estado deteriorando”, afirmó durante la Mesa Redonda de este viernes, al tiempo que detalló cifras críticas en salud, educación y protección social, pero sin referirse a las políticas estatales fallidas durante las últimas décadas que ahora parecen ser desmontadas por un urgente paquete de reformas.
Salud bajo presión
Martínez subrayó que Cuba cuenta con más de 70 mil médicos, símbolo de la sanidad nacional, pero advirtió que la tasa de mortalidad infantil se ha duplicado: “En estos momentos es de 9.3”, dijo, frente a los 4 o 5 decesos por cada mil nacidos vivos que se registraban en años anteriores. Aunque la cifra sigue por debajo de la media regional y mundial, el gobierno no se conforma, manifestó.
El viceprimer ministro atribuyó este retroceso a las más de 240 medidas del primer gobierno de Trump y a las nuevas órdenes ejecutivas de enero y mayo de 2026, que han limitado el acceso a combustibles y recursos. “Todos estos elementos han afectado significativamente los programas sociales”, señaló.
La situación es crítica en los hospitales: más de 100 mil personas esperan cirugía, incluidos “un poco más de mil niños pendientes de operaciones”, debido a la falta de insumos. Además, una organización estadounidense reportó que 1800 niños han dejado de nacer aproximadamente en Cuba como consecuencia directa del bloqueo.
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Escasez de medicamentos y reanimación de preparados oncológicos
Martínez reconoció que la industria biofarmacéutica, que producía más del 60 % de los medicamentos, tiene plantas paralizadas por falta de combustible. “Hoy tenemos plantas de producción que están paradas porque no tienen combustible para que sus calderas funcionen”, lamentó.
La escasez afecta especialmente a los antibióticos y medicamentos para pacientes graves. Sin embargo, destacó un avance: la reanimación de la planta de medicamentos oncológicos, con una inversión de más de 5 millones de dólares. “Ya esa planta está funcionando con dificultades, pero está funcionando”, aseguró. Gracias a ello, se espera revertir la interrupción de tratamientos de cáncer en el segundo semestre. Aun así, la supervivencia infantil en cáncer, que era del 85 %, “ha bajado”.
A su vez, el viceprimer ministro admitió que también “se ha afectado la calidad de la enseñanza”. La falta de recursos energéticos y financieros repercute en todos los programas sociales. “Todos los programas sociales están siendo afectados ante esta problemática”, enfatizó.
Protección social y salario mínimo
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otaméndiz Hernández, presentó medidas para fortalecer la política de protección social. Entre ellas se implementa un instrumento de caracterización social que evalúa condiciones sociodemográficas, económicas y de salud para identificar hogares vulnerables.
Entre los grupos priorizados figuran: Adultos mayores, afectados por el envejecimiento y la migración; madres jefas de hogar con varios hijos menores, con ingresos insuficientes; hogares con cargas de cuidado, con personas discapacitadas o encamadas y familias con niños y adolescentes con enfermedades crónicas o cáncer.
Otaméndiz habló además del incremento del salario mínimo nacional de 2100 a 3210 pesos mensuales, con impacto en todas las escalas salariales. “Aunque reconocemos que es insuficiente, creemos que es un primer paso que tendrá un impacto positivo”, afirmó.
Tomando en cuenta el contexto inflacionario, el salario mínimo será revisado cada año, incorporándose como principio en el futuro Código de Trabajo.
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Nuevo Código de Trabajo
La directora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yiseilis Ferrer Mariño, explicó que el nuevo Código de Trabajo fortalecerá las garantías laborales. Entre las novedades se cuentan la protección mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos; la eliminación de la autorización administrativa para ejercer pluriempleo en categorías como salud, investigación y educación y el esperado reconocimiento de hasta 10 años dedicados al cuidado familiar para efectos de jubilación.
“Va a permitir que estas personas puedan realizar el ejercicio del pluriempleo, lo que ayudará a incrementar los ingresos del hogar”, señaló.
Sin embargo, en el paquete de las llamadas “transformaciones” no se incluye el derecho a la huelga, ni tampoco a la organización de sindicatos y gremios independientes, por lo que el ingente sector privado tendrá que ser asimilado por los sindicatos oficialistas.
Trabajo social proactivo
La directora de Trabajo Social, Rita Machín Reyes, destacó la transformación 65, orientada a fortalecer el trabajo social con carácter proactivo. Se busca rescatar las ideas fundacionales del programa de trabajadores sociales, ideado en loos 90 por Fidel Castro, y actualizar el mapa de problemáticas comunitarias.
Entre las medidas destacan dotar de activos de pequeña escala a personas vulnerables para que generen ingresos propios; incentivos fiscales para trabajadores con discapacidad en talleres especiales y el ingreso mensual equivalente a un salario mínimo para jóvenes desvinculados que participen en cursos de capacitación.
“Se trata de un sistema de protección social territorializado y con capacidad real de incluir a todas las personas con mayores vulnerabilidades”, afirmó Machín Reyes en la Mesa Redonda de este viernes.
