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El Gobierno de Cuba aprobó un programa para entregar herramientas, equipos e insumos a hogares vulnerables que cuenten con integrantes aptos y dispuestos a trabajar, una iniciativa que busca facilitar la generación de ingresos propios mediante pequeñas actividades económicas.
El mecanismo quedó establecido en el Acuerdo 10455, publicado como parte de un paquete de disposiciones en la edición ordinaria número 88 de la Gaceta Oficial.
De acuerdo con la información, los beneficiarios deberán comprometerse a cumplir un plan de inclusión económica elaborado a partir de sus capacidades, necesidades y posibilidades de desarrollar una actividad productiva.
La medida contempla el llamado Programa de Inclusión Económica para la dotación de activos productivos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional.
Según la información, el propósito de esta disposición es favorecer la incorporación de estas personas a actividades económicas y contribuir a superar sus condiciones de vulnerabilidad mediante la obtención de ingresos propios.
La directora del Observatorio Social y Laboral, Maily Morejón Concepción, explicó que se priorizará a personas cuidadoras —especialmente mujeres con menores a cargo y bajos ingresos—, jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica y trabajadores que se desempeñan en la informalidad.
Los recursos podrán destinarse a actividades agropecuarias y agroecológicas, artesanía, transformación de productos, prestación de servicios y soporte tecnológico o digital.
Evaluación municipal y planes individuales
El acceso al programa requerirá un proceso de evaluación. Las solicitudes deberán presentarse en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, directamente por los interesados o mediante trabajadores sociales y empleadores.
Después de caracterizar la situación familiar y realizar una evaluación comunitaria, el Servicio de Gestión de Empleo Territorial elaborará junto al solicitante un plan de inclusión económica, que deberá recibir la aprobación del Consejo de la Administración Municipal.
El documento definirá la actividad que se pretende desarrollar, las habilidades de la persona, los activos necesarios, la capacitación requerida y el calendario de ejecución.
De acuerdo con Cubadebate, los activos productivos de pequeña escala comprenden herramientas, utensilios, maquinaria ligera, insumos y equipamientos de bajo costo, tanto para su adquisición como para su mantenimiento.
Asimismo, deberán ser compatibles con las condiciones tecnológicas y energéticas del país y adecuados para su gestión individual o familiar.
La selección de esos recursos tendrá que corresponderse con las capacidades del beneficiario y las características de la actividad prevista, además de considerar las posibilidades de mantenerla en funcionamiento.
Personas “vulnerables” y su protección en medio de la crisis
El acuerdo contempla distintas vías para financiar la adquisición de los activos. Entre ellas figuran el presupuesto estatal destinado a la asistencia social, el Fondo de Protección Social, la contribución territorial para el desarrollo local, la cooperación internacional, las donaciones y los microcréditos bancarios.
También podrán emplearse otros fondos sectoriales, ambientales o procedentes del sistema empresarial, así como recursos autorizados por otras vías previstas en la disposición.
Sin embargo, la información difundida por Granma no precisa cuánto dinero está disponible para poner en marcha el programa ni cuántos hogares podrán beneficiarse de las entregas. Tampoco detalla el volumen de herramientas, equipos o insumos que se distribuirá en cada territorio.
La iniciativa forma parte de un paquete normativo más amplio que incluye el Decreto Ley 136, sobre el fortalecimiento del trabajo social; el Decreto 182, que regula nuevas direcciones provinciales y municipales subordinadas a las administraciones territoriales; y disposiciones dirigidas a la capacitación de jóvenes desvinculados del estudio y el empleo.
Las normas entrarán en vigor siete días después de su anuncio.
