La “insesibilidad” y las justificaciones de funcionarios públicos para responder a las quejas de la ciudadanía estuvieron este miércoles en la mira del presidente Miguel Díaz-Canel.
En momentos en que las críticas y cuestionamientos de la población se multiplican al calor de la crisis en la isla, el mandatario fustigó la inacción gubernamental ante esos señalamientos durante la quinta emisión del programa radial Criterio Compartido.
Si bien Díaz-Canel aseguró que las dificultades económicas que sufre el país se deben en su mayoría al “cerco energético” y al embargo estadounidense, también señaló que ello no debe servir para justificar otros problemas que no son consecuencia de “causas externas”.
“Esas causas externas que nos golpean muchísimo, que son la principal causa de los problemas que tenemos, no pueden ser la justificación para tapar lo que no depende de eso y depende mucho de la subjetividad y de la actitud que se asume también ante un grupo de problemáticas”, dijo en su intervención radial, según reseña la agencia EFE.
En tal sentido, alertó que la ineficiencia estatal erosiona el respaldo de la ciudadanía.
“Dondequiera que hay una falta de gestión se quiebra la institución, y cuando se quiebra el papel de la institución y se empieza a desconfiar” de ella, se puede “quebrar nuestra unidad”, afirmó.
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“Un termómetro de la sensibilidad”
De acuerdo con la reseña de EFE, a lo largo del espacio se difundieron testimonios ciudadanos que reflejan la gravedad de la vida cotidiana en Cuba: comunidades sin agua potable desde hace tres años, personas ciegas obligadas a cocinar con leña y carbón, así como demoras de más de un año en trámites de pensiones y viviendas colapsadas.
Díaz-Canel consideró que las “inquietudes” de la población “constituyen una oportunidad para evaluar y perfeccionar el desempeño de los organismos y entidades”, refiere Granma.
“La preocupación de un ciudadano cubano o de los representantes de una comunidad es ante todo un termómetro de la sensibilidad de nuestro pueblo”, señaló.
Además, estimó que las quejas ciudadanas son una “señal de alerta” para las autoridades”, que permiten “actuar”, “solucionar” y “valorar incumplimientos, insatisfacciones, irresponsabilidades, insensibilidad”.
Igualmente, demandó a los funcionarios y entidades a responder a las reclamaciones de la ciudadanía “incluso cuando las condiciones materiales impidan resolver de inmediato una dificultad” y llamó a distinguir estos casos de las “deficiencias de gestión”.
Por su parte, la viceministra primera de Justicia, Yaliet Peña, recordó que la ley de atención a las quejas y peticiones ciudadanas, vigente desde marzo de 2025, obliga a las entidades estatales a responder a la población en un plazo máximo de 30 días.
Si no lo hacen, “se configura el silencio administrativo”, que permite al ciudadano presentar un recurso por la vía administrativa, explicó.











