José Jasán NievesAntes de que la compañía estadounidense Sprint firmara un acuerdo con la cubana ETECSA, los teléfonos móviles de sus clientes que viajaban a Cuba solo servían para tomar fotos y verificar la hora. Pero tras el establecimiento conjunto del servicio de Roaming, en noviembre de 2015, una nueva situación simbólica quedó establecida: ya no es tanta la sensación de aislamiento al tocar tierra antillana.
El presidente de Sprint, el boliviano Marcelo Claure, quiso ser el pionero en el campo de los negocios conjuntos de Telecomunicaciones y “robarse la arrancada”, como se dice en el atletismo, luego de que el presidente Obama flexibilizara las medidas para concertar negocios con Cuba.
Minutos antes de firmar el acuerdo en un atestado y caluroso salón de la Feria Internacional de La Habana, Claure confesó a los periodistas presentes que las negociaciones habían ocurrido “sorprendentemente rápidas”.
“Al principio pensé: ‘Oh, Dios mío, es el gobierno cubano, las negociaciones van a ir lentas’ (…) pero me quedé asombrado y firmamos un acuerdo en tiempo récord”, aseguró.
A David Seleski también le gusta la adrenalina de las carreras en el mundo de los negocios. Por eso no ha dudado al correr riesgos con su banco (Stonegate Bank) allí donde otros se muestran más cautelosos.
Primero, fue la única institución bancaria estadounidense que aceptó llevar las cuentas de la por entonces todavía Oficina de Intereses de Cuba en los Estados Unidos (luego de quince meses de servicios consulares interrumpidos, pues ningún banco quería exponerse a las sanciones del gobierno por mover “dinero cubano”), y en 2016 consiguió ser el primer banco autorizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, para operar directamente con Cuba.
“El proceso no fue difícil y las negociaciones fueron justas y cordiales. Las cosas se movieron con rapidez. Estoy muy satisfecho con las relaciones, es una verdadera asociación donde cada parte respeta la perspectiva del otro”, le cuenta Seleski a OnCuba.
“Pienso que la mayor barrera que enfrentamos fueron los muchos puntos que debieron ser trabajados en persona, lo cual supuso gran cantidad de viajes. Afortunadamente, la experiencia de viaje mejorará con los vuelos comerciales”, opina desde su despacho, en Pompano Beach, Florida.
Sprint y Stonegate Bank son dos de las pocas compañías norteamericanas que han conseguido establecer negocios con Cuba, tras más de 50 años de prohibición y bajo la presión de un embargo comercial y financiero contra la Isla, todavía vigente. A estos “abanderados” se han sumado, en pocos meses, grandes corporaciones como Carnival Cruises, AT&T, Verizon, la hotelera Starwood y las aerolíneas American Airlines, JetBlue y Delta, junto a otros actores de similar calibre.
La oportunidad para sellar un acuerdo comercial entre actores de los dos países depende de muchísimos factores, pero al parecer hay dos fundamentales: la voluntad política en los dos países para aceptar propuestas y la disposición de ser creativos, flexibles y pacientes para encontrar soluciones.
Un ejemplo de creatividad lo dio, en 2015, la compañía de reservas por Internet AirBnB. Con una licencia para facilitar el alojamiento de estadounidenses en casas particulares de Cuba, la empresa basada en San Francisco encontró dos soluciones a los mayores problemas para dar un servicio efectivo: la baja conectividad a Internet existente en la Isla y las dificultades para efectuar pagos directos.
Los propietarios en Cuba allanaron el camino, subcontratando a una persona con acceso a Internet para gestionar las reservas y confirmaciones de varios hostales al mismo tiempo; mientras que la empresa californiana envía el pago a los arrendatarios a través de una agencia de envíos privados desde Miami.
El negocio ha proliferado tanto que el número de inscripciones de hostales cubanos en la web colaborativa sigue creciendo y la licencia de operación les fue ampliada hasta admitir que cualquier viajero del mundo pueda reservar una habitación en Cuba a través de AirBnB. El gobierno cubano, por su parte, no ha puesto objeción a este sistema, a pesar de que en el sentido estricto tiene lagunas, según la legislación interna (sobre todo en lo concerniente al pago desde Estados Unidos) Sencillamente es una operación de ganar / ganar.
La burocracia: un riesgo cierto
Saul Berenthal es cubano de nacimiento, pero junto a un socio ha propuesto uno de las sinergias más beneficiosas para una relación comercial entre Cuba y Estados Unidos: fabricar tractores relativamente baratos para los campesinos en Cuba.
La idea fue bien recibida en La Habana, al punto de haber sido la primera empresa norteamericana en recibir autorización para presentar un expediente de instalación en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un planificado polo industrial que apenas da sus primeros pasos.
Pero ha sido solo después de más de un año de gestiones ante los dos gobiernos que Berenthal y su compañía Cleber LLC, han conseguido licencia para exportar equipos ya ensamblados a Cuba, y no por piezas, para montar en la Isla, como era su aspiración.
“Hay burocracia tanto en Estados Unidos como en Cuba –dijo Berenthal en una entrevista a un medio digital español–, por lo que hay que comprender, saber sobrellevar y adaptarse a la cultura comercial cubana; en la Isla la burocracia es más formal que en Estados Unidos, donde está más acostumbrada a estar al servicio de los negocios y de los emprendedores; en la Isla, en cambio, las agencias están más dirigidas a llevar a cabo el proceso y no necesariamente a prestar servicio al emprendedor”.
La compañía, con base en Illinois, debió contratar un equipo de abogados en el archipiélago y otro en Estados Unidos para llevar los detalles de los procesos en cada lugar. Según Berenthal, los gobiernos de los dos países aplican “un escrutinio muy intenso del proceso para que todos los detalles se lleven a cabo correctamente”.
Otros que han tenido que poner sus ansias en espera son los representantes de las compañías de ferries que, tras el relanzamiento de relaciones el 17 de diciembre de 2014, esperaban estar navegando con fluidez a la altura de los finales de 2016.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya ha expedido seis licencias a compañías norteamericanas para operar traslados de puertos en el sur estadounidense a La Habana. Pero, en la parte cubana, la respuesta ha sido que la infraestructura portuaria no está lista para recibir los viajes directos.
“Ellos decidieron por otros proyectos de infraestructura que tenían que hacer primero”, ha dicho a la prensa el fundador de una de las compañías autorizadas, United Caribbean Lines.
“Esperamos que, en algún momento en el futuro cercano, tengamos la oportunidad de reunirnos con las autoridades cubanas para entender sus necesidades”, nos comentó por su parte Joseph J. Hinson, socio gerente de otra de las navieras con licencia (Baja Ferries).
Hinson afirma que su empresa ha hecho saber a los representantes de la Isla su “sincero interés” por este proyecto. Pero, según dijo, las autoridades cubanas “aún no están listas para tener discusiones acerca de las posibles oportunidades del servicio de ferries desde el sur de la Florida a Cuba”.
En la OFAC también cuecen habas
Mientras algunos de los principales directivos de la OFAC viajan a La Habana para trasmitir una nueva actitud de la Administración norteamericana hacia el acercamiento, funcionarios de la misma organización continúan aplicando sanciones contra empresas e individuos relacionados con Cuba.
A inicios de septiembre de 2016 se conoció la imposición de una multa de 100.000 USD a un activo promotor de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Anthony J. Fox. La medida correspondió, según los documentos del juicio, a supuestas violaciones de las regulaciones para viajes entre 2010 y 2011. Para los reguladores, Fox incumplió requisitos sobre reservas en hoteles y pagos a Cuba.
Pocos días después se supo que el banco español Santander se negaba a manipular transacciones financieras de la nación caribeña, ante el riesgo de recibir sanciones por parte de Estados Unidos.
La institución bancaria se sumó así a una lista de actuaciones similares que, según el gobierno cubano, incluyó entre 2015 y 2016 a la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, el Banco de las Bahamas, el Royal Bank de Canadá, el Mitsui Sumitomo SMBC de Japón y el español Caixa Bank. En total suman casi 50 las multas impuestas durante los dos períodos de Obama (2009-2016) por violar las regulaciones contra Cuba y otros países, y su valor acumulado asciende a unos 15 mil millones de dólares.
En todos los casos, se trata de medidas aplicadas por “violaciones” cometidas antes del relanzamiento de las relaciones diplomáticas, pues la OFAC aduce que no prescriben las faltas que ellos sancionan. En el mundo empresarial, evidentemente, se piensa con cautela cualquier nuevo paso, o sencillamente se ahorran problemas, negándose a tratar con Cuba.
De acuerdo con oficiales norteamericanos, esa extrema cautela (innecesaria, supuestamente, a la vista de las recientes flexibilidades de la Administración Obama) ocurre en gran medida porque las empresas de uno y otro lado no están completamente familiarizadas con el contenido de las regulaciones puestas en vigor. Y aunque las autoridades norteamericanas impulsen cada vez más lo que llaman “acciones de educación” y fomenten los “diálogos de regulaciones” (para entenderse claramente con sus pares del gobierno cubano), la permanencia de sanciones puede frenar el entusiasmo.
Aunque, claro, los audaces siempre son quienes rompen la inercia.
