El Gobierno cubano aprobó un nuevo decreto sobre la comercialización de productos agropecuarios y forestales que abre la puerta a la participación del sector privado, aunque sin una competencia “nivelada”, en opinión de analistas.
El decreto, publicado esta semana en la Gaceta Oficial junto a una resolución con su reglamento, “establece un sistema más flexible de distribución alimentaria, con participación de productores estatales y no estatales”, aunque “bajo planificación estratégica del Estado”, refiere la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En esencia, la normativa autoriza a las mipymes, las cooperativas —sean o no agropecuarias— los trabajadores por cuenta propia y los propietarios de tierra a comercializar este tipo de productos, y permite a los privados actuar como intermediarios y acceder libremente a los mercados mayoristas y minoristas, sin tener la intermediación de la empresa Acopio.
Sin embargo, si bien la norma permite la competencia con el hasta ahora monopolio estatal esa competencia, en opinión del economista independiente Pedro Monreal, no es “nivelada”, porque Acopio cuenta con una “extensa red territorial” que “ofrece ventajas frente a otros actores”.
7/8 No es una competencia “nivelada” porque Acopio cuenta con una extensa red territorial de puntos de acopio, mercados, puntos de venta, almacenes mayoristas, naves de acopio, puntos de compra directa y centros de distribución que ofrece ventajas frente a otros actores
— Pedro Monreal (@pmmonreal) April 10, 2026
Control de precios
Por demás, el nuevo decreto, aunque flexibiliza lo normado previamente, mantiene en manos de las autoridades el control de los precios.
La ACN explica que el sistema de precios establecido “se organiza en tres categorías: centralizados, concertados y por acuerdo, con diferenciación para productos orgánicos certificados y aquellos con garantía agroecológica”.
Igualmente apunta que la norma institucionaliza “comités de contratación a nivel provincial y municipal, presididos por gobernadores e intendentes” y con la participación de otros actores, incluidos privados, así como representantes de la banca y las finanzas.
Además, resalta que “los productores podrán vender libremente sus excedentes tras cumplir las entregas contratadas, sin necesidad de autorización de traslado”, pero “siempre que acrediten el cumplimiento mediante certificación de la entidad vinculada”.
No obstante, Monreal alerta que con la normativa el Estado conserva “esencialmente el control monopólico sobre la formación y fijación de precios”, lo que en su criterio “distorsiona el funcionamiento del mercado”.
“Con un Estado que determina burocráticamente precios clave (precios centralizados, precios concertados, topes máximos), los productores tienen poca capacidad de negociación, los precios suelen ser bajos, no reflejan costos reales ni oferta/demanda libre, y reducen incentivos”, señala.
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Otras cuestiones
La nueva norma, que entrará en vigor en un mes, también contempla otras cuestiones. Entre ellas, la ACN reseña que, en lo que respecta al llamado consumo social establece la creación de “comités de compras públicas en escuelas, hospitales y otras entidades, que operarán mediante licitaciones abiertas o cerradas, con evaluación anual de proveedores por calidad, oportunidad y precio”.
De igual forma, el decreto regula el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles entre entidades, exige licencias sanitarias y ambientales, y promueve el desarrollo de minindustrias y microindustrias con financiamiento local e inversión extranjera.
En lo que respecta al control gubernamental, incorpora mecanismos de digitalización y facturación electrónica, establece la “bancarización obligatoria” y tipifica “infracciones con multas de 60 a 200 cuotas, aplicables a personas naturales y jurídicas, con posibilidad de reducción si se repara el daño o incremento en caso de reincidencia”.
En opinión de especialistas, citados sin referencia a sus nombres por la ACN, “la normativa representa una apertura controlada del comercio agropecuario, al reducir la burocracia en la venta de excedentes, incentivar la inversión en valor agregado y formalizar la participación del sector no estatal en la distribución alimentaria”.
En contraposición, Monreal considera que lo ahora establecido “dista mucho de ser una ‘reforma de mercado’”. “Agrega grados de flexibilización a los iniciados antes, pero manteniendo el monopolio estatal sobre el comercio agropecuario”, resume el experto.
