Amado Viera
El empresario cubanoamericano Luis Felipe Padrón no vio venir que su principal trabajo en las semanas que siguieron al lanzamiento en Estados Unidos de su marca de gaseosas sería defenderse de la acusación de “comunista”. Su compañía, Always Food Sales & Consultant Corp., las vendía bajo el nombre “Ciego Montero” desde que Padrón adquirió los derechos para el mercado estadounidense de la marca perteneciente a Los Portales S.A.
Las gaseosas, que a mediados de 2023 aparecieron en comercios del sur de la Florida, son elaboradas en Colombia, de acuerdo con una fórmula que, según Padrón, reproduce los sabores que quedaron en la memoria de los cubanos emigrados. La etiqueta también es una copia de la utilizada por la fábrica pinareña de Los Portales. Son sabores y una imagen comercial que durante décadas han acompañado a los cubanos, generando una relación de la que ahora Padrón y su asociado, el abogado Tony Haber, intentan sacar beneficio económico.
En abril de 2022, Haber logró hacerse con la titularidad de la marca Ciego Montero en Estados Unidos, luego de que Cuba no la renovara ante la Oficina de Patentes y Marcas de ese país (USPTO), una agencia adscrita al Departamento de Comercio estadounidense, encargada de expedir patentes, y registrar marcas y propiedades intelectuales. Al cabo de unos meses, Padrón lo contactó para poner en marcha el proyecto. Todo parecía ir sobre rieles hasta que, poco después de la llegada de los refrescos a los anaqueles, comenzaron las denuncias en las redes sociales. Al propio Padrón le preguntarían en un supermercado si era comunista, mientras se propagaba el rumor de que el Gobierno cubano obtenía beneficios de las ventas en Miami.
“Es lo que me duele de esta historia […], que me digan que tengo vínculos con un gobierno del que me fui [sic] hace 43 años y que lo que hizo fue darme muchos golpes, porque yo en Cuba no tuve felicidad”, se lamentó Padrón en una entrevista para El Nuevo Herald.
“Al estilo cubano”
Además de Ciego Montero, Luis Felipe Padrón asegura poseer la titularidad en Estados Unidos de las marcas Cachito, Guayabita del Pinar y TuKola, y de las cervezas Manacas, Mayabe y Tínima; de esta última dijo estar a punto de lanzar “una producción”. En paralelo, la compañía que preside, Always Food Sales & Consultant Corp., distribuye productos de las marcas Doña Delicias, Findy y Pelly, según ha asegurado.
Doña Delicias, Findy y Pelly fueron creadas por Papas&Co., empresa cubana constituida en 1997 bajo la modalidad de propiedad mixta. Aunque su producción en la isla ha disminuido por causa de la crisis económica, Papas mantiene estas marcas en el mercado. Durante la recién concluida Feria Internacional de La Habana, el stand de la empresa era decorado por gigantografías de los tres productos.
Durante el “deshielo” entre Cuba y EE. UU. (2014-2016) se duplicó el número de marcas estadounidenses inscritas en Cuba (hasta superar las 6 mil) y, en menor medida, el de las oficializaciones de marcas cubanas en ese país. Pero las sanciones de Trump, la pandemia y la falta de una política favorable de parte de la Administración Biden interrumpieron el acercamiento. Bajo esas circunstancias, Cuba decidió no renovar algunas de sus marcas en Estados Unidos y otros países.
No es la primera vez que marcas cubanas o productos de supuesto origen cubano motivan polémica fuera del país. En octubre de 2020 fue noticia una denuncia publicada en X —ex Twitter— por la corporación Cimex, en contra de la venta en línea y en tiendas físicas de Canadá de un café Cubita plagiado. Por las mismas fechas, también en Canadá, cubanos emigrados habían convocado a boicotear otra marca de café que se promocionaba como cubana.
Ese último caso resulta singular. Al indagar al respecto, el servicio de verificación de datos de Reuters revelaría que el café en cuestión era elaborado por una empresa estadounidense llamada Mayorga Organics, a partir de una mezcla de granos hondureños, nicaragüenses y peruanos. En una entrevista con la agencia de noticias británica, Martín Mayorga, director ejecutivo de la empresa, dijo sentirse sorprendido con las críticas de los emigrados cubanos por sus pretendidas relaciones con el Gobierno de la isla, y las atribuyó a una interpretación errada de la publicidad del producto. “El concepto de café cubano se refiere a un estilo y un sabor, no literalmente a que sea producido en Cuba”, justificó.
El empaquetado del café Mayorga induce a la confusión, pues insiste en su origen cubano sin brindar mayores explicaciones al respecto. Incluso luego de aquel escándalo, sus tiendas en Amazon y otras plataformas de comercio electrónico privilegian su supuesto origen, bordeando lo que cabría calificar como publicidad engañosa.
Sorteando la ley
El 13 de noviembre de 2023 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe la “validación y el uso de marcas” confiscadas por el Gobierno cubano luego de 1959. De convertirse en ley —todavía debe ser avalado por el Senado y recibir la firma presidencial—, el texto impediría a los tribunales e instituciones gubernamentales de Estados Unidos reconocer los derechos de las empresas radicadas en la isla. Actualmente las empresas cubanas pueden registrar marcas en Estados Unidos e incluso emitir denuncias a empresas radicadas en ese país que las usurpen.
En una elección de ejemplo nada casual, el representante republicano por California Darrel Issa, uno de los promotores del proyecto en la cámara baja, declaró ese día a Martí Noticias que “el régimen cubano ‘tuvo el descaro’ de vender a Estados Unidos y al mundo productos que en realidad ya habían robado, como es el caso del ron Havana Club”.
Desde que en 1994 compró a la familia Arechabala la “marca con la receta original” del Havana Club, la compañía Bacardí se convirtió en abanderada de la guerra económica contra Cuba; en particular, de los esfuerzos por impedir que marcas cubanas puedan inscribirse —y potencialmente comercializarse— en Estados Unidos. Los abogados de la “compañía del murciélago” jugaron un papel protagónico en la redacción de lo que sería la ley Helms-Burton, y se embarcaron en una larga batalla judicial por el control de los derechos de Havana Club en la nación norteña.
El capítulo más reciente de esa saga transcurrió en abril de 2022, cuando un tribunal federal del estado de Virginia falló a favor de la USPTO en una demanda presentada en su contra por Bacardí. La ronera cuestionaba la decisión de renovar los derechos de Cubaexport sobre Havana Club, señalando que le impedía “registrar su propia marca Havana Club”, que produce en Puerto Rico.
Tribunal estadounidense ratifica que la marca Havana Club es propiedad cubana
Sin embargo, Bacardí no ha dejado de usar la imagen comercial del ron cubano. Seis meses después del fallo judicial, la compañía presentó una edición especial de 36 mil botellas, exclusiva para Estados Unidos, de lo que calificó como “el ron del exilio”. Pese a no contar con los derechos de la marca, las botellas llevaban etiqueta Havana Club y se promocionaban como un tributo al producto original presentado por Arechabala en 1934.
Una postura similar ha mantenido durante décadas General Cigar, la mayor productora mundial de puros premium. Una demanda presentada en su contra por Cubatabaco y su correspondiente litigio demostraron que ya en 1978 la compañía estadounidense sabía que Cohíba era una marca cubana de tabacos. Aun así, intentó repetidamente registrarla en los Estados Unidos, haciendo creer que comercializaba habanos legítimos, a pesar de elaborarlos en República Dominicana. El litigio se ha extendido por más de treinta años.
En diciembre de 2022 el tribunal de la USPTO le dió la razón a Cubatabaco y ordenó la cancelación de todos los registros legales presentados por General Cigar. Pero a día de hoy esa empresa sigue promocionando Cohíba entre sus marcas, y comercializándola junto a versiones espurias de otras vitolas cubanas clásicas como Montecristo, Romeo y Julieta, y Partagás. De hecho, en agosto salió a la venta Weller by Cohiba 2023, una edición “limitada”, con destino al mercado estadounidense.
La primera versión del proyecto de ley contra la inscripción de marcas cubanas en Estados Unidos había sido presentada en mayo de 2021 por los senadores Marco Rubio (republicano de la Florida) y Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey, acusado recientemente de corrupción y de actuar como agente del gobierno de Egipto). Durante aquel acto, de cara a sus simpatizantes en Miami, Rubio insistió en que “la política de EE. UU. ha sido la de apoyar a los dueños legítimos cuya propiedad intelectual ha sido robada”; la nueva norma ampliaría sus posibilidades de impedir “maniobras del regimen”, acotó. Pero como buen político, aprovechó para beneficiar a compañías vinculadas a su carrera congresional, como las tabacaleras.
El reconocimiento de las marcas cubanas de habanos, y una hipotética entrada la mercado de Estados Unidos, comprometería la competitividad en el mercado estadounidense de General Cigar y el resto de las compañías estadounidenses del ramo. Y para políticos como Rubio, uno de los que con más constancia ha defendido las tabacaleras estadounidenses.
Por años, el congresista cubanoamericano ha sido sido uno de los más activos defensores de las tabacaleras, frente a las regulaciones federales de salud pública. Proyectos de ley como el que copatrocinó en enero de 2023, en teoría buscan proteger a los pequeños productores, pero en la práctica amparan sobre todo a las grandes empresas. Se trata de una ecuación de “ganar-ganar”: mientras defiende los negocios de sus donantes, priva a las empresas cubanas de una vital fuente de ingresos.
Esa filosofía resulta potencialmente peligrosa también para los empresarios privados cubanos. Aunque en teoría no está prohibido que residentes en Cuba inscriban sus marcas ante la USPTO, en realidad su margen de maniobra es muy acotado. Sobre todo si una empresa estadounidense decidiese apropiarse de una marca nacida en la isla.
Llevar adelante un proceso de reclamaciones en tribunales norteños probablemente no está al alcance de la mayoría de los nuevos empresarios cubanos. Y ni siquiera una sentencia favorable garantizaría la recuperación de los derechos usurpados, como vimos en los ejemplos anteriores. Los casos de Cubaron y Cubatabaco han demostrado que cuando se trata de Cuba la racionalidad económica está subordinada a la conveniencia política.
