Pese a las fuertes medidas de “gardeo”, el sector privado ha modificado la estructura de las ofertas de bienes y servicios en Cuba, aunque “a precios que no están al alcance de toda la población”.
El informe rendido este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoce esa realidad que se traduce en una fuerza que el Estado intenta ahora ralentizar y en algunos casos frenar a partir de rigurosos controles y exigencias fiscales y arancelarias a todas luces desestimulantes.
“Se acentúa la segmentación del mercado y se incrementan el consumo en el sector no estatal, las ventas con pagos en MLC desde el exterior y el mercado informal”, enumeró la ministra.
En días recientes, un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) constató que las empresas privadas (mipymes y cuentapropistas) representaron 44 % de todas las ventas minoristas en Cuba en 2023.
El salto ha sido espectacular. Hace apenas cuatro años ese volumen representaba un magro 4 %.
El informe de la gestión del comercio interior, uno de los sectores que históricamente ha estado en la línea de fuego de la ciudadanía por sus pobres desempeños, se basó en la revisión de una red compuesta por 360 930 establecimientos, 95 688 gestionados estatalmente (26.5 %) y 250 910 por trabajadores por cuenta propia (69.5 %).
Igualmente, las pesquisas se extendieron a la gestión de las comercializadoras mayoristas seleccionadas, en cuya actividad aparecen inscritos 408 actores económicos no estatales.
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La ministra informó a los diputados que fue evaluado el nivel de satisfacción de los consumidores mediante la encuesta de observación y el índice de satisfacción al cliente, apunta la reseña del sitio oficial Cubadebate.
“En los controles realizados, tanto en el sector estatal como en el no estatal persisten problemas subjetivos relacionados con la violación de los tiempos de garantía de los equipos que se comercializan, la comercialización de productos vencidos y la no implementación o negación del uso de las pasarelas de pago electrónico”, reveló el informe.
Según los responsables del documento, el factor común fue “la falta de preparación del personal sobre la protección al consumidor y el incumplimiento de los derechos de los consumidores”, un asunto por décadas no resuelto, sobre todo en los mecanismos concernientes a las garantías comerciales de los productos.
Por otra parte, se constató que en el sistema de comercio interior, el nivel más bajo de categorización se concentra en las instalaciones frigoríficas, que sufren cerca de 60 % de un “marcado deterioro en su infraestructura civil y tecnológica, lo que demanda recursos financieros externos”.
En una revisión del Registro Central Comercial, que actualmente ya controla el 100 % de los TCP y de las CNA objeto de inscripción, así como el 87 % de las mipymes, se cancelaron 588 autorizaciones comerciales, de las que 252 fueron solicitadas nuevamente, 195 renovadas y 57 rechazadas.
“No se ha logrado el efecto esperado de reorientar las producciones nacionales a la red de comercio minorista estatal”, admitió la titular del sector.
Al cierre de mayo, el rastrillo pasado por las unidades comerciales resultó en 24 mil 142 acciones de control en todas las provincias y la aplicación de más de 3 mil medidas punitivas: mil 118 cierres de establecimientos, 509 retiros de autorizaciones comerciales y 2 032 multas.
El Mincin y las dinámicas poblacionales
En medio de una crisis demográfica sin precedentes en más de un siglo, el Mincin juega su papel de mitigación del fenómeno mediante la atención a seis programas vinculados a la dinámica poblacional.
Al cierre de mayo, 28 mil 073 embarazadas estaban inscritas en el programa de canastilla. Sin embargo, el pasado año no se logró satisfacer la demanda e incluso se arrastran deudas y afectaciones de etapas anteriores.
Por otra parte, el programa del uniforme escolar recibió, para la comercialización del curso 2023-2024, 92 % de los recursos previstos en el plan.
Un atraso significativo del Mincin es la entrega de módulos a pacientes postrados, que certificados por las autoridades sanitarias suman 53 mil 970. De acuerdo con la ministra, la donación de esos elementos textiles se efectuará en el segundo semestre de 2024, a partir de los suministros de la industria.
Por su parte, a los 87 mil 579 pacientes con incontinencia certificada se les aseguró mensualmente el suministro de jabones de lavar y de tocador.
El SAF, un salvavidas
Entretanto, el quinto programa, el servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF), que beneficia a poco más de 64 mil personas en el país con dos comidas por día, enfrentó sus mayores déficits en los suministros de proteínas, viandas, vegetales y frutas, “con soluciones en algunos territorios mediante la vinculación con las formas productivas y la autogestión efectiva”, explicó la funcionaria.
En un servicio de alta sensibilidad social como el SAF, la ministra admitió que “no se ha logrado generalizar las buenas prácticas ni diversificar las ofertas gastronómicas”, y que es “imprescindible depurar a los administradores de la red”.
A su vez, la merienda escolar, que se entrega a una matrícula de 283 mil 423 estudiantes, ha sido blanco de “afectaciones en la calidad y la variedad de los menús”, al tiempo que persisten “dificultades con la reparación y recuperación de los medios de transporte, el equipamiento y los insumos para la higienización”.
La canasta y los “hechos extraordinarios”
Considerado un problema de seguridad nacional, la canasta familiar normada (CFN) cerró el pasado año con “afectaciones en frijol, azúcar, aceite, café, pollo, productos cárnicos, huevos y combustibles domésticos, las cuales se mantuvieron en el primer trimestre de 2024”.
En el informe se reconoce que hay un fraccionamiento en las entregas a la red minorista por dificultades financieras que impiden alcanzar las coberturas necesarias y la oportunidad en la recepción de los productos, reportó Cubadebate.
Entretanto, persisten los robos y desvíos, descritos por la ministra Díaz Velázquez como “hechos extraordinarios en la cadena de distribución y en los almacenes mayoristas”.
La funcionaria puntualizó que las ilegalidades se concentran en productos como arroz, frijol, azúcar, café, cigarros, pastas alimenticias y leche en polvo. Asimismo, se mantienen los robos en bodegas, con las mayores afectaciones en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Las Tunas, Holguín y Guantánamo.
En paralelo, en la entrega de donativos internacionales se priorizaron a embarazadas, personas en situación de vulnerabilidad y niños de bajo peso y talla.
Materiales de construcción
En un país con un déficit habitacional cercano al millón de viviendas, el plan de ventas de materiales para la construcción se cumplió al 55 % y los abastecimientos al 50 %, con afectaciones significativas en las entregas de cemento, acero, elementos de pared, puertas y ventanas, juegos sanitarios y techos.
Por su parte, continúa en un estado muy restrictivo el Programa de Ahorro Energético (PAE) por falta de sustento financiero lo que reduce las opciones de compra de partes, piezas y accesorios.
Por demás, los nuevos núcleos familiares que van surgiendo “no tienen concebida una vía para la cocción de los alimentos, al no estar prevista la entrega de combustible doméstico, gas licuado de petróleo (GLP), ni tampoco equipos de cocción.
En ese escenario, las tiendas en MLC se mantienen como alternativa para adquirir los equipos, indicó el informe de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Álvarez.
