El pasado viernes 1 de abril asistimos a un hecho inédito. Un representante del fundamentalismo religioso evangélico accedió a un espacio de la televisión pública nacional, el programa Palabra Precisa y, con todas las letras y los acentos, los y las televidentes escuchamos los argumentos que contradicen, refutan e impugnan posiciones políticas, jurídicas y morales esgrimidas desde el Estado, en este caso referentes al Código de las familias.
Ese hecho suscita los más variados análisis, la más variopinta controversias y pone sobre la mesa diversos y añejos problemas, como lo son la relación Estado-religión, la pluralidad política y sus vías de expresión, la cuestión de los derechos y sus límites, los modos de definir y concretar la ley, entre otros.
El Código de las familias es más que las formas y los valores que reconoce y protege. Es muestra de la diversidad de actores políticos que habitan en el entramado social cubano, sus postulados y sus fuerzas. El Código, como proceso, es un aldabonazo a las maneras de hacer política en Cuba y su necesaria modificación. Esta experiencia tensa los límites institucionales y culturales para procesar las diferencias, incluso los disensos.
Es positivo que la visión fundamentalista religiosa llegara a los medios con sus argumentos contrarios al Código de las familias. Es positivo, además, que haya expuesto su percepción ante una parte del público nacional que no conoce su alcance. Incluso, aun y cuando no fuera con la misma fuerza expositiva, esa visión se vio interpelada por otra perspectiva, dentro del mismo campo cristiano, con postura afirmativa respecto a la norma en cuestión. Es positivo que en un medio público se escuche el desacuerdo con una política.
Frente a este hecho, surge una pregunta esencial: ¿asistimos a un cambio de política para los medios públicos, a otra manera de procesar nuestras diferencias, o es solo el resultado de un prolongado pulseo de una fuerza política organizada, iniciado alrededor del artículo 68 del entonces proyecto Constitucional? Al parecer, es más esto último. De ser así, este acceso del fundamentalismo religioso a un medio público genera preocupación.
Se verifica, una vez más, el peso que ha tomado el movimiento político con discurso evangélico, la derecha con narrativa religiosa, en tanto se opone a los derechos de sujetos no afines a sus doctrinas. Una fuerza política que lo es, esencialmente, porque detrás congrega a miles de personas que, además de su experiencia de fe, son ciudadanas y ciudadanos, y ejercen, conscientes o no, presión política discriminatoria. Fuerza política con una agenda clara, organizada y con capacidad de movilización.
Llama la atención, y preocupa, que la irrupción necesaria del disenso en los medios públicos sea precisamente desde una visión contraria, muy contraria, a los consensos y el respeto al derecho de otras y otros. Irrupción contraria al diálogo, con manifestaciones probadas y reiteradas de odio. Preocupa que, aun la pluralidad que este hecho puede anunciar, sea excluyente, por tanto no tan plural.
Tomar conciencia de este hecho invita a varias comprensiones:
- Debemos retomar los análisis sobre sociedad civil, su relación con el Estado, la diversidad que la caracteriza hoy, los modos de organizarse y manifestarse; la cual no se reduce al ámbito religioso. Sería deseable el reconocimiento de la sociedad civil en su amplitud y la postulación de sus derechos y deberes constitucionales, una demanda pendiente.
- Debemos recordar el carácter laico del Estado, en tanto sus políticas no se rigen por ninguna doctrina religiosa. Al tiempo que, las iglesias y otras agrupaciones de carácter religioso son parte de la sociedad y no la sociedad toda. Por tanto, no es viable ninguna excepción de conciencia en la aplicación de la ley que atente contra el derecho de otras y otros miembros de la sociedad no afiliados a doctrinas religiosas.
- Se debería propiciar un acceso igual a los medios públicos para mostrar la mayor cantidad de perspectivas posibles respecto al Código de las familias. El movimiento religioso cubano es amplísimo y diverso, con expresiones que no se reducen a la cosmovisión cristiana, la que también es amplia y diversa en su interior.
- Se debería, además de las visiones especializadas desde el derecho, la psicología, la sociología, y otras ramas del saber, acceder a las interpretaciones bíblico-teológicas respecto a los preceptos del Código, habida cuenta la influencia que tienen en parte importante de la población.
- Se debe impulsar maneras en que las visiones diversas sobre este y otros asuntos aparezcan, se reproduzcan y dialoguen en los espacios públicos en general, y en los medios de comunicación en particular.
- Se debe normar el acceso a los espacios y medios públicos de comunicación, incluyendo sus límites, como un derecho que tribute a la salud de nuestra comunidad política, y no debido a la presión de grupos específicos en coyunturas específicas.
- Debemos superar en nuestros espacios públicos la unanimidad complaciente, los debates sin política, la diferencia como problema, la polémica como tensión. Asumir, además, las diferencias, incluso los antagonismos que hacen parte de nuestra pluralidad, y que no tiene presencia en los medios.
- Se debe comprender que los y las televidentes somos, más que todo, y sobre todo, ciudadanas y ciudadanos que hemos de ejercer nuestra propia práctica política, lo cual tendrá una calidad dudosa si, al menos, no accedemos a las diferentes lecturas, perspectivas y propuestas que son hoy parte de nuestras disputas culturales.
- Debemos ir más allá del matrimonio igualitario, la responsabilidad parental y los fundamentalismos que los impugnan. Más allá del Código quedan debates políticos constitutivos del pacto que como sociedad venimos haciendo hace algún tiempo. El Código penal, la ley de asociaciones y la ley de participación, por ejemplo, ameritan tantos debates, propuestas y definiciones colectivas como el tema de las familias.
- Debemos asumir como variable permanente que ningún derecho puede sustentarse en la negación del derecho de otros y otras. Los medios públicos deben asumir responsablemente esta variable para la conformación de sus políticas.
- Debemos, en la apuesta por un país de justicia, igualdad, derechos y dignidad, debatir y no prohibir, argumentar y no criminalizar, proponer y no negar. La lucha por la justicia es, sobre todo, una lucha política que se gana en la transparencia, la denuncia, el argumento y la movilización.
El viernes 1 de abril pudiera ser un parteaguas para el debate desde la diversidad, y la confluencia de propuestas diferentes que enriquecen el proyecto socialista de nación. Un Estado laico, que garantice la presencia de todas y todos en el espacio público, pudiera ser un buen camino para la pluralidad y los derechos que liberan y dignifican, que incluyen y enriquecen. El límite a los fundamentalismos está precisamente ahí, en la pluralidad liberadora.
