El Tribunal Municipal de Camagüey sentenció con penas entre cuatro y 15 años de cárcel a 13 personas que participaron en las protestas antigubernamentales de la localidad de Nuevitas en agosto de 2022.
Solo una mujer, de los 14 acusados en el juicio, fue absuelta por falta de pruebas, refiere un reporte de la agencia española EFE, que cita a fuentes no oficiales.
El medio apunta que las penas impuestas a los manifestantes corresponden a delitos como sedición, propaganda enemiga, sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia.
En total, refiere el despacho, las penas de los 13 condenados sumadas entre sí ascienden a 138 años de cárcel.
No obstante, la sentencia aún no es firme y podrá ser apelada.
El juicio —que fue pospuesto de diciembre para enero— se celebró en dos sesiones de 12 horas cada una.
Al interior de la sala solo pudieron acceder dos familiares por detenido, según contaron testigos presenciales a EFE, que igualmente refiere la existencia de un fuerte despliegue de seguridad alrededor del tribunal.
Las protestas de Nuevitas por las que fueron juzgados las 14 personas tuvieron lugar en agosto de 2022, en momentos en que el país atravesaba una de sus etapas más agudas en su prolongada crisis energética.
A ello se sumaron otros factores locales y nacionales que agravaban la situación en esa localidad camagüeyana.
Algunos antecedentes para entender las protestas en Nuevitas (y otros municipios)
Las protestas de Nuevitas han sido de las mayores ocurridas en la isla desde el 11 de julio de 2021. Los más recientes episodios de estas manifestaciones populares ocurrieron el pasado marzo, en ciudades como Santiago de Cuba y Bayamo, aunque hasta el momento no han trascendido procesos legales contra los manifestantes.
En los procesos relacionados con otras protestas, como las del 11J, ONG y activistas opositores han denunciado problemas e irregularidades en los juicios, así como un carácter ejemplarizante y disuasorio de las condenas. Gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, y organizaciones internacionales, también han llamado al respeto de los derechos de los detenidos y han señalado el cariz político de las acciones legales.
Las autoridades cubanas, en cambio, han asegurado que los juicios se han realizado con “todas las garantías” y han respetado el debido proceso, a la vez que han apuntado a campañas de comunicación y “acciones desestabilizadoras” en su contra, organizadas desde Estados Unidos.
Recientemente, medios oficiales señalaron que agencias y grupos opositores del país norteamericano buscan “montar una operación” en los próximos meses para “provocar un estallido social” en la isla.
“Aspiran a calentar las calles cubanas durante el verano, aprovechando la compleja situación que vive el país en el orden económico”, según el diario Granma. El medio afirma que la “operación” coincidiría con el tercer aniversario del 11J e incluiría sabotajes al sistema eléctrico, así como “reforzar la ofensiva comunicacional desestabilizadora”.
EFE / OnCuba