El 5 de agosto pasado se cumplió un año de uno de los más grandes desastres de la historia cubana, cuando asistimos al macabro espectáculo de columnas de fuego que se levantaban hasta el cielo, durante casi una semana.
El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas cobró la vida de 17 personas y dejó más de un centenar de heridos. Meses después, las pérdidas materiales se estimarían en 66 millones de dólares; aunque no se revelaron más detalles.
A un año de la tragedia, no existe un informe concluyente sobre las causas del siniestro ni la evolución de las investigaciones o si estas continúan su curso; se ignora qué organismo, institución o persona natural asumió alguna responsabilidad civil o penal o se espera que la asuma; no está claro de quién debe esperar la ciudadanía una rendición de cuentas por la tragedia; cuáles fueron las circunstancias en las que los fallecidos —algunos de ellos sin experiencia— fueron enviados a la zona crítica; qué protocolos han sido modificados para que no se repita un episodio similar y procurar así garantías de seguridad de personas e instalaciones; qué dispositivos técnicos y otros recursos han sido actualizados o reformados para reducir al mínimo los riesgos…
La información sobre dos grandes desastres anteriores y cercanos en el tiempo fue manejada de forma similar: el accidente aéreo de mayo de 2018, y la explosión en el hotel Saratoga.
Accidente aéreo del vuelo DMJ 0972
El 18 de mayo de 2018 una trágica noticia conmocionó a toda Cuba. Un avión de la aerolínea Damojh, perteneciente a la empresa mexicana Global Air y contratada por Cubana de Aviación para realizar vuelos nacionales, cayó a tierra apenas minutos después de su despegue del aeropuerto José Martí de La Habana, con la ciudad de Holguín como destino.
Como resultado de la tragedia, 112 personas perdieron la vida, cinco de ellas menores de edad. En total, fallecieron 101 cubanos y 11 extranjeros, incluidos los seis miembros de la tripulación. Solo la cubana Mailen Díaz Almaguer, entonces de 19 años, logró sobrevivir, aunque con severas secuelas físicas y psicológicas.
Otras tres cubanas habían sido halladas con vida en el lugar del siniestro del Boeing 737, pero una de ellas falleció camino al hospital y las dos restantes murieron mientras estaban hospitalizadas.
Desde el día del accidente, el Gobierno cubano decretó duelo oficial. En alrededor de una semana fueron identificadas todas las víctimas del desastre. Luego, los restos se trasladaron para su sepelio a los lugares de origen, junto a familiares que habían viajado a La Habana para acompañar el proceso.
Una comisión de Cuba, con la colaboración de especialistas europeos, estadounidenses y mexicanos, fue la encargada de investigar lo sucedido. Las cajas negras, halladas entre los restos de la aeronave, fueron enviadas a Estados Unidos, en tanto expertos y autoridades aseguraron que las indagaciones podrían “tardar meses”.
A la par, comenzaron a trascender rápidamente irregularidades en operaciones anteriores de la compañía propietaria del avión, Global Air. Testimonios de antiguos empleados, especialistas y autoridades aéreas extranjeras, así como publicaciones de prensa, revelaron fallos y problemas tanto técnicos como de gestión.
El ministro cubano de Transporte, Adel Yzquierdo, había declarado que el avión de Damojh tenía toda la documentación en regla. Meses después, en enero de 2019, Yzquierdo fue removido de su puesto tras poco más de tres años en el mismo, sin que se informase oficialmente el motivo de la sustitución.
Apenas días después del accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México realizó una auditoría a la aerolínea y suspendió sus operaciones. Global Air tuvo que dar de baja sus aviones y declararse en quiebra. Un año después, familiares de las víctimas interpusieron demandas contra la compañía, sin que hasta ahora se conozcan públicamente los resultados.
Finalmente, más de un año después del accidente, y luego de comunicados previos y la atribución del hecho por parte de Global Air a un “fallo humano” de los pilotos (versión desestimada inicialmente por Cuba y México), el informe final de la Comisión Estatal de Investigación de Incidentes Graves o Accidentes de Aviación (CEIAA), publicado por el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, consideró que el desastre fue resultado de una “cadena de errores”.
Los investigadores señalaron la preponderancia del “factor humano” en la caída del vuelo DMJ 0972 y atribuyeron responsabilidad en lo sucedido a “inconsistencias en el entrenamiento de las tripulaciones”, “errores en los cálculos de peso y balance” de la aeronave, y “bajos estándares operacionales puestos de manifiesto en el vuelo”.
Además, aseguraron que no se encontraron “evidencias demostradas de rastros de defectos o mal funcionamiento del avión que pudieran haber contribuido al accidente”, aunque señalaron “fallas en las buenas prácticas para ejecutar mantenimiento”.
Cinco años después del siniestro, las autoridades cubanas no han ofrecido nuevos detalles sobre lo sucedido. Tampoco se ha informado de manera oficial sobre alguna presunta responsabilidad o remoción de funcionarios por estar involucrados directa o indirectamente con el hecho o sus causas, ni de compensaciones a los familiares de las víctimas.
Explosión en el hotel Saratoga
De nuevo en mayo, poco menos de cuatro años después del accidente aéreo, otra tragedia enlutó la isla. Una fuerte explosión en el hotel Saratoga, instalación turística de lujo de la capital cubana, sacudió la ciudad en la mañana del 6 de mayo de 2022 y provocó numerosos fallecidos, lesionados y daños materiales en el inmueble y sus alrededores.
El estallido ocurrió cuando un camión cisterna de gas licuado (GPL) abastecía el hotel. Desde un inicio, autoridades y medios estatales descartaron cualquier posibilidad de que hubiera sido provocado de forma voluntaria; y aseguraron que se realizaría una investigación sobre lo sucedido.
La onda expansiva destruyó la fachada de los tres pisos inferiores y causó otras afectaciones en el hotel, construido en 1879 y que vivió sucesivas remodelaciones; al tiempo que golpeó otros 23 edificios de la zona, 17 de ellos de viviendas. El Teatro Martí, una escuela primaria, una iglesia bautista y la sede de la Asociación Yoruba de Cuba estuvieron entre las edificaciones dañadas.
Como consecuencia perdieron la vida 47 personas, la mayoría en el lugar del desastre, y otras luego de ser hospitalizadas. Cerca de un centenar resultaron heridas. Muchas de las víctimas eran trabajadores del hotel, que se preparaba para reabrir días después y no tenía huéspedes en ese momento. Murieron además vecinos y transeúntes que pasaban por allí.
Murió una turista española, cuyos restos fueron trasladados a su país. Su pareja sobrevivió al siniestro, aunque con heridas de gravedad, y luego de recibir atención médica en Cuba retornó a Galicia, sin riesgo para su vida.
Tras la explosión, fuerzas de Rescate y Salvamento y demás personal especializado comenzaron de inmediato una intensa labor de remoción de escombros en busca de personas atrapadas. Este trabajo contrarreloj se extendió por casi 150 horas y fue seguido con expectación y dolor desde dentro y fuera de Cuba.
A la par, los habaneros se movilizaron para apoyar a las víctimas y donar sangre para la atención de los lesionados. Mientras, los familiares de los desaparecidos se reunieron en torno a las ruinas del hotel con la esperanza de hallar con vida a sus seres queridos.
Finalmente, concluidas las acciones de localización y rescate de los cuerpos, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó duelo oficial los días 13 y 14 de mayo, y se realizó una vigilia en el cercano Parque de la Fraternidad como tributo a las víctimas. Además, se celebró una misa en su memoria en la Catedral de La Habana.
La mayor parte de las familias que perdieron sus hogares por la explosión fueron reubicadas en espera de que concluyan las obras de reconstrucción de la zona. A algunas les han sido entregadas viviendas en otras zonas de la ciudad.
Poco después del siniestro se informó que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) tramitaría la entrega de pensiones, de manera expedita, para los trabajadores afectados y familiares de las víctimas del Saratoga.
Aunque aún no se ha hecho público un informe sobre lo ocurrido, la versión oficial apunta como causa de la tragedia una fuga de gas en la línea de abastecimiento o la fuente receptora, la cual habría provocado una concentración del combustible en el interior de la edificación hasta alcanzar el límite de inflamabilidad. En estas condiciones, el estallido habría sido causado por una fuente de ignición.
Hasta el momento no se ha informado sobre presuntos responsables de la explosión. Las personas involucradas directamente con la operación de suministro del camión al hotel fallecieron en la explosión.
Tampoco ha trascendido si hubo negligencia o fallo de seguridad que permitiera identificar responsables del hecho. Además se ignora si ha habido cambios en los protocolos de seguridad para la prevención de desastres similares. Mientras, continúan las obras en el Saratoga y sus alrededores.
Solo por cuenta del edificio más próximo al hotel, Prado 609, hubo 27 familias afectadas. Algunas de ellas habitaban los apartamentos y otras habían invertido en ellos para la renta. Algunos vecinos fueron trasladados a la Villa Panamericana, donde actualmente esperan la reconstrucción del edificio. Según les informaron, se terminaría para 2025.
Algunos reportan problemas en el suministro de agua; además de los que se derivan de una mudanza abrupta y la pérdida de prácticamente todos sus bienes materiales.
Vecinos consultados aseguran que el tratamiento que reciben por parte de las autoridades del Gobierno municipal, provincial y de vivienda es como si se hubiese tratado de una fatalidad. No reciben actualización alguna sobre el curso de la investigación y llegan a afirmar que ignoran si esta sigue abierta. Al no haberse determinado ninguna responsabilidad hasta el momento (algo que solo podría hacer un tribunal), no se menciona nada parecido a compensación o indemnización; tampoco asistencia psicológica. Sí han recibido unos módulos y equipos electrodomésticos.
Incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas
Solo tres meses después de la explosión en el hotel Saratoga, otro desastre mantuvo en vilo a Cuba. Desde la noche del 5 de agosto de 2022 y durante una interminable y dolorosa semana, un incendio de grandes proporciones consumió parte de la Base de Supertanqueros situada en la zona industrial de Matanzas, con un saldo final de 17 fallecidos y más de un centenar de heridos.
El siniestro, de acuerdo con la versión oficial, se originó por una descarga eléctrica sobre uno de los grandes depósitos del lugar, con capacidad para almacenar 50 mil metros cúbicos de crudo. A pesar del esfuerzo de los bomberos, el tanque incendiado explotó y las llamas se extendieron paulatinamente a otros tres tanques de la batería.
El incendio, fuera de control, consumió buena parte de la instalación y sus alrededores, incluido un grupo de viviendas de la zona. Los pobladores debieron ser evacuados ante el avance del fuego, que provocó fuertes explosiones, con llamaradas de decenas de metros de altura, mientras una densa columna de humo ennegrecía el cielo y era visible a kilómetros de distancia.
En la Base de Supertanqueros no solo se perdieron los cuatro depósitos siniestrados, sino además el crudo que almacenaban —con una afectación de unos 145 mil metros cúbicos, según estimados de las autoridades—, así como talleres y otras dependencias.
La tragedia cobró la vida de 17 personas; la mayoría, bomberos que combatían las llamas en la zona crítica. Además, hubo más de un centenar de lesionados que requirieron atención en hospitales de Matanzas y La Habana. Varias de las víctimas eran jóvenes que cumplían el Servicio Militar y carecían de la experticia que requería un incendio como este, lo que generó polémica y críticas al Gobierno de la isla.
Tras días de enorme tensión e incertidumbre, el incendio pudo ser sofocado gracias al trabajo de bomberos llegados de toda la isla, y a la asesoría y el apoyo técnico de México y Venezuela, que respondieron al pedido de ayuda internacional. Además, Cuba recibió donativos desde varios países y mantuvo intercambios con Estados Unidos.
A pesar del reporte de lluvias negras y los temores sobre un desastre ecológico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) aseguró que no existían “indicios de contaminación” en la bahía matancera, las presas y las aguas subterráneas de la zona tras la extinción de las llamas, ni “evidencias” de lluvias ácidas.
De los fallecidos, 14 permanecieron desaparecidos durante días, mientras se extinguían las llamas. Finalmente, los expertos forenses sólo pudieron recuperar escasos fragmentos óseos. No fue posible su identificación. Luego de la declaración de duelo oficial y unas sentidas honras fúnebres, sus restos fueron colocados en un panteón en Matanzas.
En cuanto a las condiciones del pararrayos, un experto entrevistado por Cubadebate aseguró que la “instalación de protección contra rayos, diseñada de acuerdo con las normas vigentes y con un mantenimiento adecuado”, podía “operar sin fallas para el nivel de riesgo tolerable que se consideró y el tiempo de vida útil para el que se diseñó. Pero —hizo la salvedad— para ello “se requiere de un régimen de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo muy bien diseñado, y además contar con los recursos materiales y financieros necesarios, cosa que, con la situación económica actual del país, es prácticamente imposible”.
Recientemente se informó sobre la construcción de un memorial dedicado a las víctimas. La obra, cuya fecha de inicio no ha sido anunciada, es fruto de una propuesta colectiva de artistas y arquitectos matanceros.
A la par, desde hace meses se trabaja en la recuperación de la base, tanto en sus depósitos e infraestructuras como en sus dispositivos de seguridad, incluido un nuevo sistema de pararrayos. No obstante, los expertos consideran que el sitio tardará años en recuperar su capacidad de almacenaje y funcionamiento previo.
La Base de Supertanqueros de Matanzas cuatro meses después del incendio
Días atrás, al cumplirse un año de la tragedia, se realizó un tributo a las víctimas en Matanzas, con la presencia de familiares, amigos, colegas, autoridades y población general. Sin embargo, aún siguen conocerse de manera pública el curso y los resultados de la pesquisa oficial sobre lo ocurrido en la base.
Un reciente despacho de la agencia EFE señala que allegados de algunos de las víctimas mortales afirman que “hasta el momento no se les ha informado sobre el avance en las investigaciones”. Tampoco han trascendido públicamente otras medidas ni identificación de presuntos responsables del que se considera el mayor desastre industrial de la historia de la isla.
El nuevo marco legislativo
“Ante una situación determinada que esté impactando negativamente a la población, los servidores públicos responsables están obligados a informar de inmediato desde todos los espacios posibles”, decía Díaz-Canel ante el Parlamento el 25 de mayo pasado, minutos después de aprobarse la primera Ley de Comunicación Social en Cuba.
Las palabras de Díaz-Canel fueron, quizá, un llamado a que los servidores públicos rindan cuenta de su gestión. A juicio del presidente, la Ley permite “superar los vacíos” y “vencer las inercias institucionales”, al haber sido “concebida” como “uno de los pilares de la gestión del Gobierno”.
Uno de sus por cuantos establece: “La comunicación social posibilita a las personas solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, derecho refrendado en el Artículo 53 de la Constitución, la cual establece también en su Artículo 101, inciso h), que los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia”.
En el capítulo 2, artículo 7, inciso k, la norma dispone “promover prácticas comunicativas que posibiliten transparencia en la información, la rendición de cuenta de los servidores públicos y otras formas de participación democrática con énfasis en los mecanismos de control popular, de conformidad con la legislación vigente”.
Asimismo, la norma obliga a los órganos, organismos y entidades del Estado, las organizaciones de masas y sociales y los medios fundamentales de comunicación social “a gestionar la comunicación de crisis con veracidad, objetividad y oportunidad”.
Sin embargo, en lo concerniente a la comunicación de crisis deja claro que “en situaciones excepcionales y de desastre, [la gestión de la comunicación] se realiza en correspondencia con la legislación especial establecida”, lo que deja abierto un margen de discrecionalidad.
Duelo y aprendizajes
La lista de interrogantes sin respuesta es larga, y cobra peso a medida que pasa el tiempo. No se trata de excepciones de la regla, sino una práctica normalizada por parte de la Administración que desconoce el derecho a acceder con transparencia a la información que atañe al interés público.
Por otro lado, la elaboración del duelo ante episodios tan traumáticos, a nivel individual y social, depende en gran medida de un manejo adecuado de la información, de la certeza en la ciudadanía de que existe una entidad que atenderá sus obligaciones de identificar las causas de los hechos; corregir las fallas y responder por ellas; compensar a las víctimas y otros afectados mediante el ejercicio de la justicia; tratar con dignidad y reverencia la memoria de los fallecidos; y garantizar que, controlando factores críticos y a partir de la experiencia aprendida, en el futuro no se repitan hechos similares.
No podemos aprender de nuestros errores ni evitar que estos se reediten si los encargados, servidores públicos, desconocen su mandato y no practican la transparencia, no asumen responsabilidades ni rinden cuentas.