Redacción OnCuba
El tributo a la Seguridad Social “quedó generalizada” en Cuba con el inicio del pago del incremento salarial a los trabajadores del sector presupuestado estatal, refieren este martes medios de prensa cubanos.
La Resolución 300 del 2019, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), establece que esa “contribución especial” alcanza ahora a todos los trabajadores beneficiados por el incremento salarial, de acuerdo con el dirario Granma.
Con anterioridad, solo pagaban este tributo algunos trabajadores estatales, principalmente del sector empresarial y con salarios más altos que el presupuestado, así como los privados.
Yahily García, directora de Política de Ingresos del MFP, aseguró que este es “el momento propicio para generalizar la forma de pago de estas contribuciones en todo el sector presupuestado” y que este pago, a partir del incremento salarial, es “un paso de avance” en la implementación de la Ley Tributaria cubana, que sigue el principio de “que todas las personas realicen su aporte al Estado en correspondencia con su capacidad económica”.
El tributo a la Seguridad Social se aplica escalonadamente y, para su cálculo, se utilizan dos tipos impositivos, en busca de proteger a los trabajadores de menores ingresos, explica Granma. Para los ingresos mensuales que sean inferiores a 500 pesos cubanos (CUP) se aplicará un tipo impositivo de un 2,5 %, mientras que para los que superen los 500 CUP será de un 5 %.
El incremento aprobado por el gobierno cubano sitúa el salario mínimo en la Isla en 400 CUP, mientras que el salario medio mensual por trabajador del Estado se eleva desde 767 CUP a 1.067 CUP, por lo que la mayoría tributará un 5 % a la Seguridad Social.
El pago de esta contribiución se realiza “a través de la entidad empleadora, que retiene y aporta al presupuesto las cuantías que correspondan por cada trabajador”. Ello se realizará dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, y tomando como referencia “la totalidad de ingresos gravados correspondientes al mes anterior”.
García aseguró que cuando las personas beneficiadas por el aumento vayan a cobrar por caja o por tarjeta magnética, el porcentaje que le corresponde según sus ingresos ya estará descontado de su salario.
“El objetivo es que todos aporten al Presupuesto del Estado”, comentó la funcionaria, quien aseveró que este “continúa siendo deficitario, y actualmente es el Estado quien cubre la diferencia entre lo que se ingresa por estas contribuciones y los gastos asociados a la seguridad social”.
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Otro “aspecto novedoso” para los trabajadores del sector presupuestado, según Granma, es el pago del Impuesto sobre los ingresos personales, que solo realizarán “aquellos que perciben un salario escala a partir de los 2.500 CUP, y que quedarán gravados con un tipo impositivo de un 3 % sobre las remuneraciones obtenidas por este concepto”.
Como sucede con el de la Seguridad Social, este impuesto será “retenido” por las entidades empleadoras.
Sin embargo, a diferencia de los trabajadores del sector no estatal que ya pagan este impuesto, los ahora beneficiados por el aumento de los salarios “están exonerados de la presentación de la declaración jurada para su liquidación y pago anual”, confirma la publicación.
Mientras, “en el caso de las personas que practiquen el pluriempleo, será la entidad que paga la remuneración la encargada de velar porque se cumplan los requisitos y se haga la retención pertinente”.
El incremento salarial comprende a 1.470.736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, sectores como la educación, la cultura y la salud pública, y las organizaciones y asociaciones, y tiene un costo estimado anual de 7.050 millones de pesos, según datos oficiales.
