¿Qué hacemos con las casas cerradas?

Desde el 2 de marzo de 2023, quienes ocupen ilegalmente una vivienda en Cuba enfrentan la posibilidad de pasar entre seis meses y dos años en prisión, estar sujetos a multas de hasta 500 cuotas, o ambas sanciones. Si en los hechos se ejerce violencia o se resiste la acción de las fuerzas de orden público, las penas serán de entre dos y cinco años de privación de libertad. Y las multas, de hasta 1 000 cuotas.

Así reza en el dictamen 471/ 2023 del Tribunal Supremo Popular (TSP), que supone un endurecimiento significativo del procedimiento para los casos mecionados. Hasta su publicación y entrada en vigor, los afectados por ocupación de viviendas debían apelar a la llamada “vía administrativa”. A través de ella correspondía a las direcciones municipales de la vivienda y las comisiones de enfrentamiento de las asambleas municipales del Poder Popular “ejecutar la extracción” de los intrusos.

Pero el sistema solía ser demorado. Un reportaje del periódico Vanguardia de junio de 2022 detallaba cómo entre 2008 y 2021 se habían radicado en Santa Clara 85 resoluciones de ocupación ilegal. De ellas, 30 seguían pendientes de solución.

El fenómeno tiende a agravarse por cuenta de la emigración, el envejecimiento poblacional y la escasez de vivienda. Solo en los primeros cinco meses de 2022 se abrieron ocho expedientes por nuevas ocupaciones en esa provincia. El promedio en los trece años precedentes había sido de 6,5 procesos por año (2008-2021).

Algunos afectados preferían resolver el problema por sí mismos, antes que arriesgarse a que la ocupación de la vivienda se prolongara y el inmueble sufriera daños irremediables. Así le sucedió a Margarita Martínez, una de las entrevistadas por el periódico villaclareño. Logró recuperar la casa de su hija emigrada gracias a que unos familiares persuadieron a las dos jóvenes que la habían ocupado. No antes, sin embargo, de que hubiesen destruido la puerta principal y sustraído una cámara de seguridad y su disco duro.

El dictamen del TSP emitido en marzo autoriza a los propietarios a interponer denuncias por el delito de usurpación, que antes se reservaba para la invasión de inmuebles estatales. De acuerdo con el TSP, la decisión responde a “criterios y preocupaciones” planteados por los parlamentarios durante los debates sobre el nuevo Código Penal, en mayo de 2022.

“Los fundamentos que sustentaron esa disposición [la antigua preeminencia de la ‘vía administrativa’] respondieron a circunstancias y situaciones distintas a las condiciones socioeconómicas en las que, actualmente, se desenvuelve el país”, justifica el dictamen.

Con la nueva disposición, la policía se ve comprometida a intervenir en el conflicto. Con anterioridad, las fuerzas de orden público solo se involucraban cuando la situación derivaba en hechos violentos; casi siempre para detener a los implicados y muy pocas veces para atender el motivo de la disputa, la ocupación en sí.

Menos construcciones, más garantías para los propietarios emigrados

En 2022 se construyeron en Cuba 21 229 viviendas, unas 2 mil más que en el año anterior; pero apenas el 58 % de lo proyectado. El incumplimiento resulta mayor si se contrasta con las estimaciones de la Política de la Vivienda en Cuba (2018). Esta fue promulgada para acabar con el déficit habitacional en la isla al cabo de una década. De acuerdo con su cronograma de ejecución, en 2022 debieron edificarse 48 143 casas y rehabilitarse 37 827. En definitiva, las rehabilitaciones superaron por poco las 14 mil. 

Para 2023 las proyecciones de la Política eran de 52 162 nuevos inmuebles y 41 246 rehabilitaciones.
Así se pensaba en 2018, al proyectarse la política. Pero una pandemia y cuatro años de crisis económica han hecho al Gobierno más cauto en el manejo de sus expectativas y las cifras que las concretan.

¿Existe una política de vivienda para la ciudad de La Habana?

Todavía en marzo no se ha hecho público el plan nacional de 2023. Solo se dispone de algunas estadísticas parciales y de nivel provincial. 

A finales de febrero, durante una videoconferencia del primer ministro Manuel Marrero con gobernadores e intendentes, se supo que en enero se habían terminado a nivel nacional 1 310 viviendas. Además, que otras 65 tenían pendiente el certificado de habitabilidad por demoras en su conexión a los servicios de acueducto y electricidad, y el completamiento de sus documentaciones técnicas.

“No se puede decir que no se está trabajando, pero no lo estamos haciendo bien”, dijo Marrero entonces. 

En 2018 la Política de la Vivienda cifró el déficit habitacional (la suma de las viviendas nuevas y las que están por rehabilitar) de la isla en 929 695 unidades. De ellas, 527 mil deberían ser nuevas construcciones. Para obras de tal magnitud se calculaba que se necesitarían 1,4 millones de toneladas de cemento, más de 800 mil toneladas de acero y 1,3 millones de metros cúbicos de áridos, entre otros recursos que las condiciones económicas actuales hacen imposible allegar. 

Nuevas propuestas para modificar las normas de la vivienda

En medio del panorama descrito, cada cierto tiempo circulan rumores de una probable modificación de las normas sobre las viviendas. La más recurrente es la de una comisión integrada por parlamentarios y juristas que replantearía los requisitos para el ejercicio de la titularidad sobre inmuebles. Actualmente, solo es posible ser propietario de una vivienda en zonas urbanas o rurales, y otra en áreas de playa. Para el ejercicio “activo” de la propiedad (sin mediación de poderes) es necesario tener estatus de residencia en la isla.

En noviembre, el sitio digital 14 y medio citó a una abogada que declaraba que el objetivo de la comisión es sugerir “cambios que se ajusten al actual escenario de grandes números de emigrados”. Las propuestas apuntarían a que los residentes en el exterior no pierdan sus derechos como propietarios, y a permitir que una persona tenga más de una casa a su nombre.

La nota concluía con una referencia a la gran cantidad de poderes notariales tramitados en los últimos dos años, a tenor del aumento de la emigración de los cubanos. “Se está dando el caso de una persona que tiene varios poderes de varios familiares y, encima, debe cuidar físicamente esas viviendas que le han dejado a su cargo”, contó un funcionario.

Entre los emigrados, una parte no quiso o no pudo vender el inmueble. Otros, a pesar de residir en el exterior, han comprado casa en la isla.

“El mercado de compraventa de casas es muy activo; de hecho, es casi el único que se mantiene así luego de la ‘furia’ que causó la ruta de Nicaragua”, afirma José Luis, un corredor inmobiliario. En Camagüey “gestiona sobre el terreno” (se ocupa de la burocracia, también) compraventas a menudo negociadas en Miami y otras ciudades estadounidenses. Por lo regular, sus clientes provienen de dos grandes redes: quienes se conocen previamente, y quienes se ponen en contacto a través de alguna de las páginas o grupos de Facebook especializados en el tema.

El gran número de miembros de los grupos virtuales demuestra que existe interés en invertir en Cuba. No obstante, por causa del bloqueo, las inmobiliarias registradas en Estados Unidos no pueden de manera abierta brindar servicios a los emigrados con interés en adquirir una vivienda en Cuba, considera mi entrevistado, por eso acuden a corredores inmobiliarios. 

“Una señora a la que hace poco ayudamos con los trámites para permutar ‘con vuelto’ su casa por otra mayor, comentaba que a pesar de llevar más de diez años viviendo en Estados Unidos y de ser ciudadana americana, valora mucho las propiedades que tiene en Cuba. Con 20 mil o 25 mil dólares no se puede hacer gran cosa en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos; pero en Cuba sí”, concluye José Luis.

Cuando se aprobó la Ley cubana de expropiación, en diciembre último, no faltaron en las redes sociales debates con un denominador común: a los emigrados “les van a quitar las casas”. Pero las perspectivas apuntan a un escenario radicalmente distinto. Se refleja en la promulgación de normas que favorecerían a los propietarios, vivan o no en los inmuebles. Es el caso del dictamen del TSP publicado en marzo. 

El escenario parece apuntar a la legitimación jurídica de hechos como la concentración de propiedades —que hoy se enmascara, en términos de titularidad, a través de familiares y testaferros—. Además, indirectamente, permitiría acercar posiciones con la comunidad emigrada, determinante en la vida económica y social del país. En muchos casos este sector posee la titularidad de fincas y casas en la isla.

Sería una reforma profunda, pues hasta ahora el límite de una propiedad por persona y el requisito de que sus titulares tenga residencia permanente en Cuba han sido piedras fundamentales de la arquitectura legal sobre el tema, a partir de la Ley General de la Vivienda vigente. 

La hipotética flexibilización de dicha Ley ocurriría en un contexto particularmente difícil. Los estudios que en 2018 fundamentaron la Política Nacional de la Vivienda calculaban que más del 39 % de los inmuebles de esta naturaleza en Cuba se encontraban en regular o mal estado. En 2015, el promedio de convivientes por “hogares” —terminología que utiliza la Oficina Nacional de Estadísticas e Información— era de 2,91 personas en Cuba. Teniendo en cuenta el promedio, la condición del fondo habitacional y el déficit estimado de casas (sobre el medio millón de unidades), es inevitable concluir que las condiciones de vivienda de aproximadamente un millón y medio cubanos están lejos de ser óptimas, siquiera dignas en muchos casos.

La “penalización” de las ocupaciones ilegales de inmuebles envía una señal sobre la línea de acción del Gobierno en el futuro cercano. A falta de recursos suficientes para resolver el problema habitacional, los esfuerzos se concentran en la normatización y gestión de la propiedad. Al menos eso da la idea de que “algo se hace”.

La realidad, sin embargo, es que faltan viviendas. Y esa circunstancia no cambiará porque se endurezcan las sanciones contra los ocupantes ilegales o se refrende la concentración de un bien tan básico en manos de dueños muchas veces ausentes. Más bien al contrario.