Asamblea de Cineastas: decisión de tribunal cubano sobre caso de “La Habana de Fito” sienta un “nefasto precedente”

La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), organización resurgida en 2023 a raíz de lo sucedido entonces con el documental La Habana de Fito, consideró como un “nefasto precedente” la reciente decisión de un tribunal cubano sobre la demanda interpuesta por su realizador.

Juan Pin Vilar, como director de la obra, había demandado por violación del Derecho de Autor al Canal Educativo de la televisión cubana por la transmisión de una copia del documental sin su consentimiento en junio de ese año.

Entonces, tras haber sido censurada una presentación previa en una sala de teatro, el programa “Espectador Crítico” exhibió una copia de trabajo de La Habana de Fito sin autorización de Vilar, en una proyección televisiva que fue acompañada por un panel que criticó el documental y lo acusó de manipulaciones.

El hecho “motivó una carta de protesta firmada por gran número de cineastas y figuras de la sociedad civil, quienes consideraron violentadas las regulaciones existentes para el Derecho de Autor Audiovisual”, recuerda ahora la ACC en una declaración publicada en sus redes.

Sin embargo, más de un año después de interpuesta la demanda por Vilar, “en los días finales de 2024, seis meses después de quedar el caso visto para sentencia, se le informa al demandante que no tiene razón y por tanto su acción es desestimada”, refiere la organización que reúne a cineastas cubanos radicados dentro y fuera de la isla.

A raíz de esta decisión judicial, la Asamblea —que se ha opuesto reiteradamente a la censura y ha cuestionado el accionar de la institucionalidad cultural en la isla— afirmó que lo ocurrido no es “un hecho aislado”, sino “una práctica constante de las autoridades culturales” de Cuba, a las que señala por excluir, censurar e intervenir “abruptamente en los procesos de creación artística”.

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Consideraciones de la ACC

En su declaración, dirigida “a todos los artistas cubanos” y firmada por su Grupo de Representantes, la ACC estimó que la decisión emitida por el Tribunal Provincial de La Habana “sienta un nefasto precedente que coloca a todos los artistas y creadores cubanos en una posición de vulnerabilidad, pues su obra (terminada o no) puede ser exhibida o compartida en un espacio público, sin contar con su anuencia”.

En sus consideraciones, la organización recalca que “el productor Ricardo Figueredo y el realizador Juan Pin Vilar se negaron expresamente a que su película fuese exhibida en televisión nacional”, a pesar de lo cual se produjo la exhibición de la obra, sobre la que —apunta— “ni la Televisión Cubana , ni el ICAIC, ni el Ministerio de Cultura tienen derechos legales”.

Al rebatir el argumento esgrimido como defensa por el Canal Educativo de que ya la obra había tenido una presentación previa en Nueva York, la ACC estimó que “el tribunal obvia los procesos y dinámicas alrededor del arte, especialmente el cine” y confirmó que para dicha presentación Vilar había dado su consentimiento y se aclaró que se trataba de una obra no concluida.

“¿Cómo es posible que el tribunal acepte como razonable la violación, por parte de las autoridades, del derecho del artista a exponer su obra cuando él lo considere?”, se preguntó, al tiempo que señaló que “el argumento de que si una película no está terminada no existe y, por tanto, no tiene un autor legalmente reconocido resulta ingenuo”.

Otro elemento subrayado por la ACC es que el tribunal “no escuchó a los peritos o especialistas propuestos por la abogada de Juan Pin Vilar”, a quienes —asegura— “no se les permitió pasar a la sala del juicio”. 

De igual forma, la Asamblea consideró que “el Canal Educativo no puede obrar de buena fe, como expresa el dictamen del tribunal, porque esa presentación fue articulada de manera imprevista, respondiendo a una orden superior” y reveló que mientras se grababa el programa una autoridad cultural trató de convencer a Vilar, “por medio de varias llamadas telefónicas, de que autorizara su pase en la televisión”.

En su opinión, con la exhibición del documental sin la autorización de su realizador se fracturó la ruta legal en estos casos, “violentando los tiempos de explotación de la obra, obstaculizando su posible presentación en festivales y abriendo la puerta a que sea copiado y distribuido ilegalmente”. Por demás, agregó, la decisión tomada ahora por el tribunal “ampara este proceder”.

“La Asamblea no puede aceptar que los intereses de una institución estén por encima del derecho de un artista a decidir el destino de su obra”, añade la declaración, la cual sostiene que en el campo del arte, la decisión judicial sobre la demanda de Vilar “prácticamente anula la existencia de una ley de Derecho de Autor en Cuba”.

Finalmente, además de denunciar y enumerar “las irregularidades cometidas durante este proceso”, la ACC aseguró que la decisión del Tribunal Provincial de La Habana “no solo va en contra de un artista, sino contra toda una comunidad”.

“Su decisión convierte la impunidad en ley”, concluyó la Asamblea.