Ceuta, Marruecos y el Régimen del 78

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta ha acabado convirtiéndose en algo más que un debate sobre fronteras, inmigración o relaciones diplomáticas. En clave local, lo que se ha escenificado es la confluencia de tres crisis diferentes: la emergencia provocada por la entrada masiva de más de 80 mil personas en la ciudad autónoma, la creciente dependencia estratégica de España respecto de Marruecos y una pugna política interna cada vez más dura sobre el futuro del Régimen del 78.

La primera conclusión es que el Gobierno subestimó la dimensión de la crisis. Durante las primeras semanas, el Ejecutivo consideró que el problema quedaba esencialmente resuelto porque Rabat aceptaba la readmisión de la gran mayoría de las personas que habían atravesado la frontera. Pero aquella interpretación solo observaba la dimensión administrativa de los hechos. La crisis tenía una profundidad muy superior.

La cuestión de fondo no es exclusivamente migratoria. Con todos sus desequilibrios, desigualdades y fragilidades, Marruecos ocupa hoy una posición geopolítica muy diferente de la que tenía hace dos o tres décadas. Ya es una potencia económica y logística regional, y el control de los flujos migratorios hacia Europa le proporciona una extraordinaria capacidad de negociación con Bruselas. Al mismo tiempo, el acercamiento estratégico a Estados Unidos e Israel ha reforzado su proyección internacional. El antiguo Protectorado ha dejado de ser simplemente un socio problemático para convertirse en un actor regional con una influencia creciente.

Este nuevo equilibrio explica la actitud de extrema prudencia adoptada por el Gobierno español. La experiencia de 2021 pesa todavía sobre todas las decisiones de La Moncloa. Aquel año, después de la acogida hospitalaria del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos propició una entrada masiva de migrantes en Ceuta y congeló durante meses la relación bilateral. Las consecuencias económicas y diplomáticas fueron suficientemente importantes como para que Sánchez acabara modificando la posición histórica española sobre el Sáhara Occidental.

Desde esta perspectiva, la prudencia actual no responde tanto a una opción ideológica como a una constatación de debilidad. El Gobierno sabe que dispone de un margen limitado. La paradoja aparente es que sus adversarios políticos denuncian esta situación de dependencia sin ofrecer una alternativa creíble. Ni el Partido Popular ni Vox explican qué harían ante un país capaz de abrir o cerrar el grifo migratorio, alterar la estabilidad de Ceuta y Melilla y condicionar una parte significativa de la política exterior europea. Lo único que interesa a Vox y al PP es culminar el acoso político al “sanchismo”. Al precio que sea.

Efectivamente, la crisis de Ceuta no se desarrolla en un vacío político. Llega en un momento marcado por una extraordinaria tensión interna. Hace años que la política española vive inmersa en una escalada de confrontación judicial, mediática e institucional contra Pedro Sánchez. Las investigaciones sobre su entorno familiar, las filtraciones constantes y la intensificación de los ataques políticos han generado un clima que podría recordar a los últimos años del felipismo, pero con una diferencia sustancial: con la bronca sobre Ceuta, la disputa ya no gira solo en torno a una eventual alternancia de Gobierno; lo que está en juego es la propia definición del Régimen del 78.

Asistimos a la culminación de un largo proceso de recentralización iniciado por Aznar con el cambio de milenio y acentuado a partir de 2010 con la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán. Los mecanismos políticos, judiciales y mediáticos activados contra el independentismo a partir de 2017 habrían acabado configurando un dispositivo de poder que ahora opera también contra el actual Gobierno de coalición. La consolidación de Vox como actor determinante de la política española ha reforzado esta dinámica en un contexto de batalla política, cultural y judicial.

Y, en este contexto, la crisis de Ceuta ha sido incorporada inmediatamente a la lucha por el relato. Cínicamente, Vox acusa a Sánchez de sumisión a Marruecos y plantea fórmulas excepcionales para llevarlo ante el Tribunal Supremo. El PP apuesta por una estrategia formalmente más gradual, pero también confía en que la erosión judicial y mediática pueda destruir el “sanchismo”. Mientras tanto, determinados sectores policiales, judiciales y mediáticos trabajan en perfecta sintonía con el mismo objetivo. “El que pueda hacer, que haga”.

En este escenario, las preguntas esenciales continúan sin respuesta. ¿Quién impulsó realmente los acontecimientos de Ceuta? ¿Fue una iniciativa de sectores del poder marroquí? ¿Una represalia relacionada con el Sáhara? ¿Una demostración de fuerza ante futuras reivindicaciones territoriales? ¿O un episodio vinculado a equilibrios geopolíticos más amplios en los que intervienen actores como Washington, Bruselas o Tel Aviv? ¿Una mezcla de todo?

El debate del Congreso no ha resuelto ninguna de estas incógnitas. Pero ya no importa. Ha dejado al descubierto una realidad incómoda y alarmante: la crisis de Ceuta es, al mismo tiempo, una crisis de fronteras, una crisis diplomática y una crisis de poder. Ha evidenciado la creciente capacidad de influencia de Marruecos sobre España y la Unión Europea, pero también la profunda polarización de la política española y la disputa abierta sobre quién controla realmente los principales resortes del Estado. Por eso, más que un episodio migratorio puntual, Ceuta puede acabar convirtiéndose en un momento revelador de un cambio de época. El desencadenante de un cambio de régimen. Un cambio de régimen que ya parece inevitable.

La situación recuerda a la de los años y meses previos a la dictadura de Primo de Rivera, que significó el fin del régimen de la Segunda Restauración Borbónica en 1931. Pero la extrema derecha del siglo XXI no actúa como la extrema derecha del siglo pasado. La nueva extrema derecha no da golpes de Estado tradicionales al estilo de Tejero. Ahora ocupa las instituciones democráticas, las parasita, las vampiriza y las vacía de todo contenido democrático, respetando la fachada. Un ejercicio de taxidermia política sistemática que los analistas todavía no caracterizan como neofascismo.

Pero es que el fascismo de hoy ya no es mussoliniano, hitleriano o franquista. El fascismo de hoy lo representan personajes como Trump, Putin o Netanyahu… u otros como Ayuso, Le Pen o Meloni.

Este texto fue publicado originalmente en catalán en el diario digital Nació. Se reproduce con la autorización expresa del autor y de sus editores. Lea el original.