La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, calificó las múltiples causas judiciales en su contra por presunta corrupción como una “película” digna de un Oscar, co-escrita y dirigida por funcionarios judiciales afines al gobierno de Mauricio Macri, que busca distraer a la población de la crisis económica que enfrenta el país sudamericano.
La exmandataria (2007-2015) hizo estas afirmaciones en un escrito entregado personalmente este lunes en los tribunales de Buenos Aires, al cumplir con una citatorio del juez federal Claudio Bonadío en ocho causas judiciales por supuestos ilícitos en su gestión.
Esta fue la primera comparecencia de Fernández ante la justicia en el inicio de un año de elecciones presidenciales, mientras se especula con su posible candidatura impulsada por encuestas que la muestran como la opositora con mejor intención de voto para impedir la reelección que buscará el presidente Mauricio Macri.
Fernández, de 66 años, se negó a declarar ante Bonadío, el juez que le ha provocado los mayores dolores de cabeza al frente de causas que van desde liderar una asociación ilícita, lavado de dinero hasta encubrimiento de sospechosos de un atentado terrorista. Sólo entregó el escrito que luego se divulgó entre la prensa, en el cual la expresidenta se asumió como una perseguida política y negó los cargos en su contra.
Afirmó que comparecer en ocho causas en simultáneo “se trata de un hecho inédito en los anales de la jurisprudencia, que puede comprenderse en el marco de una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios”.
“Aunque debo reconocer que en términos cinematográficos, esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad”, aseveró. “Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben cómo hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito (carro) del supermercado”.
Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben como hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 25, 2019
Siete de las causas por las que fue citada este lunes se desprenden de una investigación contra Fernández como supuesta jefa de una asociación ilícita durante su mandato dedicada a cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos de obra pública.
El caso, por el cual Fernández está procesada, se inició a partir de la aparición de fotocopias de anotaciones que llevaba en un cuaderno el chofer de un ex alto funcionario kirchnerista sobre supuestas maniobras de recaudación de dinero de empresarios.
En el marco de esta investigación, varios ejecutivos admitieron el pago de sobornos.
La octava causa judicial tiene relación con el supuesto pago de sobreprecios en la importación de gas licuado. Fernández cuestionó que uno de los elementos de prueba de este caso sea la declaración de un testigo que está siendo investigado por supuesta extorción a empresarios para que no sean involucrados en causas contra el gobierno kirchnerista.
Hace dos semanas una publicación periodística dio cuenta de audios, videos y mensajes de WhatsApp de este testigo que le pedía miles de dólares a un empresario en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli, designado en varias de las causas contra la expresidenta. El funcionario judicial admitió conocerlo, pero negó que estuviera al tanto de la maniobra extorsiva.
Tomándose de este escándalo, Fernández indicó que “la única y verdadera asociación ilícita son ellos”, en referencia al juez Bonadío y el fiscal Stornelli, “que no sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados”.
Y concluyó que “no obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba –porque no existe– que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública”.
El martes se tenía previsto el inicio del primer juicio oral por supuestamente favorecer a un empresario en la licitación de obras públicas. El proceso fue postergado para mayo por problema de salud de uno de los jueces que deben juzgarla.
