La Administración Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que la autorice a reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
LLa apelación se produce tras el rechazo de la petición del tribunal federal de apelaciones en Washington.
Por una votación de 2 a 1, un panel de jueces mantuvo vigente la orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
La orden original que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el magistrado James E. Boasberg , juez principal del tribunal federal en Washington.
El presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que llama al Tren de Aragua “una fuerza invasora”.
“Aquí, las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las decisiones del Presidente sobre cómo proteger a la Nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras”, escribió la procuradora general interina, Sarah Harris, en la presentación judicial.
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentaron la demanda en nombre de cinco venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente confrontación entre la Casa Blanca y los tribunales federales.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones repletos de inmigrantes venezolanos, lo cual no ocurrió.
El gobierno ha invocado el “privilegio de secreto de Estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido el impeachment del juez Boasberg. Pero en un acto inusual, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que “el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros.
