En el primer día de su gobierno, el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden planea revelar un amplio proyecto de ley de inmigración con el que espera ofrecer a los aproximadamente 11 millones de personas que viven de manera ilegal en el país una vía de ocho años para naturalizarse. Sería un giro de 180 grados respecto a las duras políticas implementadas por el gobierno del presidente saliente, Donald Trump.
Se prevé que el proyecto de ley sea presentado luego de que Biden preste juramento, de acuerdo con una persona familiarizada con la medida y quien pidió hablar bajo condición de anonimato.
La iniciativa coloca a Biden en camino para cumplir con una promesa clave de campaña que es importante para los votantes latinos y otras comunidades de inmigrantes, tras cuatro años de políticas restrictivas y deportaciones en masa del gobierno de Trump.
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La propuesta contempla una de las vías más rápidas para obtener la ciudadanía estadounidense para quienes viven en el país, sin ningún tipo de estatus legal en los últimos años; pero no incluye el tradicional compromiso de una mayor seguridad fronteriza favorecida por muchos republicanos, lo que pone en duda que vaya a ser aprobada en el Congreso.
Como candidato, Biden dijo que las acciones de Trump sobre la inmigración eran un “ataque implacable” contra los valores estadounidenses y afirmó que “desharía el daño” al tiempo que mantendría la frontera bien vigilada.
Bajo la propuesta, quienes hayan vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021 sin un estatus legal tendrían una vía de cinco años hacia un estatus legal temporal, o una tarjeta de residencia permanente, si aprueban las revisiones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requerimientos básicos. A partir de ese punto, les queda un camino adicional de tres años para naturalizarse, si deciden hacerlo.
The work of the next four years must be the restoration of democracy and the recovery of respect for the rule of law, and the renewal of a politics that’s about solving problems — not stoking the flames of hate and chaos.
— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021
Para algunos inmigrantes, el proceso sería más rápido. Los llamados “dreamers”, que son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal siendo niños, así como los trabajadores agrícolas y la gente bajo el Estatus de Protección Temporal, podrían calificar para obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como green card, si están trabajando, estudiando o cumplen con otros requisitos.
El proyecto de ley no es tan amplio como la última reforma de inmigración propuesta cuando Biden era vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama. Por ejemplo, no incluye un elemento de seguridad fronteriza robusto, sino que requiere la elaboración de estrategias. Tampoco crea ningún programa nuevo de trabajadores temporales u otros programas de visado.
Sí aborda alguna de las causas de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos y proporciona subsidios para el desarrollo de la fuerza del trabajo y aprendizaje del idioma inglés.
Está previsto que Biden tome acciones ejecutivas rápidas para revertir otras acciones de inmigración de Trump, como poner fin a las restricciones impuestas a la llegada de personas de varios países, predominantemente musulmanes.
Durante las elecciones primarias demócratas, Biden dijo en repetidas ocasiones que la acción en torno a la inmigración sería una de sus prioridades desde el “primer día” de su presidencia y dijo la variedad de poderes ejecutivos que podría invocar para revertir las políticas de Trump.
Aliados de Biden e incluso algunos republicanos han identificado la inmigración como un tema importante donde el nuevo gobierno podría encontrar puntos en común con el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell y con suficientes senadores del Partido Republicano para evitar el estancamiento que se ha vivido en los gobiernos de ambos partidos durante décadas.
Ese tipo de victoria importante, aunque incluya ceder en algunas cosas, podría ser fundamental mientras Biden busca triunfos legislativos en un Congreso estrechamente dividido, donde es casi seguro que los republicanos se opondrán a otras prioridades que involucren retirar algunos de los recortes fiscales implementados en 2017 o el aumento del gasto federal.
