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El lunes, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump a cancelar las protecciones temporales que han permitido a casi 350 mil venezolanos permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias.
El gobierno de Biden creó el estatus de protección para los venezolanos en 2021 y 2023, tras determinar que la inestabilidad económica y política bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro hacía demasiado arriesgado deportar a los migrantes a su país.
Un juez de primera instancia le había prohibido al gobierno finalizar el estatus de protección temporal mientras continuara el litigio sobre el asunto. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, rescindió la extensión de Biden en febrero, antes de que entrara en vigor, alegando que los venezolanos representaban una carga para los recursos locales y, dado que algunos fueron acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, representaban una amenaza para la seguridad pública.
Un tribunal federal de distrito en California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, impidiendo así la eliminación de las protecciones para más de 300 000 venezolanos que estaban a punto de perderlas a principios de abril.
Juez federal bloquea la orden de Trump de revocar el TPS para venezolanos y haitianos
El Congreso creó el programa TPS en 1990, lo que permite al Gobierno federal brindar protección temporal a migrantes de países que sufren desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso su retorno.
Al final del primer gobierno de Trump, las autoridades describieron a Venezuela como “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental” y otorgaron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.
Sin la extensión de Biden, las protecciones debían finalizar para algunos migrantes en abril y para otros en septiembre. “El daño en este caso es particularmente pronunciado porque la secretaria Noem determinó que una extensión de 18 meses perjudicaría la ‘seguridad nacional’ y la ‘seguridad pública’ de Estados Unidos, a la vez que sobrecargaría las comisarías de policía, los albergues municipales y los servicios de asistencia en comunidades locales que habían llegado a un punto crítico”, escribió el gobierno en sus documentos presentados ante el alto tribunal.
En febrero, siete migrantes venezolanos y una organización sin fines de lucro demandaron al gobierno de Trump para bloquear la cancelación del estatus de protección para los venezolanos. Un juez federal del norte de California suspendió la acción del presidente Donald Trump, dictaminando que la cancelación del estatus de protección violaba las normas procesales y probablemente estaba motivada por animosidad racial.
“La acción dela secretaria Noem amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, escribió el juez en su dictamen, confirmado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estado Unidos. “Al mismo tiempo, el Gobierno no ha identificado ningún perjuicio compensatorio real al continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos”.
Los litigantes argumentaron que Venezuela sigue siendo insegura y que la cancelación del programa TPS estuvo motivada por prejuicios. “La secretaria se basó explícitamente en estereotipos falsos y negativos —como el mito de que Venezuela vació sus cárceles para enviar emigrantes aquí— para justificar tanto la decisión de anularlo como la de cancelarlo”, escribieron los solicitantes. “Sus declaraciones confundieron a los venezolanos beneficiarios del TPS con ‘vagabundos’, pandilleros y delincuentes peligrosos”.
La decisión de revocar el TPS ha causado consternación entre los venezolanos en Estados Unidos, muchos de los cuales apoyaron al gobierno de Trump. En este contexto, muchos que llegaron a Florida y apoyaron a Trump se sienten traicionados ante la posibilidad de ser deportados.
