Este martes el Departamento de Justicia lanzó un llamado para que la Corte Suprema rechace la solicitud del expresidente Donald Trump de intervenir en la disputa sobre los documentos clasificados que fueran incautados en su propiedad de Mar-a-Lago el pasado agosto.
Al calificar los documentos de “extraordinariamente sensibles”, el Departamento de Justicia argumenta que el Tribunal debería dejar en pie una orden de la corte federal de apelaciones, que bloqueó el acceso de un maestro especial a esos registros mientras se desarrollan los desafíos legales.
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“Como ha enfatizado este Tribunal, los tribunales deben ser cautelosos antes de insistir en un examen de registros cuya divulgación pondría en peligro la seguridad nacional incluso por parte del juez solo, en las cámaras”, escribió el Departamento de Justicia, citando un caso anterior.
Los abogados de Trump quieren que el maestro especial revise los más de 100 documentos marcados como clasificados, lo que, si se permite, podría abrir la puerta a que el equipo del expresidente tambien revise los registros y argumente que deberían estar fuera del alcance de los fiscales en un caso penal.
El Tribunal en pleno podría pronunciarse sobre el asunto en cuestión de días. Se necesitarían cinco jueces, de los nueve, para conceder la solicitud de Trump. Los republicanos son mayoría de esta instancia. “De hecho, lo máximo que el solicitante podría establecer sobre la jurisdicción de apelación en este caso es que presenta una pregunta ‘difícil’”, estimó la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en la presentación de este martes.
En cuestión hay dos órdenes emitidas el mes pasado por la jueza federal de distrito Aileen Cannon. Ha autorizado a un maestro especial para revisar los materiales incautados, incluidos aquellos con marcas clasificadas. Anteriormente, Cannon prohibió temporalmente al Departamento de Justicia usar parte de los documentos en su investigación criminal en curso.
Sin embargo, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, actuando a pedido del Departamento de Justicia, acordó congelar parte de esas órdenes mientras se desarrolla la disputa legal.
Trump ha argumentado que puede haber tenido derecho, como expresidente, a poseer ciertos documentos gubernamentales, incluidos los que podrían contener los secretos más sensibles del país.
“El Undécimo Circuito carecía de jurisdicción para revisar, y mucho menos suspender, una orden del Tribunal de Distrito que disponía que el Magistrado Especial revisara los materiales incautados en la casa del presidente Trump”, dijo Trump a la Corte Suprema la semana pasada.
Raymond Dearie, el juez superior designado como inspector especial, se verá “afectado de forma importante” por la orden del tribunal de apelaciones y retrasará el “trabajo en curso sensible al tiempo”, agregó el equipo de Trump.
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A su vez, la procuradora general, Elizabeth Prelogar, dijo que Cannon, quien fue designado por Trump, “se equivocó fundamentalmente” al nombrar a un inspector especial en primer lugar y señaló que el Departamento de Justicia está apelando esa decisión en tribunales inferiores.
El Departamento de Justicia, en su presentación, también señaló que la corte de apelaciones del 11° Circuito determinó que Cannon “abusó de su discreción” e infligió “una intrusión grave e injustificada en la autoridad del Poder Ejecutivo para controlar el uso y la distribución de registros gubernamentales extraordinariamente sensibles”.
