Fiscales generales de Arizona, Luisiana y Missouri están demandando la orden de poner fin al Título 42, política implementada por la administración Trump en marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y que permite la expulsión rápida de migrantes en la frontera.
“Esta demanda desafía una calamidad inminente: la eliminación abrupta de la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta administración se conviertan en una catástrofe absoluta”, dice la demanda.
“Queremos evitar que la administración Biden rescinda el Título 42 porque puede ser una de las decisiones más estúpidas de esta administración, y han hecho muchas tonterías”, dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, el lunes por la mañana en “FOX & Friends”.
La administración Biden anunció el viernes pasado que cancelará la orden, a pesar de los temores de una ola migratoria masiva en los próximos meses.
En febrero, el 55% de los más de 164 000 migrantes encontrados en la frontera fueron expulsados bajo la orden.
“Después de considerar las condiciones de salud pública actuales y una mayor disponibilidad de herramientas para combatir la COVID-19 (como vacunas y terapias altamente efectivas), el director de los CDC ha determinado que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho a introducir migrantes en los Estados Unidos”, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un comunicado.
Activistas y demócratas de izquierda han estado pidiendo a la administración Biden poner fin a la orden durante meses alegando que es cruel y niega el debido proceso a los inmigrantes.
Pero los republicanos, junto con algunos demócratas, han advertido que generará un número aún mayor de emigrantes en la frontera.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, afirmó el viernes que “ha implementado una estrategia integral de todo el gobierno para gestionar cualquier aumento potencial en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera”. “Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección”, dijo en un comunicado.
“Aumentaremos el personal y los recursos según sea necesario. Ya hemos redistribuido a más de 600 agentes de la ley en la frontera. Estamos remitiendo a los contrabandistas y a ciertos transeúntes fronterizos para su enjuiciamiento penal. Durante los próximos dos meses implementaremos medidas adicionales apropiadas para la COVID-19″, incluida la intensificación de nuestro programa de vacunación”.
La demanda de esos estados republicanos argumenta que la finalización del Título 42 por parte de la administración Biden no solo es una mala política, sino también “arbitraria y caprichosa”.
La demanda, presentada en un Tribunal de Distrito en Luisiana, sostiene que la administración no calculó ni contabilizó los costos para los estados. Citan “el aumento de los costos de atención médica para los extranjeros infectados con la COVID-19 y el costo del aumento de la inmigración ilegal causado por la Orden de Terminación, y la presencia de un número mucho mayor de extranjeros en libertad condicional con solicitudes de asilo no meritorias que fueron inducidos a ingresar a los Estados Unidos Unidos debido a la Orden de Terminación”.
“Si bien es difícil identificar el movimiento más irresponsable del presidente Biden desde que asumió el cargo, rescindir el Título 42 ciertamente está ahí arriba”, dijo Brnovich en un comunicado. “Es una decisión ridículamente mala con una mala intención para los estados fronterizos y las comunidades estadounidenses en todo el país. No se puede permitir que continúe la imprudente complacencia de esta administración con la extrema izquierda y la completa abdicación de su responsabilidad con la seguridad pública”.
