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Donald Trump confirmó este miércoles que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, marcando una nueva fase en la creciente confrontación contra ese país. La operación es el primer decomiso de un barco petrolero venezolano desde que comenzó el despliegue militar estadounidense en el Caribe.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, declaró Trump durante una reunión con empresarios en la Casa Blanca. “Es un petrolero enorme, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, dijo.
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025
Un barco sin rostro
Hasta el momento, ni el gobierno estadounidense ni las autoridades venezolanas han revelado el nombre del petrolero confiscado, su destino o su carga. La agencia Bloomberg fue la primera en reportar la noticia, citando fuentes familiarizadas con el operativo, mientras que Reuters confirmó que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense con apoyo de la Marina.
El diario Politico dijo que “una persona familiarizada con el asunto, que prefirió el anonimato para hablar sobre la delicada incautación, afirmó que el barco se dirigía a Cuba, donde la empresa estatal Cubametales planeaba venderlo a intermediarios energéticos asiáticos”.
Trump justificó la incautación afirmando que se realizó por “muy buena razón”, y adelantó que su administración publicaría más información próximamente. Cuando se le preguntó sobre el destino del petróleo a bordo, el presidente respondió sin ambigüedad: “Nos lo quedamos, supongo”.
El buque habría sido clasificado como “sancionado” por Estados Unidos, según reportes, lo que indica que violaba las restricciones impuestas al sector petrolero venezolano. El operativo se llevó a cabo cerca de las costas venezolanas, aunque no se han divulgado las coordenadas exactas de la intercepción.
Años de sanciones petroleras
La incautación se produce en el contexto de un complejo entramado de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela desde 2014. El punto de inflexión ocurrió el 28 de enero de 2019, cuando la administración Trump en su primer mandato sancionó a Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus activos en territorio estadounidense y restringiendo drásticamente el acceso del petróleo venezolano al mercado norteamericano.
Estas medidas se implementaron bajo una serie de órdenes ejecutivas que autorizan al presidente estadounidense a sancionar individuos y entidades vinculadas al gobierno venezolano. La justificación legal se remonta a la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014, aprobada durante la presidencia de Barack Obama.
A lo largo de los años, Washington ha calibrado estas restricciones mediante licencias específicas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido y retirado permisos que permitían a ciertas compañías, como Chevron, operar en territorio venezolano. Sin embargo, en abril de 2024, la administración Biden reinstauró las sanciones al sector petrolero tras considerar que el gobierno de Maduro incumplió compromisos electorales establecidos en el acuerdo de Barbados.
Trump: “Están sucediendo otras cosas”
En su anuncio del miércoles, Trump insinuó que la incautación del petrolero es solo el comienzo. “Y están sucediendo otras cosas, eso lo verán más tarde”, señaló enigmáticamente. El mandatario también ha prometido repetidamente que “pronto” comenzarán ataques dentro del territorio venezolano, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre ubicación o alcance.
La administración Trump acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que involucraría a altos funcionarios militares y gubernamentales venezolanos. Washington ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano.
Despliegue militar y ataques en el Caribe
La incautación del petrolero se inscribe en una campaña de presión militar sin precedentes que Estados Unidos ha desplegado en aguas cercanas a Venezuela desde septiembre de 2024. La administración Trump ha enviado miles de efectivos militares, un grupo de ataque de portaaviones y aviones de combate a la región.
Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 23 embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas. Estos ataques han resultado en la muerte de 87 personas, según cifras oficiales. Las operaciones han generado críticas de organizaciones como Human Rights Watch, que las califican como ejecuciones extrajudiciales.
El Congreso estadounidense ha presentado resoluciones para limitar el uso de la fuerza militar contra Venezuela sin autorización legislativa. Los demócratas han cuestionado la base legal de estos ataques, argumentando que el gobierno no puede matar a presuntos criminales sin juicio previo.
Reacciones venezolanas: Maduro llama a “partir los dientes” a Estados Unidos
El gobierno venezolano ha denunciado el operativo como un acto de piratería y una violación del derecho internacional. El presidente Nicolás Maduro convocó a los venezolanos a estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos, según reportaron medios locales.
En declaraciones previas, Maduro ha alegado que el refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de las vastas reservas petroleras del país, las más grandes del mundo según estimaciones. El mandatario venezolano también ha llamado a sus ciudadanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.
El gobierno ha desplegado tropas, aviones, barcos y drones en la frontera con Colombia, en zonas costeras y en islas estratégicas como preparación ante una posible intervención militar estadounidense.
Ni PDVSA, la petrolera estatal venezolana, ni los ministerios de Petróleo e Información han emitido comentarios oficiales sobre la incautación del buque. El régimen también ha criticado las acciones estadounidenses como un intento de apropiación de los recursos naturales venezolanos.
Impacto en el mercado petrolero
La noticia de la incautación tuvo un efecto inmediato en los mercados energéticos globales. Los precios del petróleo subieron tras el anuncio: el crudo Brent alcanzó los 62.35 dólares por barril con un incremento de 41 centavos, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense cerró con un alza de 21 centavos, a 58.46 dólares por barril.
Analistas coinciden en que esta acción podría dificultar significativamente las exportaciones petroleras venezolanas. Otros transportistas internacionales ahora probablemente se muestren más reacios a cargar crudo venezolano por temor a enfrentar incautaciones similares.
Venezuela exportó más de 900 mil barriles diarios de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto de 2024. La mayor parte de este crudo se destina a China, generalmente a través de intermediarios y con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones.
La petrolera estadounidense Chevron, que opera en Venezuela bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro, no se ha visto afectada directamente por este operativo. La compañía continúa extrayendo y exportando petróleo venezolano, lo que representa un salvavidas financiero crucial para el régimen de Maduro.
¿Qué sigue?
La incautación del petrolero marca una nueva fase en la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, con consecuencias potencialmente graves para la ya deteriorada economía venezolana y la estabilidad regional.
CNN ha reportado que el gobierno de Trump está trabajando en planes para el día después en caso de que Maduro sea destituido del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con las discusiones.
Por su parte, el Congreso estadounidense mantiene abierto el debate sobre los límites del poder presidencial para emprender acciones militares sin autorización legislativa. Varias resoluciones buscan obligar al presidente a retirar las fuerzas armadas de hostilidades contra Venezuela a menos que exista una declaración de guerra o una autorización explícita del uso de la fuerza militar.
La comunidad internacional observa con preocupación el escalamiento de tensiones. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha llamado a una investigación sobre los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe, instando a Estados Unidos a detener tales acciones y tomar medidas para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Mientras tanto, los precios del petróleo, la suerte de los transportistas dispuestos a trabajar con Venezuela y la capacidad de PDVSA para mantener sus exportaciones dependerán en gran medida de los próximos movimientos de la administración Trump y la respuesta de Caracas y la comunidad internacional ante esta presión sin precedentes.
