Las autoridades de inmigración de Estados Unidos se aprestan a iniciar en el fin de semana una operación nacional en busca de personas que vivan sin autorización en el país después de que el presidente Donald Trump lo aplazara el mes pasado, revelaron dos funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de los migrantes.
El operativo –que causa indignación y preocupación entre los defensores de los inmigrantes– se enfocará en aquellas personas con órdenes finales de deportación, incluso familias cuyos casos han sido acelerados por los jueces en 10 grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.
“Nuestras comunidades han estado bajo temor constante”, dijo el jueves Estela Vara, una organizadora del área de Chicago en un evento afuera de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en donde algunos activistas gritaban, “¡Inmigración, no deportación!”.
Funcionarios del gobierno, que hablaron bajo condición de anonimato, dicen que el operativo sigue en pie.
Los activistas que defienden los derechos de los migrantes están difundiendo números de emergencia para que los posibles afectados puedan llamar y capacitaciones para que conozcan sus derechos. Se organizaron vigilias afuera de los centros de detención para el viernes, seguidas de protestas el sábado en Miami y Chicago.
El operativo es similar a los que se realizan con frecuencia desde 2003 y que suelen resultar en cientos de arrestos. Aunque no suele ser común que vayan tras familias, a diferencia de inmigrantes con antecedentes criminales, tampoco carece de precedentes. Los gobiernos del presidente Barack Obama y Trump han perseguido a familias en operativos previos.
Sin embargo, este se destaca por la política que lo rodea.
Trump anunció el mes pasado en Twitter que la redada podría marcar el inicio de un esfuerzo por deportar a millones de personas que están en el país sin autorización, algo casi imposible dados los escasos recursos del ICE, encargado de hacer los arrestos y emitir las órdenes de deportación.
Luego lo canceló abruptamente tras una conversación telefónica con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras los legisladores trabajaban para aprobar un acuerdo de apoyo financiero para la frontera de 4.600 millones de dólares. Además, se filtraron los detalles y las autoridades se preocuparon por la seguridad de los agentes de ICE y criticaron a los supuestos delatores.
La agencia dijo en un comunicado que no dará detalles sobre la operación.
“Como siempre, ICE prioriza el arresto y deportación de los extranjeros ilegalmente presentes que representan una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, decía el comunicado.
Pelosi dijo que tenía la esperanza de que el gobierno lo reconsiderara. “Las familias deben estar juntas”, dijo.
El gobierno ha batallado para lidiar con la crisis fronteriza y algunos funcionarios creen que las llamativas demostraciones de fuerza para deportar a las familias desalentarían a otros migrantes a llegar. Pero otros han criticado cualquier medida que quita recursos de la frontera en un momento en que la Patrulla Fronteriza detiene cuatro veces más personas de aquellas con las que puede lidiar.
Algunos activistas se preparaban para que los operativos comenzaran el domingo y planeaban algunas protestas. Los organizadores calculan que una manifestación planeada el sábado en Chicago atraería a unas 10.000 personas.
