Casi todos los adultos que trabajan con menores en Estados Unidos, desde niñeras a profesores o entrenadores, pasaron controles estatales para verificar que no tienen un historial demostrado de abuso o maltrato infantil. Con una excepción: los miles de trabajadores de dos centros de detención federales que albergan a 3.600 adolescentes migrantes al cuidado del gobierno, según pudo saber The Associated Press.
En el centro de detención de emergencia de Miami, el personal no está pasando los controles de abuso y negligencia infantil porque las leyes de Florida impiden que cualquier empleado externo revise la información de su sistema de atención de menores. Hasta hace poco, en otro centro para adolescentes migrantes en Tornillo, Texas, los empleados no se sometían siquiera a chequeos de huellas dactilares del FBI, y menos aún las revisiones de servicios sociales, según un reporte gubernamental.
En ambos sitios, el proceso que falta implica buscar en los sistemas de protección de menores para ver qué potenciales empleados tienen un registro verificado de abusos, abandono o negligencia, que pueden abarcar desde dejar que un niño bajo su custodia huya de una vivienda comunitaria a no llevar a un menor enfermo al hospital. Estas acusaciones no suelen acarrear una investigación penal, por lo que no aparecen en otros controles.
Tornillo tiene 2.100 empleados para unos 2.300 adolescentes, mientras que en Homestead hay 2.000 trabajadores para alrededor de 1.300 internos.
Las dos instalaciones pueden operan sin licencia y sin los controles requeridos por porque están ubicadas en territorio federal y, por lo tanto, no tienen que cumplir las leyes estatales de bienestar infantil. Tornillo está en una parcela de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza junto a la frontera con México, y Homestead en un antiguo centro del programa Jobs Corps del Departamento de Trabajo.
La semana pasada, legisladores demócratas y republicanos de Texas y otros lugares pidieron reformas rápidas y audiencias publicas luego de que la AP reportó que el gobierno puso a miles de adolescentes en riesgo en Tornillo al renunciar a las comprobaciones de seguridad y al tener menos trabajadores de salud mental de los necesarios. Además, dos congresistas solicitaron el martes el cierre inmediato de Tornillo.
Según el informe del gobierno, en Tornillo se omitieron los controles porque la agencia estaba bajo presión para abrir el campo pronto y el ejecutivo federal asumió erróneamente que el personal ya había superado el control de huellas del FBI.
A excepción de Homestead, todos los albergues e instalaciones para la acogida de menores en Florida –incluyendo los otros dos con migrantes– comprueban los nombres de los empleados en los registros de protección infantil. El vocero del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Mark Weber, explicó que en Homestead no eran necesarios.
Tornillo inició la semana pasada un programa de un mes para que sus empleados pasen los controles dactilares del FBI en respuesta a las críticas recibidas tras el informe del gobierno y los reportes de los medios.
