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La expresión cuarto poder se refiere a la prensa y los medios de comunicación, considerados una fuerza sociopolítica que actúa con independencia de los tres poderes del Estado. Está llamada, por lo mismo, a desempeñar un papel crucial a la hora de pedirle cuentas a la rama ejecutiva.
Los populismos no se llevan bien con esta noción. Poco después de asumir el cargo, en enero de 2017, el presidente Donald Trump acusó a la prensa de ser un “enemigo del pueblo estadounidense”, figura que marcó un punto de inflexión. Era el mismo lenguaje utilizado por Stalin y Mao para demeritar a sus críticos y deslegitimar el trabajo de la prensa al asociarlo con fake news.
Sin embargo, de entonces a hoy la prensa no ha cejado en el empeño, al margen de ciertas concesiones e incluso de bajas puntuales. Dos revelaciones recientes —la primera, de The Texas Tribune y la segunda, de Axios— tributan a la idea de someter a accountability al Gobierno, en este caso, sobre una de sus prioridades fundamentales: la inmigración y las deportaciones.
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Según un artículo publicado por The Texas Tribune, los funcionarios de la Administración Trump sabían perfectamente que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos que enviaron a mediados de marzo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador no habían sido condenados por delitos en Estados Unidos.
El mensaje no es declarativo. La labor conjunta de periodistas e investigadores logró tener acceso a datos del Departamento de Seguridad Nacional que no eran hasta hoy del conocimiento público.
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Los datos muestran, en efecto, que las autoridades conocían que solo 32 de los deportados a El Salvador habían sido condenados por delitos Estados Unidos. Y que, en la mayoría de los casos, se trataba de delitos no violentos como robo de mercancía (petty theft) en comercios o incluso simples infracciones de tránsito.
Anota el reportaje:
Esos datos indican que el Gobierno sabía que solo 6 de los inmigrantes deportados habían sido condenados por delitos violentos: 4 por agresión, 1 por secuestro y 1 por un delito relacionado con armas de fuego.
Los funcionarios sabían que más de la mitad (130) de los deportados no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes; solo se les había identificado por haber violado las leyes de inmigración.
Sobre la otra pata de la acusación que pesa sobre ellos —delitos cometidos en el extranjero—, la revisión de los registros judiciales encontró evidencia de arrestos o condenas solo en 20 de los 238 deportados.
Y que de ellos, solo 11 involucraban delitos violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas.
Aseguran:
Hicimos una revisión caso por caso de todos los deportados venezolanos. Es posible que existan delitos y otra información en los antecedentes de los deportados que no aparecieran en nuestros informes ni en los datos internos del Gobierno, que solo incluyen detalles mínimos de nueve de los hombres. No existe una base de datos única y pública que registre todos los delitos cometidos en Estados Unidos, y mucho menos en el extranjero. Pero todo lo que encontramos en los registros públicos también contradecía las afirmaciones de la Administración Trump.
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Las revelaciones fueron posibles gracias a una investigación conjunta de ProPublica, el Tribune, y los medios venezolanos Cazadores de Noticias Falsas y Alianza. Obtuvieron listas de presuntos pandilleros de las fuerzas policiales venezolanas y la Interpol.
Estas listas incluyen unos 1 400 nombres. Ninguno de los 238 venezolanos deportados coincide con los que aparecen en ellas.
Deconstruyeron un discurso ideológico congruente con el élan vital de Trump y sus orgánicos, que desde el principio han tildado y siguen tildando a los venezolanos de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y “lo peor de lo peor”. Lo mismo que a los mexicanos. La parte por el todo. Una y otra vez.
3 mil detenidos diarios
La segunda es una filtración publicada originalmente por Axios el 29 de mayo, con repercusiones en otros medios, incluida la TV, dando cuenta de cambios internos en materia de política inmigratoria.
De acuerdo con el reportaje, en una reunión que tuvo lugar el 21 de mayo en Washington DC, Stephen Miller y Kirsty Noem —subjefe de gabinete de la Casa Blanca y secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respectivamente—, exigieron a agentes federales cumplir con una cuota de 3 mil arrestos diarios con el fin de impulsar la agenda antiinmigrante del presidente.
Esto ha marcado, de hecho, la última fase de una ofensiva en ese terreno, que incluye nuevas tácticas como involucrar en los arrestos de inmigrantes a agentes federales que no forman parte de las fuerzas de ICE, Personal del FBI, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y otras estructuras federales han sido desviadas de sus labores y prioridades para llevar a cabo acciones de control migratorio.
Algunos funcionarios han filtrado la preocupación de que importantes investigaciones no relacionadas con inmigración se estén quedando fuera del juego.
El ukase que tiraron en esa reunión es lo que explica que de entonces a la fecha la prensa haya venido reportando detenciones de personas en juzgados —lugares antes protegidos—, tendencia que ha alarmado a analistas y defensores de los inmigrantes.
Axios lo reportó con testimonios anónimos muy ilustrativos acerca de la atmósfera prevaleciente en ese segmento de la burocracia federal: “Al salir de la reunión con Miller y Noem, algunos sintieron que sus trabajos podrían estar en peligro si no se alcanzaban los nuevos objetivos”.
El medio informó, además, la destitución de dos altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras la Casa Blanca aumenta la presión para arrestar a una cantidad de inmigrantes sin precedentes. “Varias fuentes le dijeron a Axios que los cambios de liderazgo reflejaban la frustración de los altos mandos con las cifras de arrestos en un momento en que la Casa Blanca está centrada en el objetivo del presidente Trump de deportar en el primer año a un millón de inmigrantes no autorizados”.
Las repercusiones de la nota fueron inmediatas: “Estamos viendo cómo la Administración Trump toma la medida sin precedente de arrestar a extranjeros que cumplen con las normas y procedimientos del Gobierno y se presentan a sus audiencias judiciales”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración. “Están desesperados por alcanzar un cierto número de arrestos al día. Y la única manera de encontrarlos fácil y rápidamente es acudiendo a los tribunales, donde [los inmigrantes] están haciendo exactamente lo que se supone que hagan”.
“Esta Administración asumió el cargo con la ilusión de que se le había otorgado un amplio mandato para implementar una agenda agresiva de aplicación de la ley migratoria, y ahora está redoblando sus esfuerzos en esa agenda”, concluyó.
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Por otra parte, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, estos hechos constituyen una “flagrante traición a la justicia básica y al debido proceso” para quienes siguen las reglas.
“Los tribunales de inmigración están utilizándose como arma, los jueces se están coordinando con ICE para desestimar casos y canalizar inmediatamente a las personas al proceso de deportación acelerada”, declararon.
El resultado de esas acciones es el mismo que se verifica en dominios como los aranceles y los recortes en las agencias federales: el imperio del caos.
En este caso, hablamos de ciudadanos estadounidenses detenidos en redadas migratorias solo por su apariencia tercermundista; estructuras federales que evaden el debido proceso —a contrapelo de los jueces federales e incluso de la Corte Suprema—; deportaciones a terceros países y hacinamiento en los centros de detención.
Hay casi 49 mil personas bajo custodia de ICE, según datos gubernamentales de principios de mayo. Pero incluso si se cumple ese objetivo, dista mucho de las promesas de campaña electoral de Trump: deportar entre 15 y 20 millones de personas.
Un dato para cerrar: la población indocumentada se estima en solo alrededor de 11 millones. Decirlo en alta voz es una de las cosas que hace “el enemigo del pueblo”.
