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Desde que el presidente Trump asumió el cargo por segunda vez, en enero pasado, han venido produciéndose en Estados Unidos diversas protestas contra los planes y políticas de su Administración, desde el despido masivo de empleados federales hasta las redadas migratorias.
Y como siempre ocurre, también contragolpes.
“Manos fuera”
El sábado 5 de abril sobresalió como algo diferente, no solo por los niveles cuantitativos de esas manifestaciones sino sobre todo por su agenda congregante. Manifestantes de todo el país participaron motivados por diferentes razones y temas, pero unidos en un mensaje único: “¡Manos fuera!”.
Portando carteles y coreando la consigna, los marchantes se hicieron escuchar en más de 1 200 eventos de ese tipo en todo el país, a pesar de los efectos adversos del tiempo en algunos lugares de la Unión y de la lluvia en muchas ciudades.
Distintos dirigentes demócratas, incluidos varios miembros del Congreso, llamaron a no tolerar lo que calificaron de “violaciones de las normas constitucionales”.
“Nuestros fundadores escribieron una Constitución que no comenzó con las palabras ‘Nosotros, los dictadores'”, sino “Nosotros, el pueblo”, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, quien criticó duramente al Gobierno por sus políticas; entre ellas, la imposición de aranceles a casi todos los países.
Según los organizadores, en la manifestación de Washington DC se congregaron más de 100 mil personas. Marchaban con carteles apoyando los derechos reproductivos, los derechos LGBTQ, la Seguridad Social, las prestaciones para veteranos y contra los aranceles.
“No duermo bien. Tengo miedo”, dijo una mujer de la tercera edad. “Tenemos el dinero que hemos ahorrado toda la vida, nuestra jubilación. Tengo miedo de lo que pueda pasar con el mundo, por no hablar de los mercados estadounidenses. Me molesta que hayamos convertido en enemigos a países que antes eran nuestros amigos. Es todo tan incierto”.
Otra manifestación relevante fue la de Boston, donde cientos de personas se unieron para protestar contra los recortes federales a la investigación universitaria y contra el arresto de Rümeysa Öztürk, una doctorante turca de la Universidad de Tufts, hoy en una prisión federal de Luisiana y declarada deportable después de ser arrestada en una esquina por agentes del ICE vestidos de civil y con el rostro tapado. ¿La razón? Haber firmado junto a otras tres estudiantes un artículo de opinión en The Tufts Daily en el que pedían a la universidad reconocer el genocidio palestino, revelar sus inversiones y desinvertir en empresas con vínculos directos o indirectos con Israel.
Analistas señalan que esos eventos constituyeron una suerte de correctivo, una señal (probable) de que la agenda de Trump y la cantidad de problemas que ha levantado han revivido a grupos de oposición de la sociedad civil, cansados de inacción y derrotismo. “Lo que emergió fue una amplia coalición liberal, con diversas prioridades, unida en oposición a lo que consideran un ataque anticonstitucional a los derechos fundamentales, la sociedad civil y la dignidad humana”.
“Las protestas del sábado contra Trump no fueron perfectas. Pero trajeron un rayo de esperanza”, concluyó la columnista Moira Donegan en un artículo publicado por The Guardian.
Los jueces federales
Uno de los rasgos distintivos de la Administración Trump es el llamado “ejecutivo hiperventilado”, un concepto que hiperboliza los poderes del presidente y altera en lo profundo el principio de check and balances, establecido desde el siglo XVIII por los fundadores de la nación.
Una de las consecuencias de ese posicionamiento han sido las reacciones y bloqueos de las órdenes ejecutivas presidenciales a cargo de jueces federales, otra de las identidades que ha logrado desplegar, con renovada intensidad, una administración que dentro de poco cumplirá sus primeros cien días. Y otra expresión de resistencia, esta vez no de masas sino sistémica.
No pocas de esas órdenes han enfrentado impugnaciones legales y han sido bloqueadas, temporal o parcialmente, por magistrados federales. La lista sería larga, pero entre otras valdría la pena mencionar ahora las siguientes:
- La de ciudadanía por derecho de nacimiento, que busca eliminar la ciudadanía para hijos nacidos de inmigrantes indocumentados o personas con visas temporales. Fue bloqueada por al menos cuatro jueces federales de diferentes distritos. Jueces de Maryland, Massachusetts, New Hampshire y el estado de Washington emitieron medidas cautelares, argumentando que violaba la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción.
- La de congelación de fondos federales, que pretende pausar las subvenciones, préstamos y programas federales de asistencia financiera para revisar su alineamiento con la agenda presidencial. Jueces federales de Rhode Island, Washington DC y otros distritos emitieron órdenes de restricción temporales y medidas cautelares para detenerla.
- La que elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión. El 21 de febrero el juez federal Adam Abelson, de Baltimore, emitió una orden preliminar impidiendo al Gobierno modificar o rescindir contratos federales relacionados con la equidad. El letrado encontró posibles violaciones del derecho a la libertad de expresión, cubierta por la Primera Enmienda, en respuesta a demandas de grupos como la Asociación Nacional de Funcionarios de Diversidad en la Educación Superior y la ciudad de Baltimore.
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- La que suprime los derechos de las personas transgénero y busca poner fin al apoyo federal a la atención de afirmación de género para menores de 19 años. Jueces federales de Baltimore y Seattle emitieron órdenes judiciales para detenerla alegando posibles violaciones de las Enmiendas Quinta, Octava y Decimocuarta, así como de la Ley de Rehabilitación de 1973.
- La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, que estableció el DOGE [Departamento de Eficiencia del Gobierno, por sus siglas en inglés] para reducir la burocracia. Sus intentos de acceder a datos confidenciales del Departamento del Tesoro y dirigir recortes de personal federal fueron bloqueados por jueces. El 6 de febrero de 2025, un juez federal otorgó a los sindicatos una orden judicial parcial, limitando el acceso del DOGE a los sistemas del Tesoro tras demandas que alegaban violaciones de la privacidad y problemas legales.
- La que establece la Ley de Enemigos Extranjeros, originalmente aprobada por el Congreso en 1798, fue rechazada por el juez federal del DC, James Boasberg, mediante una orden de emergencia enfilada a detener los vuelos de deportación a El Salvador de supuestos miembros de la banda criminal el Tren de Aragua.
Ante este último dictamen, el presidente Trump pidió el impeachment del juez Boasberg.Sin mencionarlo por su nombre, escribió en su red social: “¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESECHADO!”.
También lo calificó de “juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que, lamentablemente, fue nombrado por Barack Hussein Obama”.
En realidad, lo nominó el presidente republicano George W. Bush en septiembre de 2002 y fue ratificado por el demócrata Barack Obama en 2011.
La administración Trump apeló las decisiones de Boasberg y el pasado 7 de abril la Corte Suprema intervino, en una decisión de 5 a 4, anulando las órdenes de restricción.
La mayoría, compuesta por jueces conservadores, dictaminó que las impugnaciones debían presentarse mediante procedimientos de habeas corpus en los lugares donde se encuentran los detenidos, no en Washington DC. La jueza Amy Coney Barrett, nominada por Trump, disintió y votó junto a los magistrados designados por los demócratas.
Esa decisión de Suprema es una victoria (parcial) para el presidente Trump. El juez Boasberg tuvo que cancelar una audiencia sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros después del dictamen, que le permite al Gobierno reanudar las deportaciones aludidas.
Deja sin embargo sin resolver cuestiones más amplias sobre la aplicación de Ley de Enemigos Extranjeros. Y, sobre todo, establece que la decisión acerca de deportar a las personas la toman las cortes. El problema dista entonces de estar zanjado, pero por lo pronto escapa a los propósitos de este texto.
Contragolpes en la Cámara
Pero en un ambiente polarizado campean los contragolpes de distintos flancos: los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una resolución para enjuiciar al juez Boasberg.
El representante Brandon Gill (R-TX) lo hizo con el apoyo de 22 cófrades. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, declaró: “Tenemos autoridad sobre los tribunales federales”. Añadiendo: “Podemos eliminar un tribunal de distrito completo, tenemos la facultad de financiar los tribunales y otras cosas. Pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y el Congreso va a actuar”.
Gill, por su parte, dijo: “El Juez Presidente Boasberg, en violación de su juramento, utilizó consciente y deliberadamente su cargo judicial para interferir con las prerrogativas constitucionales del presidente y la aplicación del Estado de Derecho con fines políticos”.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts —un conservador de siete suelas— declaró: “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”. Y añadió: “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
Otro proyecto, el del representante Darrell Issa (R-CA), persigue impedir que los jueces federales emitan órdenes judiciales a nivel nacional para detener temporalmente los esfuerzos del Gobierno por deportar inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Jueces activistas de tribunales de distrito usurpan la facultad que les otorga el Artículo Tres e imponen al país órdenes judiciales que van más allá del alcance que el Congreso de Estados Unidos, según la ley, ha otorgado a los jueces federales”, dijo el republicano..
Hace apenas unas horas este proyecto acaba de ser aprobado por 218 votos a favor y 214 en contra. La última movida de la Cámara, de mayoría republicana, para restringir el poder judicial federal que, según argumentan, “perjudica injustamente a Trump y sus políticas”.
Ahora tendrá que pasar la prueba del Senado, donde se necesitaría un cierto apoyo demócrata para alcanzar el umbral de 60 votos antes de llegar al escritorio de Trump a fin de que lo firme y se convierta en ley.
