Fani Willis, la fiscal de Georgia que investiga si Donald Trump y sus aliados infringieron alguna ley al tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020 en ese estado, se defendió ayer el lunes del intento del expresidente de sacarla del caso y excluir ciertas pruebas.
En marzo, el equipo legal de Trump en Georgia le pidió a la corte desechar el informe de un Gran Jurado Especial convocado para investigar el caso. Y también evitar que los fiscales usaran cualquier evidencia o testimonio derivados de esa investigación.
Asimismo, pidieron prohibirle a Willis y su oficina continuar investigando el caso.
Willis respondió diciendo que la moción de Trump es “defectuosa de procedimiento” y que presenta “argumentos carentes de mérito”.
Durante más de dos años Willis ha estado investigando las acciones que Trump y varios subrogantes suyos llevaron a cabo durante las elecciones de 2020.
Dio el paso inusual de pedir un Gran Jurado Especial para ayudar en la investigación diciendo que el poder de citación del panel permitiría obtener el testimonio de personas que de otra manera no cooperarían.
El Gran Jurado Especial, que no tiene facultades para formular acusaciones, se formó en mayo pasado y se disolvió en enero después de escuchar a 75 testigos y presentar un informe con recomendaciones.
Aunque la mayor parte de ese informe permanece en secreto por ahora, según la orden de un juez, su presidente ha dicho (sin dar nombres) que recomendó acusar a varias personas.
Los abogados de Trump argumentaron que el Gran Jurado Especial “involucró una constante falta de claridad en cuanto a la ley, aplicaciones inconsistentes de las protecciones constitucionales básicas para las personas que se presentaron ante él, y una oficina del fiscal que se descubrió que tenía un conflicto real, pero continuó con la investigación”.
También pidieron que sus reclamos sean escuchados por un juez que no sea el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Robert McBurney, quien supervisó al Gran Jurado Especial.
Kathy Latham, una de los 16 republicanos de Georgia que se reunieron en el Capitolio estatal el 14 de diciembre de 2020 y firmaron un certificado declarando falsamente que Trump había ganado las elecciones presidenciales y declarándose los electores “debidamente elegidos y calificados” del estado, se unió el mes pasado a la moción de Trump.
Ha quedado claro durante la investigación que Willis está interesada en las acciones de los electores falsos. Al menos ocho de ellos han obtenido acuerdos de inmunidad en el caso.
En su moción del lunes, Willis pidió que McBurney mantuviera la supervisión del asunto e instó a que las mociones de Trump y Latham fueran desestimadas o denegadas sin celebrar una audiencia.
Willis escribió que los argumentos presentados en las mociones no cumplen con los “estándares exactos” para descalificar a un fiscal y tampoco prueban sus afirmaciones de que se han violado sus propios derechos al debido proceso o que el proceso del gran jurado fue “contaminado” o inconstitucional la ley que lo rige.
