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Fiscales generales de estados como Nueva York, California o Massachusetts conformaron una coalición que presentó una demanda la víspera contra la Administración Trump, por “desmantelar” agencias federales que financiaban a bibliotecas y museos públicos en todo el país.
Cientos de millones de dólares que habitualmente se dirigen a distintos programas a través de esas agencias, entre ellas el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), fueron recortados por una orden ejecutiva de Trump emitida el 14 de marzo de 2025.
El 85 % del personal del IMLS fue puesto en licencia administrativa y se redujeron cientos de subvenciones destinadas a programas educativos y culturales.
Otras entidades afectadas fueron la Agencia de Desarrollo Empresarial para Minorías (MBDA), que apoya a pequeñas empresas propiedad de minorías mediante programas de subvenciones, y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS), encargado de resolver disputas laborales.
Frente este escenario, veintiún fiscales generales de EE.UU. se unieron para demandar al Gobierno.
Consideraciones de los demandantes
“La Administración Trump está violando una vez más la Constitución de los Estados Unidos y el estado de derecho al intentar cerrar unilateralmente agencias que no le agradan al Presidente, incluyendo agencias que brindan al público acceso a información, conocimiento y patrimonio cultural de forma gratuita o a bajo costo”, declaró el Fiscal General de California, Rob Bonta.
“Desmantelar estas agencias tendría un impacto devastador en la ciudadanía y en los estados de todo el país: brindan servicios importantes a los estadounidenses y, en conjunto, aportan miles de millones de dólares a los estados para apoyar bibliotecas y museos, la innovación y el emprendimiento de empresas desfavorecidas, y ayudan a resolver conflictos laborales”, consideró.
En su opinión, la orden presidencial “también amenaza el sustento de los trabajadores federales empleados en estas agencias, contradiciendo una vez más la promesa del Presidente de aliviar la carga financiera de las familias estadounidenses. Las acciones de la Administración Trump para desmantelar estas agencias por completo son flagrantemente ilegales”.
“Mientras el Presidente continúa incumpliendo su deber con el pueblo estadounidense y el estado de derecho, seguiré apoyando a mis colegas fiscales generales para defender la Constitución y proteger los servicios cruciales de los que dependen los californianos”, añadió Bonta.
En 2024, IMLS invirtió 180 millones de dólares en bibliotecas de todo el país a través de su programa de subvenciones a los estados, dice la demanda.
“Nueva York recibió más de 8 millones de dólares, que ayudaron a financiar programas de alfabetización para niños y adultos, capacitaron a más de 200 mil empleados de bibliotecas en las 7 mil bibliotecas de Nueva York, mejoraron el acceso a internet en las bibliotecas y pagaron los salarios de dos tercios de los empleados de la Biblioteca Estatal de Nueva York”, de acuerdo con un comunicado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La fiscal general de Nueva York lidera esta demanda, junto a los fiscales generales de Rhode Island y Hawái. A ellos se sumaron los de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
Otras demandas
La administración de Donald Trump ha enfrentado varias demandas similares en los últimos meses, relacionadas con diversas políticas y acciones ejecutivas.
Frente al desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), varios contratistas, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro demandaron a la Administración por reducir drásticamente sus fondos y operaciones, dejando a la agencia incapaz de cumplir con sus funciones básicas.
Por otra parte, una coalición de 24 estados y ciudades presentó una demanda para bloquear una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Los fiscales generales argumentaron que esta medida violaba la Decimocuarta Enmienda y más de un siglo de precedentes legales.
Poner fin a la ciudadanía por nacimiento: el intento inconstitucional de Trump
También diversos grupos ambientalistas demandaron a la Administración por intentar revertir protecciones en zonas marítimas del Ártico y el Atlántico, abriéndolas a la exploración petrolera. Alegaron que estas acciones violaban leyes federales al eliminar protecciones previamente establecidas.
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) también presentó una demanda contra la suspensión del Programa de Reubicación de Refugiados, argumentando que esta medida violaba leyes migratorias y el debido proceso constitucional.
Todas estas acciones, más otras acciones protagonizadas por jueces y tribunales, indican una creciente resistencia legal contra las políticas del gobierno de Trump.
