La mejor manera de definir una orden ejecutiva es decir que se trata de un documento con fuerza legal emitido por el presidente. Los jefes de Estado pueden utilizarlas para implementar sus promesas de campaña o perseguir objetivos políticos que pueden enfrentar o no oposición u obstáculos en el Congreso.
Una página oficial del Gobierno de Estados Unidos la describe de la siguiente manera: “Es un documento oficial firmado y numerado consecutivamente mediante el cual el presidente administra las operaciones del Gobierno Federal, según los Archivos Nacionales”. Y precisa: “Dicho documento ordena a un funcionario federal o a una agencia administrativa emprender un curso de acción o que se abstenga de hacerlo. Algunas órdenes ejecutivas pueden entrar en vigencia de inmediato, mientras que otras requieren tiempo para que una agencia federal actúe. Una orden ejecutiva es ejecutable siempre que la acción esté dentro de la autoridad constitucional del presidente”.
El Registro Federal recoge todas las órdenes ejecutivas firmadas por los presidentes a partir de 1937. Vistas retrospectivamente, firmarlas el primer día es poco común. Bill Clinton, Joe Biden y Donald Trump son los únicos que lo han hecho.
Se abre la batalla legal: Grupos de derechos civiles demandan al Gobierno de Trump en su primer día
En su primer día en el cargo, el presidente Biden emitió nueve órdenes ejecutivas, seis de ellas revocando órdenes de la anterior administración Trump.
El sitio web de la Casa Blanca enumera 46 acciones presidenciales de Donald Trump el pasado 20 de enero. Las primeras 4 fueron anuncios de personal de la administración: nominaciones para el gabinete y otros temas relacionados, 26 fueron órdenes ejecutivas, 12 memorandos y 4 proclamaciones. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, “la distinción entre estos instrumentos parece ser más una cuestión de forma que de fondo”.
Pero entre las numerosas órdenes firmadas por el nuevo inquilino hasta ahora mismo, valdría la pena concentrarse en la que intenta poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Llamada con toda la pompa: “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, el presidente la firmó a escasas horas de asumir el cargo, ya instalado en la Casa Blanca. “Es una gran decisión”, dijo al firmarla. Y agregó que su administración tiene “muy buenos motivos para defender esa política”.
La movida
La movida entra en conflicto abierto y directo con el lenguaje claro de la Enmienda 14 a la Constitución de Estados Unidos, sección 1: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Durante la economía de plantaciones, a los esclavos se les negaban los derechos más básicos. En 1857 la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde a la discriminación con su decisión en el caso Dred Scott (1857), según el cual las personas esclavizadas y sus hijos nunca podrían ser ciudadanos.
Pero el resultado de la Guerra Civil (1861-1865) hizo insostenible aquel fallo. Como condición para formar parte de la Unión, los antiguos estados esclavistas debían aceptar, entre otras cosas, los principios de la Enmienda 14. Uno ellos, la declaración clara de quién es ciudadano. Sería bueno subrayarla: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La orden de Trump no es sino una variante posmoderna de Dred Scott. Sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados no pueden ser ciudadanos porque, supuestamente, no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. Un argumento tan pueril como endeble, toda vez que los inmigrantes indocumentados y sus hijos están obligados a cumplir las mismas leyes que todos los demás ciudadanos, incluido el pago de impuestos.
También chocan con más de un siglo de jurisprudencia. Por ejemplo, en 1898, en el caso “Estados Unidos contra Wong Kim Ark” a una persona venida al mundo en San Francisco, pero que había salido del país para visitar a sus padres en China, le fue negado su reingreso porque las autoridades cuestionaron su condición de ciudadano estadounidense. La Corte Suprema de ese momento, muy conservadora, reconoció sin embargo que la ciudadanía por derecho de nacimiento es “antigua y fundamental”.
Comenta un jurista:
Basta con mirar a la Corte Fuller, que decidió el caso Wong Kim Ark. Dos años antes, dictó Plessy vs. Ferguson, uno de los fallos más notoriamente racistas en la historia de Estados Unidos. Incluso esos jueces, que adoptaron el régimen de relaciones raciales de dos niveles “separados pero iguales” que rigió a Estados Unidos durante generaciones, no pudieron encontrar una manera de eludir el lenguaje sencillo de la Enmienda 14. Este precedente se cernirá, con razón y con fuerza, sobre cualquier movimiento que haga la Corte. Cuando ratificamos la 14 Enmienda, rechazamos la idea de que algunas personas nacidas aquí son menos que otras a los ojos de la ley.
El intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento podría dejar a un número incalculable de recién nacidos en un limbo legal mientras que sus padres indocumentados, incluidas las mujeres que acaban de darles a luz, se verían obligados a navegar por un nuevo y complicado panorama.
En otras palabras, podría tener un daño duradero entre los recién nacidos y crear un caos para todas las familias sin papeles que tienen hijos bajo la bandera de las barras y las estrellas. “Cualquier intento de socavar la ciudadanía por derecho de nacimiento a través de una orden ejecutiva no tiene precedentes”, dijo una experta.
Pero eso no es lo definitivo ahora. La Constitución de Estados Unidos fue escrita “para perdurar por siglos”, escribió el presidente de la Corte a principios del XIX, John Marshall. Cambiarla es proceso muy difícil, y lleva mucho tiempo: una enmienda debe ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y luego ratificada por las legislaturas de tres cuartas partes de los estados.
Esta orden ejecutiva de Trump es trasparentemente inconstitucional, pero valdría la pena mencionar un detalle adicional. Este hombre acaba de jurar defender la Constitución. Y apenas horas después de prestar ese juramento, esta vez sin poner la mano sobre la Biblia, lo ha violado, un hecho que no hace sino remitir a su naturaleza misma.
“Trump es el presidente, no el rey”, dijo el representante Ritchie Torres. Y por otra parte esta orden, según lo previsible, no iba a caer en un vacío legal: “Sí, la ACLU [American Civil Liberties Union] la está demandando”, dijo Kica Matos, directora del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. Esta medida es un ejemplo de la falta de respeto de la nueva administración por la Constitución. Intentar revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva es absurdo e inconstitucional”. Veinticuatro estados demócratas ya se han sumado al pleito.
Pero es solo el inicio de una época tensa y litigiosa que se avizora en esta nueva administración. La era de la segunda pesadilla.
