Próximamente la Corte Suprema de Estados Unidos va a abordar un problema central: si los jueces de primera instancia pueden dictar medidas cautelares que solo se aplican en los distritos geográficos donde fueron nombrados
La pregunta central sería: ¿cuál es el alcance del poder de los jueces de tribunales inferiores para bloquear las políticas de un presidente? En otras palabras, si sus injunctions tienen alcance nacional.
Una respuesta podría ser que las órdenes judiciales y otras “medidas de reparación” deberían limitarse a los demandantes nombrados en un caso, en vez de aplicarse en todo el país.
El 15 de mayo la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, a contrapelo de la Enmienda 14 a la Constitución.
La Suprema no estará evaluando la constitucionalidad o no del intento. Pero, de hecho, considerará una cuestión más técnica, con consecuencias trascendentales: la facultad de los jueces federales para emitir mandatos que bloqueen a nivel nacional las políticas de un presidente.
Sobre este caso particular, sin embargo, pende una espada de Damocles. De acuerdo con trascendidos, tres miembros de la Corte Suprema han dejado claro que eliminarían la facultad de los tribunales inferiores de emitir órdenes judiciales válidas a nivel nacional.
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El año pasado los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito se unieron al juez Neil Gorsuch para sostener que “los tribunales inferiores deberían tener en cuenta la regla de que cualquier reparación equitativa que emitan no debe ser más gravosa para el demandado de lo necesario para [reparar] los daños del demandante”.
“Retirar la orden judicial universal puede no ser la solución a todos nuestros problemas. Pero llevará a los tribunales federales a ser un poco más fieles a los límites históricos de su función” y “a promover fallos más reflexivos”, escribió Gorsuch, designado por Trump.
Por su parte, el juez Brett Kavanaugh, también designado por Trump, indicó que el tribunal debería revisar la pertinencia de las órdenes judiciales a nivel nacional.
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Solamente con un voto más alcanzaría el éxito en una corte de mayoría superconservadora (6 jueces) que “ha fallado a favor de Trump en la mitad de los casos, aunque cada decisión ha sido matizada”, según informó la semana pasada Lawrence Hurley, reportero de la Corte Suprema de NBC News. “El tribunal no ha incluido ningún texto que reprenda a la Administración por su conducta, aunque jueces liberales sí lo han hecho en opiniones separadas”.
Pero, a la vez, ha buscado imponer ciertas restricciones al presidente.
Una de ellas se produjo en la madrugada del sábado 19 de abril, cuando el Tribunal Supremo le ordenó al Gobierno “no expulsar” a ningún inmigrante detenido bajo Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (LEEX).
La orden sobrevino después de que los jueces dictaminaran por unanimidad el pasado 7 de abril que “los detenidos bajo la LEEX deben recibir notificación, después de la fecha de esta orden, de que están sujetos a expulsión dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión se produzca”.
Si en definitiva el tribunal concede la solicitud de la Administración Trump de limitar o anular tres órdenes judiciales a nivel nacional que bloquean su intento de suprimir la ciudadanía por nacimiento, esto podría paralizar la capacidad de sus oponentes para solicitar esos bloqueos. Y, desde luego, la de los jueces para concederlos.
De hecho, jueces federales de todo el país han acudido a ese recurso para detener al presidente con demandas que impugnan sus iniciativas contra la diversidad, recortes a la investigación médica federal, las deportaciones y la congelación de casi todos los gastos de subvenciones federales…
Estos límites al poder ejecutivo, según los abogados de la Administración Trump, impiden que el Gobierno funcione de forma correcta. Decirlo no es sino una manera de expresar la voluntad de romper con el equilibrio de poderes para concentrarlos en las manos de un solo individuo. Eso es exactamente lo que designa el eufemismo “ejecutivo hiperventilado”.
Las (últimas) luces rojas de los jueces federales
La disputa entre el poder ejecutivo y el judicial se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de la actual hora estadounidense. Entre las más recientes confrontaciones se documentan las siguientes:
- El juez federal Edward Chen, de San Francisco, California, bloqueó el intento de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 350 mil venezolanos y 500 mil haitianos. “El tribunal considera que la acción de la secretaria [de Seguridad Nacional, Kristy Noem] amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costará a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicará la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”. La decisión fue ratificada por un tribunal de apelaciones.
- La jueza federal Indira Talwani, de Boston, Massachussets, bloqueó que la Administración revocara el estatus legal temporal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegados a Estados Unidos mediante el Programa Parole. Dictaminó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de acortar la libertad condicional de dos años otorgada a los inmigrantes se basó en una interpretación incorrecta de la ley. La Administración “quería exponer a unas 450 mil personas a la deportación acelerada a partir del 24 de abril a partir de una interpretación errónea del estatuto rector del proceso”. El Gobierno apeló. El caso se encuentra ahora mismo en una corte de apelaciones de Massachusetts.
- El juez federal Trevor N. McFadden, de Washington DC, designado por Trump, dictaminó que el Gobierno no puede tomar represalias contra la agencia Associated Press (AP) por no acatar la orden ejecutiva del presidente renombrando el Golfo de México como Golfo de América. Una importante victoria para la AP en un momento en que la Casa Blanca ha venido cuestionando la labor crítica de la prensa. “El Gobierno no puede castigar a la organización de noticias por el contenido de sus discursos”, sentenció el juez.
- La jueza federal Paula Xinis, de Maryland, amonestó a los abogados del Departamento de Justicia por no entregarle actualizaciones sobre su orden de asegurar el regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador, según dijo al inicio la misma Administración. “Lo que consta en autos es que no se ha hecho nada. Nada”, aseguró la magistrada.
- El juez federal James Boasberg, de Washington DC, halló causa probable de que la Administración había desobedecido deliberadamente su orden de revertir vuelos que transportaban a unos 200 hombres a una prisión salvadoreña. Un abogado del Departamento de Justicia rechazó la solicitud de darle información al juez para determinar si la Administración había violado la orden de detener esos vuelos.
Distintos expertos afirman que considerando las reacciones de los abogados del Departamento de Justicia, lo anterior apunta a una Administración dispuesta a ser más que contestataria con el poder de los jueces. Y plantean, asimismo, la preocupación de que esa dinámica se podría intensificar durante el resto del mandato del presidente Trump, que apenas está comenzando.
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“Lo que estamos presenciando es una postura adversaria inusual en los abogados del Gobierno”, dijo Rebecca Roiphe, profesora de ética jurídica en la Facultad de Derecho de Nueva York.
“Creo que es una señal de alerta y, definitivamente, indica que la Administración tiene una visión muy diferente de las restricciones legales que las administraciones anteriores”, recalcó.
Los abogados del Gobierno también han contratacado a los tribunales alegando que no estaban autorizados a dar información a los jueces e incumpliendo los plazos impuestos por la corte. “Una prueba de estrés sin precedente para los tribunales”, dijo una magistrada.
Y agregó: “Este es un comportamiento extremadamente inusual, tanto de la Administración como de los abogados que la representan en los tribunales, y es profundamente preocupante ver el comportamiento de estos abogados del Departamento de Justicia, que no es la norma en cuanto a cómo se comportan los abogados del Departamento de Justicia en los tribunales”.
Donald Trump acaba de acusar a la Corte Suprema de dejarse intimidar por la “izquierda radical”. “Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer: expulsar a los criminales de nuestro país, pero los tribunales no parecen querer que lo haga. Mi equipo es fantástico y hace un trabajo increíble; sin embargo, se ven obstaculizados a cada paso, incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que respeto mucho, pero que aparentemente no quiere que envíe a criminales violentos y terroristas de regreso a Venezuela, ni a ningún otro país, de hecho. ¡Gente que llegó aquí ilegalmente!“.
Tanto jueces demócratas como republicanos le han puesto más de cien luces rojas a la Administración. Veremos a qué conclusiones llega la Corte Suprema cuando finalmente produzca su veredicto.
