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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó días atrás, por estrecho margen, el proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Trump, con una votación de 215 a 214.
Bautizado por el presidente como “una gran y hermosa ley” (One Big Beautiful Bill), el proyecto se aprobó al cabo de una sesión maratónica de más de 24 horas.
Esa aprobación sobrevino después de que congresistas republicanos, opuestos al inicio por preocupaciones sobre el déficit, cambiaran su postura por cabildeos y reuniones con la Casa Blanca y Trump. Nada del otro mundo. Procedimiento rutinario. El problema es otro.
One Big Beautiful Bill
Según trascendidos, las restricciones propuestas a Medicaid constituyeron un importante punto de fricción e incluso discordia entre las facciones centrista y de extrema derecha del Partido Republicano, esta ultima nucleada en el llamado Freedom Caucus.
Sus impactos no suenan agradables para quienes no tienen mucho dinero en los bolsillos. De aprobarse la ley, aproximadamente 8,7 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura de Medicaid. Muchos analistas también advierten posibles recortes de unos 500 mil millones de dólares al Medicare.
Asimismo, los padres y los adultos mayores estadounidenses enfrentan requisitos para recibir asistencia alimentaria. Los republicanos reducirían en este rubro, conocido como el Programa de Nutrición y Asistencia Suplementaria (food stamps), en aproximadamente 267 mil millones de dólares a lo largo de diez años.
Pero el proyecto no se queda ahí. Incluye, además, la extensión de las exenciones fiscales de Trump durante su primer mandato, nuevas medidas fiscales como exenciones a las propinas y pagos por automóviles fabricados en Estados Unidos, reducciones de impuestos a empresas nacionales, un aumento en el límite de las exenciones fiscales locales y estatales, recortes a los programas de energía limpia y subidas de impuestos a las universidades, entre otros temas vitales.
Y añadirá 2,4 mil millones de dólares a la deuda nacional en diez años. Este es su disco duro. Para compensarlo, la legislación pretende recortar el financiamiento de los programas de seguridad social en más de mil millones de dólares durante el mismo período.
Un aspecto puntual importante es el impuesto del 3,5 % a las remesas enviadas a sus respectivos países por los inmigrantes. Este nuevo impuesto, inicialmente propuesto en un 5 %, se redujo al 3,5 % durante las negociaciones y cabildeos aludidos al inicio. Se dirige, específicamente, a las personas indocumentadas y con visas.
Como parte del plan de Trump para deportar a inmigrantes indocumentados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibirá 45 mil millones de dólares para centros de detención, 14 mil millones para operaciones de deportación y miles de millones de dólares más para contratar 10 mil agentes nuevos en 2029.
Expertos advierten costos económicos de las deportaciones en EEUU
Se han asignado más de 50 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza, lo cual probablemente incluirá construir nuevos segmentos del muro en la frontera con México.
Además, los inmigrantes que deseen solicitar asilo o buscar alivios en los tribunales de inmigración se enfrentarán a nuevas tarifas que, según los abogados, podrían impedirles lograr su objetivo de permanecer en el país.
Y last, but but not least, la otra cara de la moneda: se espera que ese impuesto afecte a millones de familias que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos a países como México, Guatemala y El Salvador.
La reacción mexicana
Según el Departamento de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2024 las remesas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe alcanzaron los 160 900 millones de dólares, un aumento de 7 700 millones de dólares respecto al año anterior.
Los mayores receptores fueron México (64 700 millones de dólares) y Guatemala (21 500 millones). Solo a México, las transferencias promedian unos 177 millones diarios.
Las remesas representan el 20 % del PIB en Guatemala, el 27 % en Nicaragua, el 26 % en Honduras, el 24 % en El Salvador, el 20 % en Haití y el 19 % en Jamaica.
México recibe 58 mil millones en remesas, un crecimiento de 13,4% en 2022
Instituciones varias coinciden en señalar que en México alrededor de 4,5 millones de hogares y 9,8 millones de adultos reciben estas transferencias de dinero desde Estados Unidos. Las zonas rurales más pobres son, desde luego, las más beneficiadas.
Su rol es aliviar las limitaciones financieras de millones de hogares y paliar de alguna manera la pobreza. “Permiten un mejor nivel de vida y ayudan a financiar el gasto en bienes de consumo, educación, salud, vivienda y, en ocasiones, inversiones en pequeñas empresas familiares”, ratificó un experto.
México y los países implicados se enfrentarían entonces a un doble golpe, ya que el impuesto se impondría en medio de las continuas deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Casi la mitad (48,9 %) de todos los trabajadores agrícolas de Estados Unidos nacieron en el extranjero, y más de una cuarta parte (27.3 %) indocumentados. Entre aquellos, los inmigrantes mexicanos constituyen la mayoría, con un 88 %.
En la construcción, alrededor del 23 % de sus trabajadores son inmigrantes indocumentados. En estados como Texas y California, representan hasta el 40 % de esa fuerza laboral. Y en la ciudad de Nueva York, componen el 63 % de los trabajadores del sector.
La noticia llega en un momento en que hay señales de que el empleo entre los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos está disminuyendo.
Por otra parte, la movida tendrá consecuencias que escapan a los lentes ideológicos de sus gestores y de quienes al final se plegaron, incluso con ciertas modificaciones.
Una de ellas es que ese impuesto a las remesas, como sostiene un analista, “podría impulsar las transferencias hacia canales informales a través de mensajería o transacciones digitales con criptomonedas”, lo que aumentaría el riesgo de actividad en el mercado negro e incidiría negativamente sobre las naciones receptoras.
A otro nivel, la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado la medida al calificarla de “injusta” y “discriminatoria” y subrayar su impacto negativo en los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
“Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias, eso no debe ser así”, dijo Sheinbaum.
“Vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados”.
“Consideramos esta medida arbitraria e injusta, y hacemos un llamado al legislativo estadounidense a reconsiderar reflexivamente esta propuesta, que dañaría la economía de ambas naciones”, concluyó.
En las pasadas elecciones presidenciales un número significativo de latinos/hispanos votó por Donald Trump, más que en las elecciones de 2020.
La economía fue uno de los factores fundamentales de este cambio. Hoy no pocos votantes de ese segmento electoral, sobre todo en bastiones republicanos como Florida, se sienten decepcionados/abandonados por las políticas de la Administración en estos dominios.
Ahora el proyecto se dirige al Senado, de mayoría republicana, con el objetivo de ser aprobado y enviado a la mesa de Trump. Si lo primero ocurre, entraría en vigor el 1ro de enero de 2026. Pero aún tiene un largo camino por recorrer antes de llegar ahí.
Veremos qué pasa. Y en caso afirmativo, cómo incidirá sobre las elecciones de medio término de 2026.
