Es probablemente la medida más ambiciosa tomada por su gobierno para combatir el cruce ilegal de la frontera con México, el tipo de iniciativa que se supone debería promocionar en Twitter y frente a las cámaras como prueba de que toma medidas firmes para contener la inmigración no autorizada.
Sin embargo, Donald Trump no ha dicho una sola palabra sobre el cambio de política anunciado hace una semana.
Bajo las nuevas reglas, se pone prácticamente fin a los asilos, al no considerarse solicitudes de migrantes de otros países que atravesaron México y cerrando las puertas a decenas de miles de personas que escapan a la violencia y la pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Trump no ha enviado un solo tuit ni hablado del tema en público, ni siquiera cuando le preguntan. Un periodista tocó el tema la semana pasada y el presidente se fue por la tangente. Su asesor más prominente en el tema inmigratorio, Stephen Miller, no mencionó el tema durante una presentación en un programa de televisión el domingo.
La actitud distante de Trump y su gente llama la atención a quienes llevan más de dos años resistiendo las políticas inmigratorias del gobierno.
“Nos sorprendió a todos el que el gobierno haya admitido que la política podría quedar sin efecto pronto y haya insinuado incluso que no era tan abarcadora como se pensaba”, declaró el abogado de la Unión de Libertades Civiles Lee Gelernt. “Generalmente, (el gobierno) trata de presentar sus políticas como algo integral y sin precedentes”.
La Casa Blanca no respondió a numerosos pedidos de comentarios de la estrategia y varios altos funcionarios dieron la impresión de que no prestaban demasiada atención al tema.
Observadores ofrecieron varias posibles explicaciones, incluida una fatiga causada por el constante flujo de órdenes, cambios y reglas relacionadas con la inmigración. Además, el anuncio se produjo en medio de una semana agitada, en la que Trump se enfocó en criticar a cuatro representantes de distintos grupos étnicos, causando furor cuando les dijo que se volviesen a los países de donde vinieron, a pesar de que todas son estadounidenses, tres de ellas nacidas en Estados Unidos.
Cuando Miller se presentó en Fox News Sunday, por ejemplo, no respondió una sola pregunta sobre la política inmigratoria y se dedicó a defender los tuits de Trump.
Otros dicen que tanto el gobierno como la oposición están convencidos de que la nueva política será bloqueada por los tribunales, como tantas otras iniciativas de Trump sobre la inmigración.
“Si realmente pensásemos que esta iba a ser la nueva política, estaríamos tirándonos delante de los autobuses de ICE (la policía inmigratoria) y tomando las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, una organización liberal enfocada en la inmigración. “Todo el mundo espera que los tribunales la dejen sin efecto y prácticamente no se está tomando medida alguna para implementar esta política”.
Sharry dijo que el gobierno parece más interesado en generar titulares que desalienten a potenciales inmigrantes que en sacar adelante el cambio de política.
“Tratan de usar la crueldad como disuasivo. Esto fue como decir ‘generemos un titular que diga que estamos poniendo fin al asilo’”, sostuvo Sharry.
El anuncio fue hecho con poca fanfarria y sin dar detalles específicos.
Algunos funcionarios de seguridad nacional dijeron incluso que los tomó por sorpresa y que no estaban seguros de cómo compaginar la nueva iniciativa con otros esfuerzos para contener la inmigración, como el programa que exige a los solicitantes de asilo que permanezcan en México.
También parece haber confusión en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional. Mark Morgan, director interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, trató de restar importancia a la medida durante una entrevista con NPR la semana pasada, en la que dijo que el gobierno solo ensayará las nuevas reglas en un programa piloto en un pequeño sector de la frontera. Admitió asimismo que dudaba que los tribunales permitiesen que la nueva política sea puesta en vigor, mencionando que ya hay dos demandas en los tribunales.
“Creemos que la norma será dejada en suspenso”, expresó.
