El pánico de las deportaciones se ha instalado, también, entre los cubanos recién llegados a Estados Unidos ante las nuevas directivas inmigratorias de la Administración Trump.
Ese sentimiento se origina en el hecho de que el nuevo gobierno considera ilegal el Programa Parole de la Administración Biden, un “abuso” de una prerrogativa dada por el Congreso.
Las lógicas republicanas argumentan que tanto el Programa Parole como el CBP One deben analizarse “caso por caso”, no de manera masiva.
Estos elementos estaban contenidos, entre otros lugares, tanto en el pleito de los veinte estados republicanos contra el Programa Parole, con Texas a la cabeza (2023), como en una audiencia de los Subcomités de Seguridad Fronteriza y Cumplimiento y Supervisión, Investigaciones y Responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, encabezada por los republicanos Clay Iggins y Dan Bishop (2024).
Siendo candidato presidencial el propio Trump, se encargó de hacer un trabajo impecable en favor de crear ese pánico, preparando el terreno en los medios de comunicación.
Por ejemplo, en septiembre de 2024, durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump dijo que consideraba a los beneficiarios del Parole “inmigrantes ilegales” que no deberían estar en Estados Unidos. Y la emprendió contra el programa porque les permitía entrar en avión al país.
También subrayó que, de ganar en noviembre, cerraría la aplicación CBP One y expulsaría a quienes habían llegado por esa vía. “Lo revocaría”, afirmó sobre el CBP One, al que catalogó de “malo”. Pero fue más allá: el Parole era “todavía peor”.
“Prepárense para irse”: la amenaza de Trump a los beneficiarios del parole
Por otra parte, más recientemente, una nota interna del DHS a la que tuvo acceso la cadena CBS no ha hecho sino aumentar esos miedos al dar a conocer que “se revocaría el estatus de libertad condicional de quienes hayan ingresado a Estados Unidos con el Programa Parole”, lo cual “los colocaría en proceso de deportación si no han solicitado u obtenido otro beneficio migratorio como el asilo, una tarjeta verde o el Estatus de Protección Temporal (TPS)”.
Un sombrerazo a los más de 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo ese programa.
“Prepárense para irse”
Pero en realidad la noticia no sorprende. Además de aquel “prepárense para irse” de la fase electoral, la orden ejecutiva “Securing Our Borders”, firmada por Trump el pasado 24 de enero, establece lo siguiente:
“Terminar con todos los programas de libertad condicional categórica que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluyendo el programa conocido como “Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos”.
Y ordena la “remoción inmediata de todos los extranjeros que ingresen o permanezcan en violación de la ley federal”.
Por sus impactos, implicaciones y consecuencias, el documento filtrado prefigura un abanico de opciones legales y políticas. Una es la posible reacción de un juez federal ante este tema. Otra, el cabildeo con las estructuras del poder ejecutivo.
Por lo pronto, una primera consecuencia salta a la vista. Como expresó Tom Jawetz, exfuncionario del DHS, “apuntar a las personas que llegaron a Estados Unidos con patrocinadores y continúan cumpliendo las reglas no solo es gratuitamente cruel, sino que hará que nuestro sistema sea más caótico“.
El caso de la I-220A
El documento I-220 A, también llamado Formulario I-220A, es una orden de liberación bajo palabra. El Gobierno de Estados Unidos se lo confiere a algunas personas detenidas en la frontera y luego liberadas por funcionarios de inmigración.
Esa “orden de liberación bajo reconocimiento” libera a los implicados de la custodia federal siempre que cumplan con condiciones como asistir a las audiencias del tribunal de inmigración, no violar las leyes locales y federales y, si se requiere, llevar un grillete electrónico en el tobillo.
El portal de ICE dice al respecto:
Si usted no se encuentra detenido por ICE, debe asistir a todas las audiencias programadas, a las citas en la oficina local y actualizar su dirección postal. Si no asiste a las audiencias judiciales, puede ser expulsado de Estados Unidos. Los términos de su liberación pueden requerir que asista a las citas en la oficina local de ICE.
Su audiencia judicial es la oportunidad para que explique por qué cree que es elegible para recibir alivio o protección contra la expulsión. Es extremadamente importante que asista a su audiencia judicial. Si no asiste a su audiencia judicial, puede resultar en una orden judicial o incluso en su expulsión de Estados Unidos.
Cubanos en Miami contra decisión que les impide residir legalmente en EEUU
Si bien antes de agosto de 2022 cubanos con I-220A habían logrado convertirse en residentes, lo cierto es que la mayoría no lo ha logrado.
El problema se produjo en el mes antes mencionado, cuando un juez de Miami otorgó la residencia permanente, bajo la Ley de Ajuste, a un grupo de cubanos después de que los detuvieran cerca de la frontera entre Estados Unidos y México “sin ser inspeccionados ni puestos en libertad condicional”. Fueron liberados con una I-220A.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional impugnó la decisión del juez: “El juez de inmigración razonó que la liberación de los demandados se produjo a través de una concesión de libertad condicional humanitaria por operación de la ley… Concluimos que el juez de inmigración se equivocó”, dijeron.
Ingresar a Estados Unidos con un documento I-220A es distinto de obtener un permiso humanitario. Los cubanos con ese documento no eran entonces elegibles para cambiar su estatus migratorio bajo la Ley de Ajuste, concluyeron.
Después del juez de Miami
Eso los puso contra la pared. En septiembre de 2023, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ratificó que los cubanos que entraron al país con la I-220A no podían recurrir a la Ley de Ajuste para obtener la residencia.
Lo cual puso sobre la mesa una consecuencia: a partir de ese momento, los jueces de los tribunales de inmigración tendrían que seguir el precedente de la Junta de Apelaciones aludida porque era vinculante, a menos que un tribunal de apelaciones federal o el Fiscal General de Estados Unidos dispusieran lo contrario.
El bufete de abogados Curbelo Law resumió la situación de la siguiente manera:
¿Qué significa este fallo federal para los cubanos? El 11 de septiembre de 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló en contra de considerar el I-220A como un permiso humanitario. Este parole le hubiera permitido a los inmigrantes elegibles aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley fue promulgada en 1966 y desde entonces ha permitido a los cubanos elegibles ajustar su estatus en Estados Unidos al de residente permanente. […] La nueva decisión concluyó que ingresar a Estados Unidos con este documento es diferente a recibir un parole humanitario.
Y más adelante:
El camino hacia la Ley de Ajuste ha sido cada vez más estrecho. En 2017, el presidente Barack Obama derogó la ley de “pies secos, pies mojados”. Esta ley permitía a aquellos cubanos que habían ingresado de manera irregular y/o que no cumplieran con el requisito de admisión, que ahora constituye una condición sine qua non, ser elegibles para el beneficio de la ley de ajuste cubano.
Las personas con un formulario I-220A pueden solicitar asilo e intentar demostrar un riesgo plausible de persecución. Sin embargo, tendrán un estatus de asilo pendiente y se les exigirá renovar sus permisos de trabajo cada dos años mientras su caso de asilo permanezca activo en la corte de inmigración.
En rigor, pies secos/pies mojados no es una “ley” sino una acción ejecutiva del presidente Clinton descontinuada por el presidente Obama. Pero de cualquier manera, lo importante es que en ese entonces más de 200 mil cubanos estaban pendientes de la decisión, aspirando a pedir la residencia al cumplirse un año y un día de su llegada.
Falla Junta de Apelaciones en contra de considerar la I-220A para pedir Ley de Ajuste Cubano
Los letrados han aconsejado a los portadores de la I-220A buscar otros mecanismos para lograr la residencia, pero, sobre todo, pedir asilo político.
“Un caso de asilo bien preparado aumenta sus posibilidades de éxito. Desafortunadamente, muchos casos carecen de pruebas suficientes, lo que hace que sea difícil ganarlos. Es esencial buscar asesoramiento legal desde el principio para guiarlo y representarlo en el proceso. La representación legal puede aumentar significativamente sus posibilidades de éxito o proporcionar una evaluación especializada de la viabilidad de su caso”, dice un sitio web especializado.
El domingo 17 de septiembre de 2023 grupos de cubanos con I-220A se reunieron frente al restaurante Versailles, en Miami, para protestar contra el fallo de la Junta, que de hecho los dejaba en un limbo legal.
“Nadie va a buscarlos a su casa, no les va a pasar nada. Se van a quedar en Estados Unidos. Y poco a poco los vamos a legalizar”, les aseguró entonces el abogado de inmigración Willy Allen.
Más tarde hicieron lo mismo no solo en Miami sino también en Houston.
El 18 de enero de 2024 un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes, incluyendo a la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, le envió una carta al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, instándole a conceder el estatus de Parole in Place a cualquier cubano al que se le hubiera emitido una I-220A a su llegada a Estados Unidos. Muchos esperaban una solución, pero esto no ocurrió.
Con Donald Trump
Con Donald Trump en la Oficina Oval, lo nuevo en materia de deportaciones es que ICE tiene más poder para realizarlas de manera express sin que los indocumentados tengan que pasar por un largo proceso legal en las cortes.
Antes, las personas sometidas a este proceso expedito eran las que llevaban menos de 14 días en el país y eran detenidas a cien millas de la frontera. Ya no.
Ahora la medida se aplica a quienes tienen menos de dos años en cualquiera de los 50 estados. La orden no distingue si los indocumentados tienen o no récords criminales.
El pasado 24 de enero, María Elvira Salazar le envió una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine C. Huffman, instando a su Departamento “a seguir protegiendo de la deportación a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos sin antecedentes penales y casos pendientes”.
El Programa Parole y el CBP One: bases legales de dos víctimas del trumpismo
Según declaraciones de la abogada de Inmigración Rosaly Chavino a la cadena Univisión, con la llegada de Donald Trump a la presidencia y sus órdenes ejecutivas sobre el tema migratorio, a las personas con I-220A que tienen un proceso en la corte no pueden ponerlas en un proceso expedito de deportación.
Quienes corren ese riesgo, dijo, son las que no están en ese caso, tienen menos de dos años en Estados Unidos y que los oficiales puedan determinar que son inadmisibles por no haber recibido un parole.
“Es difícil entender por qué algunos fueron liberados con I-220A y otros con parole”, reconoció el abogado Willy Allen. No sabemos con certeza qué criterios utilizaron los oficiales en cada caso. Por eso estamos luchando […] para que la I-220A sea considerada una entrada válida bajo la Ley de Ajuste Cubano, como lo es el parole, y para que todos los cubanos puedan regularizar su situación en Estados Unidos”, concluyó.
