The Associated Press
Por las noches, la adolescente hondureña y su pequeño hijo se envuelven en una delgada manta antes de acostarse en una colchoneta. Las luces son intensas, como también lo es el llanto de los niños. Hay tanta gente dentro del área enrejada que no hay espacio para que su bebé ande a gatas.
Ese es el relato de la joven de 17 años, uno de docenas presentados ante una corte federal esta semana por activistas a favor de los menores que están detenidos en el sistema migratorio.
Cada cinco días se les permite tomar una ducha y cepillarse los dientes. Su bebé ya padecía de tos y fiebre, pero no se atrevió a pedir un doctor, por temor de que la solicitud prolongara su encierro en la instalación Úrsula de McAllen, Texas, en la que, asegura, lleva casi tres semanas.
“Al tocarlo se siente helado”, comentó la joven, de acuerdo a los documentos judiciales, presentados en inglés.
“Todos estamos muy tristes de estar encerrados en un lugar como este”.
Su declaración fue presentada en un tribunal de Los Ángeles que supervisa un acuerdo de larga data sobre las condiciones en las que deben quedar detenidos los niños migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Adolescentes y niños, detenidos por días o semanas enteras por las autoridades fronterizas federales, describen celdas heladas en las que jóvenes agripados y con ropas sucias padecen de fiebre, vómito y llanto incesante sin saber cuándo saldrán de ahí.
Algunos de los menores viajaron solos a Estados Unidos. Otros realizaron el trayecto con hermanos u otros familiares de los que fueron separados porque el gobierno sólo permite que permanezcan con sus padres o tutores legales.
Médicos y abogados encontraron a varias madres adolescentes en los centros de detención, algunas de ellas con bebés recién nacidos en estado delicado. Cinco infantes fueron ingresados a la unidad de cuidados neonatales intensivos de un hospital local después de que un doctor visitó las instalaciones de McAllen, según los documentos de la corte.
Los activistas pidieron una orden de emergencia que requiera inspecciones inmediatas a las instalaciones de Texas, acceso a atención médica y la entrega expedita de los niños a sus padres o familiares cercanos en Estados Unidos.
El gobierno alegó en un documento presentado el jueves que las solicitudes de los demandantes “impondrían extensas obligaciones” y que una orden emergente no era la manera adecuada de hacerlo.
“Considerando que los demandantes están obligados a demostrar, la corte debería negarse a sacar conclusiones respecto a las acusaciones de los demandantes sin otorgarle al gobierno una oportunidad plena y justa de responder a las acusaciones que han hecho los demandantes en su contra”, escribieron los abogados.
Grupos activistas han presionado durante años al gobierno federal a que cumpla con un acuerdo de 1997 que establecía los parámetros mínimos para la detención de niños migrantes y el proceso de su liberación. Un juez dictaminó previamente que el gobierno retenía a los niños demasiado tiempo y en condiciones adversas, y ordenó que un observador independiente realizara un informe sobre las instalaciones.
El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una creciente indignación de la opinión pública por la manera como ha manejado el incremento en el número de familias migrantes y niños que se presentan en la frontera, muchos de los cuales huyen de la violencia doméstica y de pandillas en Centroamérica. Cinco niños han muerto desde finales del año pasado después de ser detenidos, y los abogados que visitaron una estación de la Patrulla Fronteriza cerca de El Paso la semana pasada describieron cómo los menores eran retenidos en condiciones insalubres, con atención mínima, alimentación inadecuada y falta de agua.
En una declaración ante la corte, la doctora Dolly Lucio Sevier, una pediatra que visitó el centro de McAllen a principios de este mes, dijo que vio a muchas madres adolescentes y a padres incapaces de lavar los biberones o de obtener suficiente agua para beber y amamantar adecuadamente a sus bebés. Debido a las bajas temperaturas y luces intensas, comparó al lugar con un centro de tortura.
“Es obvio que la dignidad y el bienestar de los niños ni siquiera fueron tomados en cuenta al momento de diseñar el centro”, declaró Sevier.
En otro centro de la CBP en Clint, Texas, los niños afirmaron que ningún adulto los atendía, así que ellos se cuidaban entre sí. Señalaron que siempre estaban hambrientos, que el agua tenía un sabor horrible y no había jabón ni agua para lavarse las manos después de ir al baño. Los contagios de influenza eran generalizados y los niños enfermos eran enviados a una celda especial.
Una niña ecuatoriana de 12 años dijo que fue encerrada junto a sus hermanas de 8 y 4 años de edad después de que fueron separadas de su abuela. Los guardias les dijeron a las niñas que podrían pasar hasta dos semanas antes de que pudieran reunirse con su madre en Massachusetts.
“Todas las noches mis hermanas me preguntan “¿Cuándo vendrá mami por nosotras?”, afirmó ella en su declaración. “No sé qué decirles. Para nosotras es muy difícil estar ahí”.
Los niños no son identificados por su nombre en las declaraciones presentadas en la corte. Abogados entrevistaron a los menores durante las últimas semanas como parte del monitoreo que marca el acuerdo.
Las agencias federales han pasado problemas para encontrar las instalaciones adecuadas para albergar a los migrantes que cruzan la frontera con México, y la Patrulla Fronteriza ha detenido a algunos menores durante semanas y no por 72 horas, debido a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no cuenta con la capacidad para acogerlos.
Los activistas se han quejado de que el departamento ha demorado la liberación de los niños a patrocinadores que están dispuestos a cuidar de ellos en Estados Unidos y llevarlos a sus audiencias en las cortes migratorias para determinar si pueden o no permanecer en el país. Aseguran que ése es el motivo por el que los niños están siendo detenidos durante tanto tiempo en instalaciones fronterizas hacinadas.
En documentos ante la corte, los doctores señalaron que las condiciones insalubres provocan el contagio de la influenza y otras enfermedades, además de que demuestran una falta de respeto a la humanidad de los niños. Peter Schey, presidente del Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, dijo que se podría haber evitado el deceso de los menores si el gobierno los hubiera liberado más rápido.
Warren Binford, una abogada que visitó el centro en Clint, dijo que la Patrulla Fronteriza mintió acerca de haberle dado una ducha a una niña de 4 años que estaba extremadamente sucia y cuyo cabello estaba tan enmarañado que ella creyó que iban a tener que cortárselo. Dos menores de 7 y 8 años que cuidaban de la niña intentaron convencerla, indicó Binford, pero ella, que no hablaba, se negó a ducharse después de que la abogada les pidió a los agentes que la bañaran.
Una niña guatemalteca de 14 años dijo que huyó con su hermana, su madre y una sobrina a Estados Unidos debido a que su papá las maltrataba. Dijo que no se le permitió ducharse por cinco días y le negaron un cepillo de dientes. Los guardias le gritaron cuando intentó usar el baño, afirmó.
“Aquí no hay suficiente comida”, relató. “La comida no es buena y tengo hambre”.
