Cuando el lunes de la semana pasada el FBI allanó la casa de Donald Trump, sus seguidores dentro del Partido Republicano comenzaron a exigir la anulación de la incautación de documentos decomisados y la dimisión de autoridades judiciales. Y acusaron a la Casa Blanca de estar detrás de la operación por razones políticas.
Pero en la medida en que pasaron los días y se supo que entre los documentos se encontraban materiales altamente clasificados, bien relacionados con los planes nucleares o con el aparato militar, han comenzado a emerger dudas acerca de la inocencia que el ex mandatario sostiene.
Inmediatamente después del incidente de Mar-a-Lago, los republicanos del Congreso, incluidos los miembros del liderazgo, reaccionaron con furia y atacaron a las principales agencias de aplicación de la ley del país. Algunos hicieron llamados a “desfinanciar” o “destruir” al FBI; otros invocaron a la policía secreta nazi usando palabras como “gestapo” y “tiranos”.
Este domingo voces más moderadas del Partido Republicano reprendieron a sus colegas por las andanadas contra las fuerzas del orden público, presentando un caso más comedido para defender a Trump y al mismo tiempo supervisar al Departamento de Justicia.
Muchos republicanos pidieron la publicación de la declaración jurada que respalda la orden de registro ejecutada el lunes pasado, el documento que sirvió de base para que un juez federal firmara la orden de registro. Este documento detallaría la evidencia de que las autoridades disponen para meterse en la casa de Trump. Normalmente estos documentos no se hacen públicos antes de que se presenten los cargos.
“Fue una acción sin precedentes que debe ser respaldada por una justificación sin precedentes”, dijo el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania y ex agente del FBI a la cadena CBS. “He instado a todos mis colegas a asegurarse de que entiendan el peso de sus palabras”.
Los llamados a un tono más cauteloso surgieron cuando comenzaron las amenazas contra las fuerzas del orden. Un hombre armado atacó el jueves una oficina del FBI en Cincinnati, y el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) distribuyó un boletín de inteligencia a las fuerzas del orden público de todo el país en el que advirtió “un aumento en amenazas y actos de violencia, incluidos enfrentamientos armados, contra personal policial, judicial y gubernamental”.
“El FBI y DHS han observado un aumento en las amenazas violentas publicadas en las redes sociales contra funcionarios e instalaciones federales, incluida una amenaza de colocar una supuesta bomba sucia frente a la sede en Washington y emitiendo llamados generales a la ‘guerra civil’ y la ‘rebelión armada’”, dice el boletín revelado por The New York Times.
Otro hombre armado estrelló un auto contra una barricada fuera del Capitolio alrededor de las 4 am del domingo. Después de salir del automóvil, disparó al aire varias veces antes de suicidarse, dijo la Policía del Capitolio.
Fitzpatrick dijo a la CBS que había comenzado a comunicarse con sus antiguos colegas en el FBI “para asegurarse de que estaban bien”.
Orden de allanamiento comprueba que Trump sacó de la Casa Blanca documentos altamente secretos
“Somos la democracia más antigua del mundo, y la única forma en que ella puede desmoronarse es faltándole el respeto a las instituciones y haciendo que unos estadounidenses se vuelvan contra otros”, dijo. Y agregó: “Eso comienza, en gran medida, con las palabras que estamos usando”.
Los republicanos tuvieron problemas para unirse en torno a una estrategia unificada para responder a la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach, Florida, en medio de revelaciones diarias y explicaciones, excusas, defensas y acusaciones falsas que cambian rápidamente.
Trump y sus aliados han argumentado que el ex presidente Barack Obama también manejó mal los documentos pero la acusación fue rápidamente descartada como falsa por los Archivos Nacionales.
Tambien han acusado al juez que firmó la orden que autorizó el allanamiento de ser parcial, que el FBI podría haber plantado pruebas, que los documentos estaban cubiertos por privilegio abogado-cliente o ejecutivo y que Trump había desclasificado los documentos.
El sábado el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, pidió la derogación de la Ley de Espionaje, una de las apoyaturas jurídicas que impulsó la investigación.
Pero estas explicaciones han dificultado que los republicanos, muchos ansiosos por complacer al ex presidente, se unan en una defensa unificada. Están divididos sobre si atacar a las principales agencias de aplicación de la ley del país y qué tan agresivos deben ser en esos ataques.
