Una corte federal estudiará la semana próxima un pedido de invalidar un programa que protege de la deportación a inmigrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “dreamers” y su decisión podría crearle dificultades al gobierno entrante del presidente electo Joe Biden.
La audiencia prevista para el 22 de diciembre en Houston concierne al memorando original del presidente Barack Obama que creó Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que en la actualidad cubre a unas 650.000 beneficiarios.
Las cortes federales ya han rechazado los intentos del presidente Donald Trump de poner fin a DACA. Bajo la sentencia de un juez en Nueva York, el gobierno de Trump restauró las disposiciones originales del plan de Obama, la aceptación de nuevas solicitudes, la renovación plena de los permisos de trabajo de dos años y la protección general de la deportación.
Pero el caso de Houston apunta directamente a las disposiciones originales de DACA, no el intento de Trump de poner fin al programa. Texas y otros ocho estados piden poner fin a DACA, alegando que agota recursos estatales para la educación y la salud y viola la ley federal.
Encabeza la demanda el secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, conocido por presentar demandas conservadoras, incluido el caso en que trató de subvertir la derrota electoral de Trump y fue rechazado por la Corte Suprema.
Los argumentos a favor del programa serán presentados por una coalición de beneficiarios de DACA representada por el Fondo de Defensa Legal y para la Educación México-Estadounidense (MALDEF por sus siglas en inglés).
Las dos partes han pedido una sentencia sumaria que ponga fin al caso a su favor. MALDEF sostiene que Texas y los demás estados no tienen legitimidad procesal, el mismo fundamento con el cual la Corte Suprema desestimó la impugnación estatal de la elección.
“Este caso es un ataque a la legalidad fundamental del mismo DACA”, dijo Nina Perales abogada de MALDEF. “Se busca un fallo de ilegalidad de DACA que ataría las manos de cualquier futuro gobierno”.
Durante la campaña electoral, Biden prometió reiteradamente volver a instituir el programa como parte de una serie de medidas relacionadas con la inmigración que incluye una moratoria sobre las deportaciones y detener la construcción de un muro en la frontera con México.
Los defensores piden que el Congreso apruebe leyes permanentes que protegen a los inmigrantes llevados a Estados Unidos en su juventud.
