Rui Ferreira
A pocos días de las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump le acaba de plantear una amenaza a los empleados públicos otorgando amplias capacidades para contratarlos y despedirlos.
De acuerdo con analistas, lo anterior constituye un irrespeto por la carrera del servicio público. Obviamente, solo sería posible si el presidente es relecto para un segundo mandato, por lo cual es difícil entender por qué justamente antes de las elecciones Trump ha firmado una orden ejecutiva de esa naturaleza. La permanencia de los funcionarios de la administración central del Estado es casi una vaca sagrada en el funcionamiento de todo país democrático. En la contratación de empleados no debe influir el pensamiento ideológico. Eso se restringe a los funcionarios del primer anillo: la presidencia, el gabinete, los asesores directos de la presidencia y los embajadores.
Según el New York Times, esta orden pudiera afectar a decenas de miles de empleados que serían escogidos por secretarios y directores generales de las diversas instancias. En en el caso de la actual administración, serviría para recompensar lealtades. También puede suceder en una administración Biden, pero los demócratas tienen la tendencia a traer a los suyos a puestos clave, no a los empleados en general, que ya tienen una carrera y han acumulado años de servicio, jubilaciones y otras recompensas.
“No entiendo esta jugada del presidente. De todos modos, si no es relecto tiene de noviembre a enero para seguir administrando la maquinaria burocrática. Bien pudiera dejar esta decisión para después de las elecciones y no asustar a la gente. Se ha precipitado, pero la verdad es que Trump siempre desconfió de los empleados públicos y tiene esa idea peregrina de que puede disponer de todo el mundo. Como un empresario”, dijo a OnCuba el economista Miguel Salavarría, del Colegio de México, especializado en estudios de gobernación.
La orden ejecutiva permite a las agencias federales revisar sus listas de empleados y reclasificar a ciertos trabajadores, al punto de poder despojarlos de protecciones laborales de las que actualmente se benefician.
En un comunicado emitido con la firma de la orden, Trump dijo que la nueva clasificación de los empleados se justifica, toda vez que, según las reglas actuales, “eliminar a los trabajadores de bajo rendimiento, incluso de estos puestos críticos, requiere mucho tiempo y es difícil”.
La mayor parte de los trabajadores federales se consideran funcionarios públicos de carrera y gozan de ciertas protecciones, incluida la forma como son contratados, que generalmente se basa en un sistema de puntos. También la manera como son despedidos a partir de un complicado sistema de apelaciones que dificulta el proceso.
Durante mucho tiempo los auditores federales se han quejado de que el proceso de remoción de trabajadores federales ineficientes es demasiado complicado y lento, por lo que a veces, aunque no tengan un buen desempeño, no son despedidos porque sus supervisores tendrían que pasar por un largo y enrevesado proceso para lograrlo.
Esta orden ejecutiva podría afectar a cientos de miles de los más de dos millones de empleados federales y despojarlos de protecciones para favorecer al servicio público y hacerlo más competitivo.
Pero según el New York Times, solo empezaría a aplicarse de forma generalizada si Trump es elegido para un segundo mandato. En caso de ganar Biden, el nuevo presidente, simplemente, podría rescindirla.
La nueva orden ejecutiva crearía una nueva clase de trabajadores federales, conocidos como empleados del “Anexo F”, formada por miembros del personal de carrera que participan en actividades confidenciales de determinación, formulación y promoción de políticas. Según abogados que la han examinado, esto incluiría probablemente a los miles de empleados que redactan las regulaciones, así como a economistas, abogados, gerentes y científicos.
De acuerdo con la Casa Blanca, no se aplicaría a los trabajadores federales que forman parte del Servicio Ejecutivo Superior, que ayuda a supervisar a las agencias federales. Estas, a su vez, tendrían siete meses para hacerr una revisión de su fuerza laboral y decidir qué empleados podrían reclasificarse en este nuevo estado.
Las revisiones se realizarían anualmente.
