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Lanzado en octubre de 2022 para venezolanos y ampliado en enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses, el Programa Parole Humanitario (PPH) de la Administración Biden permitiría la entrada a Estados Unidos de hasta 30 mil ciudadanos al mes de esos países.
El objetivo fue reducir los cruces irregulares fronterizos y dar a los emigrantes una vía legal de entrada en un momento en que la frontera sur estaba saturada y los republicanos arreciaban sus ataques a Biden por su “política de fronteras abiertas”.
Como se conoce, los aspirantes necesitaban un patrocinador en Estados Unidos —ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes u otras personas con estatus legal e incluso organizaciones—. No eran elegibles quienes hubieran cruzado a Panamá, México o Estados Unidos sin autorización después de la fecha de inicio del programa. Tampoco los que fueran interceptados en las aguas del Estrecho de la Florida (cubanos y haitianos).
En diciembre de 2024 alrededor de 530 mil personas habían ingresado a Estados Unidos por la vía del PPH: 211 040 haitianos, 117 330 venezolanos, 110 240 cubanos y 93 070 nicaragüenses.
Mayorkas critica en Miami demanda de estados republicanos contra el parole humanitario
Los republicanos y el PPH
El 25 de enero de 2023 veinte estados republicanos presentaron una demanda en una corte federal de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otras agencias y funcionarios de Biden alegando que no tenían autoridad legal para implementar el PPH. También sostenían que esos estados se verían perjudicados por la afluencia de esa cantidad de inmigrantes.
En los textos y reportajes dedicados a este tema, suele permanecer a la sombra la entidad impulsora de la demanda: America First Legal, entidad dirigida por Stephen Miller, hoy asesor de seguridad nacional y subjefe de gabinete del presidente Donald Trump. Aquí aparece por primera vez un elemento central en el discurso republicano: la llamada “extralimitación de los poderes ejecutivos” (executive overreach), una de las bases filosófico-conceptuales de la movida.
La izquierda radical está usando su poder dentro y fuera del Gobierno para destruir nuestro país. Está abriendo las fronteras de Estados Unidos, cerrando la energía estadounidense, tratando de apoderarse de las elecciones estadounidenses y violando los derechos civiles fundamentales del pueblo estadounidense. En America First Legal estamos formando un equipo de algunos de los mejores pensadores legales, políticos y estratégicos de la nación para desafiar esta anarquía en todo momento. Usaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para defender a nuestros ciudadanos de la extralimitación inconstitucional del ejecutivo.
Al cabo del proceso judicial, en marzo de 2024 un juez federal desestimó la demanda y decidió mantener el PPH al considerar que los estados litigantes no habían podido demostrar que les había causado “daños significativos”.
Juez federal decide no congelar de manera temporal el programa de parole
Por otra parte, en un momento determinado en su implementación, bajo Biden, el PPH fue pausado debido a irregularidades y fraudes, a lo que siguió un proceso de revisión por parte de las autoridades. La decisión se tomó a mediados de julio de 2024, después de que un informe interno descubriera fraudes en las solicitudes de los patrocinadores. Luego volvió a funcionar.
Como balance general, los partidarios del PPH lo elogiaron por brindar vías seguras y reducir la tensión fronteriza; sus críticos y opositores, incluyendo legisladores republicanos, argumentaron que excedía la autoridad ejecutiva y se semejaba a un programa de visas no autorizado.
Deconstruyendo el PPH desde el ejecutivo
Al asumir el poder, la nueva Administración decidió cancelar el PPH mediante la Orden Ejecutiva 14165 del 20 de enero de 2025. Este documento fue complementado, al menos, por dos disposiciones internas: el memorando Hofman y el Memorando Davidson. Su objetivo se enfilaba a desmontarlo acudiendo a interpretaciones sui generis de leyes y disposiciones federales.
Eran, de hecho, una puesta en escena de decisiones que ya se habían tomado en las reuniones de la transición llevadas cabo en Mar-a Lago con los asesores del nuevo presidente y miembros de think tanks conservadores, en particular el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation.
En el primer documento, curiosamente emitido el mismo 20 de enero, el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin C. Huffman, declaraba que era ”evidente que muchas políticas y prácticas actuales del DHS que rigen la libertad condicional son incompatibles” con la nueva Administración.
Subrayaba que la legislación vigente dejaba “muy claro que se trata de una facultad de uso limitado, aplicable únicamente en un conjunto muy limitado de circunstancias”, y que el estatuto no autorizaba “ programas de libertad condicional categóricos que hagan elegibles a los extranjeros con base a un conjunto de criterios de aplicación general”.
Finalmente, ordenaba que en un plazo de 60 días el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recopilaran y revisaran todas las políticas relacionadas con la libertad condicional y formularan un plan para eliminarlas.
En el segundo documento, emitido el 14 de febrero, Andrew J. Davidson, entonces subdirector interino de USCIS, autorizaba la suspensión administrativa inmediata de todas las solicitudes de reajuste de estatus y beneficios pendientes presentadas por personas con permiso de ingreso a Estados Unidos bajo el PPH “para verificaciones adicionales a fin de identificar cualquier fraude, preocupación por la seguridad pública o nacional”.
Y concluía: ”Cualquier caso sujeto a esta suspensión administrativa con necesidad de litigio solo podrá ser levantado caso por caso, con la aprobación del director o el subdirector de USCIS. Este requisito de caso por caso debe cumplirse incluso cuando los extranjeros pertenezcan a una clase sujeta a una orden judicial, un acuerdo transaccional u otra orden judicial”.
La avalancha
El 25 de marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Federal Register que “daba por terminados los programas de libertad condicional para extranjeros inadmisibles de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela” con efecto inmediato.
Señalaba lo siguiente: “El período de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional [del PPH] y cuyo permiso no haya expirado el 24 de abril de 2025, finalizará en esa fecha a menos que la Secretaria [Kristy Noem] determine lo contrario”.
Finalmente, dispuso: “las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional debían abandonar el país antes de la fecha de finalización de esa libertad condicional”.
Biden les daba a los beneficiados dos años de estancia legal, precisando que al cabo de ese tiempo debían buscarse un alivio migratorio para poder permanecer en Estados Unidos. El Federal Register introdujo un giro en U al declararlos fuera del juego si llegaban al 24 de abril sin ese alivio. “El período de parole temporal de los extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos bajo los programas de parole y cuyo permiso no haya expirado antes del [30 días después de la fecha de publicación en el Registro Federal] finalizará en esa fecha, a menos que la Secretaria [de Seguridad Nacional, Kristi Noem] determine lo contrario”.
En otras palabras, que podían ser deportados si no tenían ese alivio migratorio, lo cual desató un estrés colectivo adicional al ya existente entre quienes hasta ese momento no estaban bajo el manto de otra protección, incluyendo a los cubanos que no habían cumplido el plazo del año y un día establecido por la Ley de Ajuste Cubano (1966) para obtener la residencia permanente (green card). La sugerencia de los abogados de inmigración de Miami fue presentar asilo político o cualquier otro procedimiento que “sellara” sus casos en las cortes.
Trump fustiga a jueza federal que impidió revocar el estatus legal de inmigrantes del parole
El sábado 29 de marzo los beneficiarios del PPH recibieron un mensaje absolutamente sin precedente en sus correos electrónicos. “Hemos tomado una medida en su caso y necesita su atención”, anunciaban. “Usted debe salir de Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional”.
Era un ultimátum del Gobierno Federal para que esos extranjeros indeseables volvieran por sus propios pies a sus respectivos países. “A partir de la fecha de finalización de su libertad condicional, usted puede ser objeto de expulsión acelerada de conformidad con la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o de un procedimiento de expulsión de conformidad con la sección 240 de la INA. Cualquiera de ellos puede resultar en su expulsión, a menos que haya salido de Estados Unidos o haya obtenido una base legal para permanecer en Estados Unidos”.
En el correo, las autoridades federales también tocaban un punto sobremanera sensible: los permisos de trabajo. “El DHS tiene la intención de revocar su autorización de empleo porque la condición por la que se le concedió la autorización de empleo, basada en la libertad condicional, ya no existe”…
Diez días antes de que se cumpliera el plazo, el pasado 14 de abril, la jueza federal de Boston Indira Talwani le puso una luz roja al Gobierno en el caso Svitlana Doe, et al. v. Noem, et al.
Ahora mismo en la página de USCIS se lee lo siguiente:
El 14 de abril de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una Orden Preliminar que suspendió parte de la notificación del Registro Federal publicada el 25 de marzo de 2025, titulada “Terminación del Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV)”. Véase Svitlana Doe, et al., v. Noem, et. al., n.° 25-cv-10495 (D. Mass., 14 de abril de 2025). En virtud de la orden, las notificaciones de terminación de los permisos de permanencia temporal (parole) enviadas a extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, de conformidad con la notificación publicada en el Registro Federal, se suspenden y, por lo tanto, no están vigentes. No se procesarán nuevas solicitudes de permiso de permanencia temporal (parole) para CHNV.
