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El Tribunal Supremo de España ratificó que los descendientes de exiliados nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, no podrán votar en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.
Se desestima así el recurso de la Abogacía del Estado, al que se había adherido la Fiscalía. Según el diario El País, la medida afecta a 163 020 personas, quienes estaban inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) el 1 de agosto de 2026, fecha que define la validez del censo para los próximos comicios.
La suspensión se dictó originalmente como medida cautelar el pasado 8 de septiembre a petición del partido de ultraderecha Vox y del partido Iustitia Europa. En aquel momento no había elecciones convocadas, pero ese escenario cambió cuando el lunes 5 de octubre el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes (el parlamento).
¿Quién podrá votar?
Las nuevas inscripciones en el CERA de nacionalizados por esta vía siguen suspendidas, mientras que los 163 020 ya inscritos solo podrán votar aquellos a quienes el registro consular, bajo su responsabilidad, certifique que descienden de un exiliado y que su ascendiente perdió o renunció a la nacionalidad por esa causa.
Significa que los interesados deben acreditar tanto el parentesco como el motivo de la salida de España de sus ascendentes, pero solo tendrán cinco días para hacerlo, un plazo significativamente corto.
Un derecho “no absoluto”
Cinco de los seis magistrados del Supremo votaron por la suspensión, utilizando como argumento central que el sufragio no es un derecho ilimitado y que, mientras no se aclare cómo obtuvieron la nacionalidad estas personas, pesa más el interés general de que las elecciones se celebren con un censo libre de dudas.
Los jueces afirman que la nacionalidad y el voto no forman un paquete inseparable y, como ejemplo, citan que los españoles residentes en el exterior tampoco pueden votar en las elecciones municipales.
La magistrada Alicia Millán fue la única en votar en contra, como en septiembre, y alegó que en esa fecha el tribunal pensaba resolver el fondo del asunto antes de cualquier elección. Con esta convocatoria para el 29-N, expresó, el daño al derecho de sufragio de los afectados pasa a ser irreversible.
¿Un problema para los cubanos?
Cuba es el segundo país con más solicitudes de nacionalidad por la vía de la Ley de Nietos, detrás de Argentina. En marzo de 2025 ya sumaba cerca de 300 mil peticiones, y llegó a encabezar la lista de nacionalidades concedidas. Esa magnitud explica por qué la isla ha estado en el centro de la ofensiva de Vox.
El líder del partido ultra, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de preparar cientos de miles de votos “controlados por el castrismo”.
En las generales de 2023 había cerca de 152 mil españoles inscritos en el consulado de La Habana, y apenas unos 1200 votaron, menos del 0,8 %. Además, según sondeos del CIS, el voto de los cubanos nacionalizados se reparte entre el PSOE, Vox y el PP, sin formar un bloque homogéneo.
Mientras tanto, la mayoría de los cubanos con pasaporte español siguen el litigio en silencio, sobre todo por temor a que la nacionalidad misma quede en entredicho, aunque el Tribunal Supremo ha reiterado que eso no está en discusión.
Aun así, las críticas a esta decisión y el fallo critican la existencia de ciudadanía de segunda clase limitada ante las urnas.
