Varias ciudades y estados de EE.UU. han optado por aumentar el control sobre el acceso a las armas ante la inacción del presidente Donald Trump y el Congreso, tras el trágico tiroteo en una escuela de Florida del que hoy se cumplen dos meses.
Las medidas aprobadas al calor de una campaña juvenil contra las armas surgida a raíz de esa tragedia son, en su mayoría, diferentes entre sí, pero todas tiene un objetivo común: prohibir la compra de armas a personas potencialmente peligrosas.
El estado de Nueva York, por ejemplo, promulgó una ley en marzo para que la gente con antecedentes por violencia doméstica devolviera “todas sus armas”, incluyendo pistolas, revólveres y armas semiautomáticas, y no pudiera adquirir nuevas.
Otro estado más favorable a las armas, como Vermont, aprobó una legislación esta semana que permite a las autoridades retirar el armamento a toda persona que muestre síntomas de riesgo suicida.
Según datos de la oficina del gobernador de Vermont, el republicano Phil Scott, de las 78 muertes relacionadas con armas que ocurrieron en 2016 en ese estado, 69 fueron por disparo autoinfligido.
En las ciudades de Deerfield (Illinois) y Lincoln (Nebraska), entre otras, y en los estados de Nueva Jersey, Rhode Island, Oregón y Washington, también se han regulado de alguna manera las normas para limitar el acceso a las armas. Estos mandatos, sin embargo, son mal vistos por un sector de la población, que considera que limitar el acceso a las armas no es la solución a la violencia armada.
“Reglamentar aún más el control de armas es estúpido. El arma es la herramienta, pero quien aprieta el gatillo es la persona, que también puede matar con muchos otros instrumentos”, opinó en declaraciones a Efe Philip Van Cleave, presidente de la Virginia Citizens Defense League, que aboga por el derecho a portar armas.
En su opinión, la solución pasa por “dejar a la gente que se proteja a sí misma con armas”, un argumento basado en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar y poseer armas.
En Florida
Todas estas medidas han surgido semanas después del último tiroteo masivo en el país, que se produjo el 14 de febrero en una escuela secundaria de Parkland (Florida), cuando un joven de 19 años, Nikolas Cruz, acudió a su antiguo colegio con un fusil de asalto AR-15, con el que mató a 14 estudiantes y tres profesores.
En Florida, cuyo gobernador, Rick Scott, es republicano, se aprobó en marzo una ley en homenaje a los alumnos y maestros que perdieron la vida en el ataque a esa escuela.
La ley, que incrementa la edad mínima para adquirir un arma de los 18 hasta los 21, permite a ciertos profesores estar armados dentro de las aulas, una idea que fue tachada de “polémica y peligrosa” por las organizaciones contrarias a la violencia.
Precisamente, el presidente Trump propuso un plan para “ofrecer un riguroso entrenamiento al personal voluntario de las escuelas especialmente cualificado sobre el manejo de armas”, que aún está en fase de desarrollo.
La única orden que ha aprobado hasta ahora el mandatario es la prohibición de la venta de los llamado aceleradores de disparos, unos dispositivos que multiplican la capacidad de las armas de fuego.
De hecho, de media se producen 35,000 muertes por arma de fuego en EEUU al año, es decir, 96 al día, según datos de la organización Everytown for Gun Safety, que actualiza diariamente sus datos.
Pocos días después de la matanza en Parkland, una de las supervivientes, la estadounidense de origen cubano Emma González, lamentó que la Administración Trump no dé más pasos para defender a los niños.
“Si todo lo que nuestro Gobierno y presidente pueden hacer es enviar pensamientos y oraciones, entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos”, dijo la joven en una vigilia en recuerdo de los fallecidos.
Sea como fuere, el debate nacional sobre las armas se ha ido aplacando paulatinamente de nuevo en Washington, donde la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) tiene gran influencia, aunque el debate pudiera reactivarse por una próxima tragedia. A nivel local, sin embargo, los ciudadanos siguen tratando de encontrar una solución.
EFE / OnCuba
