Redacción OnCuba
Desde que, a mediados de agosto de 2021, las autoridades cubanas aprobaron la normativa a favor del surgimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), comenzó un camino de diversificación de actores económicos, en una economía que continúa siendo mayoritariamente estatal y centralizada.
Hasta el momento han sido aprobadas 5643 mipymes privadas, 68 estatales y 59 cooperativas no agropecuarias. El 52 % de las nuevas entidades son reconversiones de negocios preexistentes y el 48 % corresponde a nuevos emprendimientos.
Un año después de aprobado el decreto ley que abrió la economía cubana a las pymes, ¿qué balance haces sobre su impacto?
A mediados de los años 90, la Comisión de Asuntos Productivos de la Asamblea Nacional del Poder Popular solicitó al Centro de Estudios de la Economía Cubana que iniciara un proyecto sobre este tema. Lo hicimos, incluso llegamos a realizar un evento con trabajadores por cuenta propia en Holguín. Creo que fue el primero y el único que pudimos hacer. Luego los aires cambiarían y lo que parecía en su momento estar cerca se alejó por más de veinte años. Ese aplazamiento tuvo y aún tiene costos.
Pero al final, pymes habemus. Un año es aún poco tiempo para un fenómeno de corte económico y social tan complejo. Ellas apenas empiezan, pero hay un grupo de hechos que, desde mi perspectiva, merecen ser destacados.
Las pymes han demostrado las enormes ganas de hacer del pueblo, su capacidad para inventarse y reinventarse y el incuestionable espíritu emprendedor del cubano, que durante décadas estuvo contenido/constreñido por regulaciones y prejuicios. La amplitud del objeto social es una de las herramientas que les permite reinventarse y adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Las nuevas pymes también han demostrado la “capacidad de aprender haciendo” de los emprendedores y han permitido crear nuevos espacios y ofertas de bienes y servicios. En ese sentido han contribuido a aliviar esta larga coyuntura de una economía que padece de una elevada restricción de oferta.
Su capacidad para crear puestos de trabajo y con ello proveer de ingresos lícitos a más de 100 mil personas que hoy están ocupadas de forma directa en ellas, es otro de los efectos o impactos.
Más difícil es determinar los ocupados indirectos, pero también existen. Así que hoy, varias decenas de miles de familias cubanas han accedido a mejoras en sus ingresos gracias a las pymes. Ese impacto social no debe quedar fuera de cualquier balance que se haga.
Tampoco debe quedar fuera el hecho de que ninguno de esos puestos de trabajo le ha costado un centavo al Estado cubano. ¿Cuánto le cuesta al Estado crear un puesto de trabajo, por ejemplo, en un hotel? Dividamos el valor total de la inversión entre la futura cantidad de trabajadores del hotel y por ahí tenemos una aproximación.
Subsisten prejuicios, regulaciones extemporáneas, y pesa también la falta de experiencia para manejar este nuevo actor económico.
Nuestras pymes han nacido en el peor de los momentos, dentro de una “tormenta perfecta” que ha combinado una crisis continuada de la economía nacional, restricciones externas provenientes del Gobierno estadounidense y una crisis internacional que ha afectado el comportamiento de los mercados internacionales y generado una inflación a escala global.
Luego de todo el proceso que costó años, al fin se puede decir hoy que las pymes están mejor arropadas, tanto en lo académico como en lo institucional; gozan de más espacio y, sobre todo, tener una pyme no solo se ha convertido en una posibilidad, sino también en un derecho ciudadano.
Hay quienes sostienen que las pymes tienen sus días contados y que cuando la situación de la economía cubana mejore enfrentarán cada vez más restricciones y regulaciones.
Hay precedentes en este largo proceso de reformas, de marchas y contramarchas. Así que hay motivos para ese tipo de razonamientos. Lamentablemente las contramarchas generaron incertidumbre y transmitieron una sensación de inseguridad legal, tan desfavorable para el ambiente de negocios.
Pero hay razones para pensar que esta vez no tiene que repetirse la historia, ni como tragedia ni como comedia. Apunto a continuación algunas de ellas que marcan diferencia entre el hoy y el ayer.
Hoy la propiedad privada está reconocida en la Constitución de la República, no es un decreto, no es una idea dicha en un discurso; es una institución amparada en la norma de todas las normas. También es cierto que la ley regula lo concerniente a ella y por lo tanto hay espacio para casi todo. También lo es que las normas las hacen los seres humanos y ellos mismos las pueden deshacer.
Después de treinta años de reformas y más de sesenta de economía socialista, la evidencia indica que no parece posible avanzar hacia ese socialismo próspero sin desarrollar un sector de pequeña y mediana empresa, privada en lo fundamental, que ocupe aquellos espacios que no son estratégicos, aunque como sector en su conjunto todas ellas también sean estratégicas para la dinámica de la economía.
Otro factor es la capacidad de las pymes para reinventarse todo el tiempo y el relativamente poco capital necesario para iniciar cualquier negocio, en comparación con la lentitud y el alto costo de reconversión de las grandes empresas, sean públicas o privadas.
Súmese el efecto positivo demostrado sobre los territorios en los cuales las pymes tienen una dinámica importante.
Por otra parte, las pymes aportan al desarrollo local y a las estrategias de desarrollo de los territorios allí donde los Gobiernos locales han entendido las ventajas de tenerlas y fomentarlas.
Además, en el orden ideo-político la percepción es otra, al menos en la letra de los documentos. En la Conceptualización del modelo, aprobada en el VIII Congreso del PCC dice: “En el Modelo Económico y Social actualizado, el sistema de entidades de carácter empresarial está compuesto por todas las formas de propiedad estipuladas por la ley: de propiedad socialista de todo el pueblo, cooperativas, empresas mixtas, privadas, así como de organizaciones políticas, de masas, sociales y de instituciones y formas asociativas”.
Pero es cierto que el sabor de la incertidumbre aún queda. La confianza es el edificio que más se tarda en construir, pero el que más fácilmente se destruye; para recobrar confianza se necesita tiempo y algo más.
Entre los emprendedores se ha escuchado cierta insatisfacción con la demora para la constitución y para poder comenzar a operar.
Tengo que decir que la plataforma digital para la inscripción que el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) puso a funcionar es de los procesos más transparentes que se han instrumentado en Cuba en relación con la economía.
Si para la aprobación de la inversión extranjera se pudiera hacer algo similar —al menos para aquellas que no son estratégicas— avanzaríamos mucho más en ese otro propósito. Pero es verdad que puede tomar mucho tiempo, incluso después de ser aprobada la propuesta por el MEP (no conozco que se haya rechazado ninguna).
Todavía se necesita mayor coordinación entre las otras organizaciones involucradas en el proceso. Hay falta de competencias en algunos funcionarios de esas oficinas. Hay trabajo que hacer aún; cada cual debe asumir lo que le toca.
Hay quienes han propuesto que este proceso pase a los Gobiernos locales. Sin embargo, no creo que estos estén en condiciones: carecen de plataforma digital, de funcionarios con las competencias requeridas y, además, suelen estar abrumados con muchas otras tareas.
Miremos la diferencia entre la cantidad de pymes y el número de proyectos de desarrollo local. La organización del proceso en el caso de la aprobación de pymes tiene, al menos en parte, que ver con eso.
¿Pueden los Gobiernos locales sacar más provecho de las pymes?
Las pymes son casi por definición locales, desarrollan sus actividades en una localidad, tributan a esa localidad y generan empleo en y para esa localidad. Dependerá mucho de los Gobiernos locales aprovecharlas más, primero incorporándolas en sus estrategias de desarrollo e incentivándolas a que se incorporen, promocionando e incentivando el surgimiento de nuevas pymes allí donde aparezcan necesidades que desde el Gobierno central no pueden ser cubiertas; fomentando una relación de cooperación y facilitación de los procesos; promoviendo las mejores experiencias, generando proyectos y licitándolos públicamente entre emprendedores locales y no locales.
Es cierto que uno de los recursos o instrumentos que tendrían los Gobiernos locales para generar incentivos es el sistema impositivo; pero lamentablemente no tienen la posibilidad de hacerlo dado que esos impuestos van todos al nivel central excepto el 1% para el desarrollo local.
Hay que cambiar esa idea de que las pymes son un problema por esta otra en que ellas son parte de la solución.
Como casi todo lo que tiene que ver con los seres humanos, no es sencillo, pero es posible lograrlo.
¿Y la empresa estatal? ¿Acaso las pymes no le hacen la competencia?
Qué bueno que sea así. En realidad todavía hoy, salvo alguna rara excepción, las pymes no le hacen mucha competencia a la empresa estatal. En todo caso, si la hacen no es porque ya las pymes sean tremendamente productivas y eficientes; en muchos casos es por los déficits que la empresa estatal ha tenido que arrastrar entre regulaciones e imposiciones.
Llevamos veinte mil leguas de viaje hacia la autonomía de la empresa estatal y aún no hemos llegado a ella. Y todavía hoy queremos cargar al empresario estatal con las culpas del mal desempeño de ese actor económico.
Las pymes son una gran oportunidad para las empresas estatales en el sentido de poder tercerizar actividades de sus propios procesos productivos para poder concentrarse en su actividad fundamental.
Para las pymes, por su parte, las empresas estatales son también una gran oportunidad, por múltiples razones que van desde poder disponer de locales y equipos existentes y que la empresa estatal tenía en desuso, hasta aprovechar la experticia de la empresa en la expansión de sus propios negocios. Son clientes mutuos.
Dependerá mucho de los empresarios estatales y de los de las pymes potenciar esa cooperación. Hoy existen experiencias que mostrar. Pero no por ello dejarán de competir. Siempre he sostenido que la competencia es muy necesaria en países como Cuba. Cooperar y competir a la vez parece raro; pero es útil y funciona.
Claro, esa relación dependerá además de la actitud que la cadena de mando a la que la empresa estatal pertenece tenga hacia las pymes. Ojalá un día se entienda que los ministerios no son los Ministerios de la Empresa Estatal, sino los de todas las empresas, estatales o no. El país es de todos y hacerlo avanzar es un deber de todos.
¿Entonces, usted es optimista?
A pesar de los pesares, esta reforma va marchando a contramano de prejuicios ideológicos y políticos que subsisten. Hay quienes todavía hoy las identifican como un mal necesario, por eso de ser la materialización de la propiedad privada en la economía nacional.
A veces me resulta paradójico que esas mismas personas voten con dos manos por la inversión extranjera, como si el empresario privado extranjero fuera menos privado o más patriota que el empresario privado cubano.
Pero sabes qué es lo bonito, que hoy ese pequeño empresario cubano, al que muchas veces se le redujo el valor, puede competir con el empresario extranjero y también puede colaborar.
Hoy pueden hacer mucho de lo que ellos, los empresarios extranjeros, hacen y que antes los cubanos empresarios no podían hacer. Y lo han sabido hacer, han aprendido haciéndolo. Tampoco el Estado se ha tenido que gastar un centavo en un curso de capacitación.
Faltan muchos asuntos por solucionar, algunos muy concretos, como un sistema impositivo que no las favorece, incluyendo ese extemporáneo impuesto del 5 % sobre la fuerza de trabajo, una figura que se creó para inducir a las empresas estatales a no inflar sus plantillas y que le ha sido trasladado de forma mecánica a la pymes. Es incoherente que un país que necesita crear empleo castigue a los que lo crean haciéndoles pagar un 5 % sobre su nómina.
Reorganizar los tramos impositivos es también una necesidad innegable; de las misma forma que en algún momento —ojalá no muy tarde— debería pensarse en reducir ese impuesto del 35 % sobre el ingreso imponible. También le fue trasladado a la pyme desde la empresa estatal sobre la base de una errónea interpretación de la frase “condiciones similares”; que, en sí misma, encierra una enorme desigualdad, porque es tratar de igual forma lo que es totalmente diferente.
Aún no existen verdaderas instituciones de microcrédito en el país y todos los días se demuestra la necesidad de ellas para estas pequeñas empresas, y queda mucho por hacer en términos de crédito y seguros para ellas.
Hay muchos otros espacios que las pymes pueden ocupar pero están incluidos dentro de la lista negativa. No hablo ni de la educación ni de la salud, sino de otros asociados a actividades profesionales, desde consultorías de diverso tipo a las agencias turísticas. Hoy esas oportunidades se están perdiendo.
Todavía estamos esperando el procedimiento para que las pymes cubanas puedan firmar negocios con inversionistas extranjeros. Por cierto, ello no es una dádiva ni un favor que se les hace: son personas jurídicas, es su derecho, en tanto que la Ley 118 es clara y rotunda en el tema. ¿Alguien puede estimar cuántas intenciones de inversión se han perdido este año por esa demora? ¿Alguien pagará por ello?
Es un proceso, no es únicamente económico, es también político e ideológico. Pero si queremos avanzar en el sentido de la visión de la nación —soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible—, no pensemos que se hará solo con las empresas estatales; hoy sabemos que no es posible. Ahí están los hechos y los datos, y no sólo los de los últimos tres años.
Hay que unir, hay que sumar, hay que buscar el mínimo común múltiplo. Hay que ir con todos, las pymes son parte de ese todo.
