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En cualquier documento, de cualquier índole, emitido por cualquier organización/institución/empresa, lo que resulta decisivo es “la letra chiquita”. Y no solo por lo que dice, sino también por lo que no dice. Muchas veces incluso ni siquiera es visible, pero ahí está.
La letra chiquita no solo aparece en los documentos escritos: contratos, leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, circulares, memorandos, etc.; también está en los discursos, intervenciones, entrevistas, presentaciones, etc.
En fin, ella es uno de los recursos más importantes que tiene el ejército de la resistencia destructiva para frenar cualquier proceso que vaya en contra de sus “verdades” y de sus intereses. Un buen ejemplo, ese documento que acompaña a una ley y que recibe el nombre de reglamento y que es al final el que “decide el juego”.
Ahora que estamos en este maremágnum legislativo para codificar esas 176 medidas anunciadas por el Estado y el Gobierno, lo cual implica inexorablemente nuevas normas, sería muy saludable para este nuevo intento que los reglamentos que acompañarán a esas nuevas normas. No solo en su letra, sino también en su espíritu: que apuntaran en el mismo sentido de esas 176 medidas.
Las normas legales que las convierten en un nuevo marco institucional para la transformación impostergable que el país y el pueblo necesitan deben ser coherentes con ese propósito.
Durante décadas, la economía ha estado entrampada en un marco institucional que ha obstaculizado todos los esfuerzos de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Datos hay suficientes para demostrarlo.
De hecho, la economía nacional no solo nunca recuperó los niveles de producción anteriores a los años noventa, sino que ese marco institucional reprodujo patrones de dependencia que la hicieron más vulnerable a las restricciones externas en la misma medida que impedían aprovechar oportunidades que estaban a la vista.
Cultivamos y fertilizamos debilidades, desoyendo lo que la realidad todos los días nos ponía delante de los ojos, y confundimos el “interés del Estado” con el “interés de la nación”, a pesar de tener pruebas casi diarias de que no era lo mismo. Para confirmarlo, ahí está el destino de las inversiones durante más de una década o nuestra “incapacidad innata” para hacer producir la agricultura y la ganadería.
De la misma forma que reproducimos de forma acrítica y mecánica esa idea aprendida por décadas de que el interés social y el interés individual son poco menos que irreconciliables, impidiendo con ello aprovechar el potencial creado por el pueblo durante décadas y la mejora individual y colectiva que el mismo hubiera producido, una de las causas de la emigración que hemos padecido y padecemos.
Nos escudamos en la sensibilidad política de las consecuencias de algunas medidas para frenar y mediatizar reformas utilizando la “letra chiquita” y, sin embargo, hemos pagado un precio político mucho más alto, entre otras razones, porque la política de Trump y Marco Rubio se ha alimentado de esas debilidades y las ha hecho crecer.
Siempre me llama la atención que se haya podido hacer un ejercicio tan bueno y exhaustivo —centavo a centavo— acerca del costo del bloqueo y no tengamos una estimación similar del costo de haber demorado las reformas necesarias.
Por ejemplo, cuántos proyectos (intenciones) de inversión extranjera se perdieron por demoras en la negociación, o por querer imponer condiciones a la parte extranjera que se iban de los estándares internacionales, o por hacer avalúos del aporte nacional que sobrepasaban con creces el valor de mercado del activo nacional.
Cuántos no fueron posibles por imponer condiciones que limitaban la contratación directa del personal, o por restringir/burocratizar la importación de los inversionistas, o por violar lo establecido en los contratos y retener dividendos bien ganados y hacer incobrables deudas adquiridas con la parte extranjera para poder, por ejemplo, tener las “tiendas estatales” abastecidas.
Y cómo calcular el costo de tener tierras sin cultivar —cientos de miles de hectáreas— por más de diez años, y preferir no entregarlas a quien deseaba y podía ponerlas a producir, extranjero o cubano —aún recuerdo aquella consigna que decía “la tierra es de quien la trabaja”— y, sin embargo, tuvimos y tenemos un propietario que los datos dicen no ha podido ponerlas a producir; no obstante lo cual ha seguido siendo “el dueño” y nos ha condenado a la importación perpetua de alimentos que en buena parte podríamos haber producido en Cuba.
¿Cómo calcular el costo de haber destruido la industria de la caña de azúcar en vez de haber “negociado” con inversores extranjeros o nacionales para mantenerla viva? ¿Todavía no hemos podido calcular el costo de tamaño error?
No es para regocijarme que listo estas cosas. Lo hago porque creo que es conveniente recordar lo que costó y aún cuesta la transformación postergada e inconclusa en la que hemos estado sumidos por décadas. Y ese costo no es solo monetario, también es social, político y humano.
Tampoco lo hago para “agitar” en favor de las 176 medidas o para intentar reducir/obviar las debilidades que de forma implícita puede tener y que han sido señaladas por más de un colega, o las falencias de integralidad que están presentes o las ausencias o negativas que postergan soluciones adecuadas a sectores decisivos —como el caso de nuestros médicos— y contribuyen a perder fortalezas que tardaron décadas en consolidarse.
Solo he querido llamar la atención acerca de que esta vez hay que cerrarle el paso a la letra chiquita, a la huelga de neuronas caídas, al muro de sospechas y a los intereses sectoriales que en ocasiones anteriores hicieron que se le pusiera marcha atrás a lo que no debió detenerse. Porque sin dudas esas medidas pueden tener muchos aspectos que mejorar, pero a la vez abren oportunidades que durante mucho tiempo estuvieron vedadas, en especial a los cubanos con ganas de hacer.
Y podemos estar meses debatiendo acerca del significado teórico de algo, pero además de interpretar la realidad, hay que transformarla, construirla, todos los días, sin demorarnos mucho más.
