De la bodega estatal al bodegón mipyme: el nuevo comercio interior en Cuba

MDM: estas siglas pueden significar muchas cosas, desde Mobile Device Management hasta Mechanically Deboned Meat (carne deshuesada mecánicamente) un insumo básico para la producción de diferentes productos alimenticios —desde una suculenta hamburguesa hasta una croqueta, pasando lógicamente por el perro caliente. Sin embargo, esto lo conocí hace relativamente muy poco tiempo. 

Mi primer encuentro con esas siglas fue en mi primer año de la carrera de Economía, cuando tuve que leer El Capital de Carlos Marx. En economía política marxista MDM —generalmente se escribe M-D-M— expresa el ciclo de la mercancía en el cual el fin último del acto de cambio es adquirir una mercancía para consumirla; esto significa que el dinero no es más que el medio para adquirir un producto cuyo valor de uso procuramos. 

Es una manera muy sintética de expresar el acto de cambio e ilustra muy bien el próposito final del mismo: consumir para satisfacer una necesidad. Lo que interesa aquí es la capacidad de esa mercancía para satisfacer esa necesidad. En la lógica de desarrollo de las relaciones mercantiles a esta fórmula le precedió otra, M-M, que expresa ese mismo acto de cambio en ausencia del dinero y que normalmente llamamos trueque. Cada poseedor de un producto lo intercambia por otro buscando satisfacer, cada uno, sus necesidades.

Los cubanos con alguna experiencia acumulada conocemos bien este último acto de cambio y lo practicamos por décadas, sobre todo en esa época gloriosa de aquella libreta de abastecimiento que proveía infinidad de bienes —incluyendo cervezas por marcas— a muy bajos precios y para todos los cubanos, independientemente de sus gustos, de sus hábitos de consumo e incluso, casi hasta de sus ingresos. 

Así, el intercambio de cigarros por leche condensada, arroz por azúcar, de manteca por latas de “spam”… Todos esos intercambios, aun cuando no eran bien vistos oficialmente, eran admitidos. La ¡escasez! que padecíamos en aquellos tiempos era un factor objetivo que lo justificaba “moral y políticamente”, mientras que el igualitarismo derivado del “racionamiento” era otra de esas razones y lógicamente, la ascendencia genética fenicia de los cubanos era el otro. 

No era mal visto que de vez en vez uno entrara en ese tipo de trueque para corregir aquel pequeño defecto de la distribución igualitaria. Era de alguna forma el efecto secundario obligado de la enfermedad “me toca”, la misma que todavía hoy, muchos padecemos.

La fórmula D-M-D, en cambio, en economía política tiene un significado diferente. Aquí la finalidad, el objetivo, es el dinero y la mercancía (M) y su valor de uso, no es más que un medio para llegar al dinero. Ocurre que es también el camino para obtener más dinero y entonces la expresión pasa a ser D-M-D´, donde D´ significa dinero incrementado y simplifica ese largo y viejo proceso que es el comercio. 

Debieron transcurrir siglos para que la humanidad pasara del trueque —muchas veces fortuito— al comercio como una actividad específica que permite realizar aquellas mercancías, incrementar el capital invertido y facilita además la satisfacción de necesidades múltiples.

Andar por ahí todo un día con un racimo de plátanos para cambiar la mitad por una libra de manteca de puerco que nos permita comer unos plátanos “a puñetazos” no es lo más eficiente. 

Así que el comercio también cumple otras funciones importantes: ahorrarle tiempo a las personas, “acercarle” los bienes necesarios, permitir la realización de la producción, disminuir el tiempo de realización y la acumulación de riqueza que puede ser luego invertida para incrementar esa misma producción. 

Hacia el final del modo de producción feudal, los monarcas identificaron el monopolio sobre el comercio de determinados productos y territorios, como una de las vías más efectivas para incrementar sus arcas. 

El monopolio del comercio con las Indias, occidentales y orientales, fue siempre un recurso muy bien usado mientras que el monopolio sobre algunos productos se constituyó en una fuente de ingresos para esos Estados. En Cuba, el “estanco del tabaco” es casi siempre el recuerdo que nos viene a la mente.

En nuestro país durante varias décadas desde 1968 prácticamente todo el comercio, tanto el exterior como el interior, fue “explotado” desde empresas estatales y estructurado verticalmente desde sendos ministerios encargados de “desarrollar y controlar” la actividad.

Del comercio exterior en Cuba habría mucho que hablar pero será en otra ocasión. Solo baste decir que ejercer el monopolio sobre el mismo ha sido identificado como una condición esencial del socialismo, aun cuando no hay evidencias prácticas ni tampoco teóricas de que así sea. Sus resultados, todos influenciados por condiciones “especiales” dentro de las cuales están desde el bloqueo norteamericano hasta la “ayuda fraternal y solidaria de la URSS, han dejado siempre el sabor amargo de una balanza de bienes persistentemente negativa; una alta dependencia de las exportaciones de la capacidad para importar; una alta concentración geográfica y de bienes y una débil y poco dinámica inserción internacional. 

Debemos recordar que el comercio es siempre la puesta en escena de la obra, la cual requiere mucho trabajo anterior sumando los esfuerzos de muchos para que se tengan buenos resultados en ese objetivo de exportar. 

Lo que nos ocupa hoy es el comercio interior. También monopolizado durante décadas por empresas estatales, este “sector” concentra hoy el 19 % de todas las empresas estatales, su participación en el PIB alcanza el 15,2 % —la industria manufacturera es el 8 % y la agricultura del 2,2 %; emplea a 414 600 personas, el cuarto sector que más personas emplea con el 9,2 % de los ocupados y el tercero en empleo femenino y ha sido una de las fuentes principales de ingresos para el presupuesto estatal como se verá más tarde.

Cierto que el comercio interno y el comercio exterior son dos áreas bien diferentes, con funciones y relevancia diferente, pero ambas muy importantes, en el modelo de funcionamiento de una economía socialista, subdesarrollada y bloqueada. 

Que el comercio fuera totalmente estatal se asumió como una “regularidad” de ese funcionamiento socialista subdesarrollado. Era, a la vez, un recurso económico, que le permitía al Estado apropiarse de las plusvalías que generaba y destinarlas a diversos fines. Era totalmente funcional al control central de la economía que nuestro modelo, bajo aquellas condiciones, exigía.  

El comercio interior ha sido y aún es, una de las fuentes más importantes de ingresos para el Estado y su presupuesto, con independencia de la eficiencia de su manejo. Sin embargo, algo ha cambiado. La apertura del comercio al sector no estatal ha introducido nuevas variables en la ecuación de crecimiento y desarrollo del país. 

Para el año 2018 los hogares cubanos empleaban en el mercado estatal el 68,8 % del total de sus gastos de consumo. Entre el mercado estatal y el mercado agropecuario los hogares cubanos gastaban el 73,8 % de sus gastos de consumo. La importancia del monopolio estatal sobre el comercio interior se comprueba perfectamente si tenemos en cuenta que ya en 2018, con una cierta apertura del comercio hacia otros actores, el Impuesto de Circulación continuaba siendo la principal fuente de ingresos tributarios (41,4 %) mientras que el impuestos sobre utilidades y al aporte de las empresas estatales alcanzaba a ser el 16,6 %. En ese año el impuesto de circulación fue 2,4 veces mayor que el impuesto sobre utilidades.

Lo que ha ocurrido entre el 2018 y el 2022, según vemos en el Anuario Estadístico 2022, publicado por la ONEI en 2023 es que el gasto de los hogares cubanos fuera del mercado estatal ha crecido considerablemente.

En 2022, en la estructura del gasto de los hogares, el peso del mercado estatal había descendido al 53 % y el consumo de los hogares en el mercado estatal y el mercado agropecuario se redujo hasta 56,69 %, perdiendo más de 10 puntos porcentuales en cinco años, mientras que la participación de los otros mercados en ese gasto creció desde poco más del 26 % hasta más del 48 %, favorecido fundamentalmente por el crecimiento de las llamadas “otras fuentes” que elevaron su participación en poco más del 18 %.

También la estructura de los ingresos del presupuesto ha experimentado cambios significativos. La participación del Impuesto de Circulación se ha reducido y su peso en los ingresos tributarios era en el 2022 de solo el 6,8 %, coherentemente con el desplazamiento del consumo hacia mercados no estatales. 

Todo lo anterior pudiera explicar, al menos en parte, la insistencia por parte de los reguladores de recuperar los espacios del comercio estatal y la resistencia a la expansión del sector privado en las actividades de comercio. Es cierto que puede haber y hay prejuicios ideo-políticos, pero también lo es que desde el punto de vista práctico este Estado, que opera hoy bajo fuertes restricciones financieras, pierde, al menos en parte, una de sus fuentes de ingresos.

Es cierto también que la oferta que soporta ese gasto ha dependido cada vez más de la importación y que una parte, para nada marginal de esa importación y por lo tanto de la oferta, está sustentada por el sector no estatal.

Lo que resulta aparentemente contraintuitivo es que mientras esas nuevas empresas no estatales contribuyen a la oferta y de alguna manera tienen un efecto positivo sobre los precios, se sostenga por los reguladores la intención de limitar e incluso demonizar al comercio no estatal, como el causante de los altos precios. De hecho, cuando durante el proceso de creación de una mipyme esta tiene en su objeto social o en sus actividades asociadas la comercialización, es sometida a otros filtros y puede que la demora en su aprobación, supere en mucho el tiempo que “normalmente” se toma.

Lo que los hechos demuestran es que la inflación y la mayoría de sus causas —déficit de oferta, exceso de liquidez, déficit fiscal, distorsión cambiaria— ya estaban presentes mucho antes del “nacimiento” de las pymes. 

Los hechos también demuestran y desde hace mucho, que el manejo del comercio por parte del Estado ha sido poco eficiente. Lo otro que es comprobable con los datos es que el sector del comercio ha tenido más participación en la inversión que varios de los sectores que producen bienes y que son decisivos en el combate a la inflación. 

¿Es la inversión en el sector comercio realmente imprescindible? ¿Es coherente con la situación que enfrenta el país? ¿Cómo es posible que habiendo sido la agricultura reconocida y declarada varias veces como ESTRATÉGICA tenga menos participación en la inversión que el sector comercio? ¿Qué sentido tiene que el Estado invierta en el comercio cuando no tiene qué comerciar?

¿No sería más coherente con el propósito de enfrentar el déficit de oferta dedicar esos dineros a la inversión en el sector que produce bienes y así incrementar la oferta?

¿No podrían emplearse esos dineros en ayudar a aquellos segmentos de personas en situación de mayor vulnerabilidad?

Aún no hay datos públicos oficiales de la participación de las pymes en la importación total este año, pero dada la situación de los sectores que los respectivos ministros de comercio han descrito en la Mesa Redonda, es posible que esa participación haya crecido respecto al año anterior a pesar de la “bancarización”. 

Lo que la vida cotidiana también demuestra es que hoy, junto a una red de comercio estatal desabastecida, ineficiente y costosa, ha crecido otra, de pequeñas bodegas y quincallas privadas en todos los barrios. Ciertamente, a precios altos en relación al salario devengado y a las exiguas jubilaciones y pensiones, pero esas bodegas acercan los productos al consumidor cubano, mantienen una cierta estabilidad en la oferta de algunos de esos productos, arriesgan su capital y no el del país y NO LE CUESTAN UN CENTAVO AL ESTADO, NI COMPITEN POR LA INVERSIÓN ESTATAL. 

Mientras, se mantienen más de 9000 “bodegas” para distribuir lo que va quedando de la libreta de abastecimiento. Esos establecimientos requieren hoy una logística difícil de sostener. Persiste también una red de grandes comercios que requieren de inversión para sus mantenimientos y que incurren en gastos corrientes todos los días con anaqueles semi vacíos y una variedad de productos exigua. Sus niveles de venta probablemente no paguen lo que cuesta mantenerlos abiertos, costos que pagamos todos y que incluyen su ineficiencia. 

Pareciera que a diferencia de los argumentos que se esgrimen, lo que se necesita es más y mejores comercios en el sector no estatal, más competencia entre ellos para que los precios se modifiquen y mejoren; y más acciones concretas para proteger a los más desprotegidos. Hay que pensar diferente y actuar diferente.