De acuerdo con una resolución emitida el miércoles por una corte de apelaciones de Argentina, de momento no existen pruebas para avanzar en cargos formales contra la expresidenta Cristina Fernández en una causa por presunto lavado de dinero.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Buenos Aires al respaldar la decisión tomada en noviembre por el juez federal Sebastián Casanello, quien sostuvo en un fallo que “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer” a la exmandataria (2007-2015) y actual senadora opositora en una investigación en la que era sospechosa de maniobras ilegales en conjunto con un empresario de la construcción. Sin embargo, si surgieran las pruebas que se requieren quedaría nuevamente involucrada.
En ese sentido, la cámara ordenó al juez Casanello profundizar la investigación. “Resulta ineludible para el señor juez de grado agotar todas aquellas vías de investigación que la lógica indica… la plataforma objetiva sobre la que se apoya la presente investigación aún se encuentra incompleta y no permite efectuar un juicio de tipicidad acabado del comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo la resolución.
La causa se originó a partir de un informe periodístico de 2013 por el cual Lázaro Báez –dueño de una constructora y allegado a Fernández y a su fallecido esposo y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)– había montada una estructura societaria y bancaria en el extranjero para sacar del país dinero sucio por valor de entre 50 y 60 millones de dólares hacia cuentas bancarias a nombre de sus hijos.
Báez había sido beneficiado con millonarios contratos de obra pública por parte de los Kirchner. La fiscalía imputó a Fernández ser socia de Báez y consideró que la operación financiera incluía que los fondos públicos que recibía el empresario por la obra retornaran “a la familia presidencial”.
Fernández, de 66 años, consideró la investigación una persecución política orquestada por el actual presidente Mauricio Macri, el mismo argumento que viene sosteniendo en las distintas causas judiciales que afronta.
La exmandataria está procesada en diez expedientes y con pedido de detención en cinco, pero está protegida por fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios de los votos de los senadores, algo muy poco probable porque el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
En círculos políticos se especula con la posible candidatura de Fernández para las elecciones de octubre a partir de encuestas que la muestran como la opositora con mejor intención de voto frente a Macri, quien ha manifestado su voluntad de ser reelegido. Sin embargo, el panorama judicial de la exmandataria es complicado.
En mayo está previsto el comienzo del primer juicio por corrupción que la afecta, en el que será juzgada por la supuesta asignación irregular de obra pública al grupo empresarial encabezado por Báez en la sureña provincia de Santa Cruz.
La víspera se conoció, en tanto, el procesamiento con prisión preventiva de Fernández por presuntas irregularidades en la concesión durante su gestión de subsidios a las empresas de transporte que explotaron el servicio de autobuses y trenes.
