El gobierno cubano dio un espaldarazo a las aplicaciones y servicios informáticos nacionales en nuevas normativas que entraron en vigor este jueves tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Las disposiciones jurídicas, enmarcadas dentro de la estrategia de “informatización de la sociedad” que impulsa el gobierno de Miguel Díaz-Canel, son las primeras “de rango superior” emitidas sobre este tema en la Isla.
Las mismas “promueven el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por personas jurídicas y naturales”, así como “elevar la soberanía tecnológica” y “salvaguardar los principios de seguridad” de las redes y servicios informáticos cubanos, de acuerdo con el diario Granma.
Entre los aspectos establecidos en las nuevas normativas está la utilización “prioritaria” de aplicaciones informáticas de código abierto y de producción nacional para las personas jurídicas, y se dispone la migración hacia estas plataformas en los próximos tres años en los Organismos de la Administración Central del Estado.
Además, se respalda legalmente la incorporación de las aplicaciones informáticas nacionales a los dispositivos informáticos que se vendan en la Isla, y se establece la obligatoriedad para las personas jurídicas del uso de antivirus cubanos o de uno extranjero autorizado por el Ministerio de Comunicaciones (Mincom).
También se norma la obligación de la protección de los datos personales en soportes electrónicos y se regula por primera vez para las personas jurídicas la validez de las firmas digitales con el empleo de certificados digitales de la Infraestructura Nacional de Llave Pública, “lo que garantiza mayor transparencia en los procesos de gobierno y comercio electrónico, agilidad y seguridad de las transacciones, así como la autenticidad de la información”, apunta Granma.
Otra de las resoluciones aprobadas contiene un reglamento sobre proveedores de servicios públicos de alojamiento y hospedaje en internet, y regula la organización, funcionamiento y expedición de licencias de operación para estos servicios en la Isla.
El nuevo cuerpo legal busca promover industria cubana de programas y aplicaciones informáticas para “incrementar la producción nacional y las exportaciones, y contribuir a la sustitución de importaciones” en este sector. Para ello potencia a la empresa estatal como “principal actor”, aunque “complementándose con la participación de las formas de gestión no estatal”.
Se aprueba la inscripción de aplicaciones informáticas comercializables y el procedimiento para hacerlo, así como el control administrativo del Mincom y “la metodología para la gestión de la seguridad informática en todo el país”.
De igual forma, se promueve el avance del gobierno y el comercio electrónico en la Isla, la implementación de Parques Científicos Tecnológicos y la estrategia de desarrollo de la banda ancha en Cuba a partir del empleo de las tecnologías inalámbricas y el uso de la fibra óptica.
Finalmente, se establece el marco legal para la protección de las TIC y el ciberespacio cubano “frente a amenazas” y la creación de “capacidades para prevenir y gestionar incidentes de ciberseguridad, incluyendo la recuperación de los daños en caso de ocurrencia”.
La “informatización de la sociedad” ha sido una de las prioridades del gobierno cubano desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia. Como parte de esta, entidades de gobierno, empresas y funcionarios estatales han creado sus propios sitios web y perfiles en las redes sociales, se implementó la navegación a través de los dispositivos móviles y se han lanzado algunas iniciativas para el comercio electrónico.
